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Como sucede con el caso del despacho López Castro en el Congreso del Estado, el Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL), enfrenta también una amañada demanda laboral que estaría a punto de arrebatarle prácticamente el 75 por ciento de su presupuesto anual.
La historia comenzó el 30 de octubre de 2006 cuando el organismo publica una convocatoria para seleccionar a profesionistas que pudieran realizar el proyecto Jalisco Siglo XXI, un estudio sobre las problemáticas sociales de la entidad.
La convocatoria establecía que el comité dictaminador que resolvería sobre los aspirantes, estaba conformado por la mesa directiva del CESJAL, la Comisión de Productividad y Competitividad y la Comisión de Cohesión Social, Desarrollo y Ecología del mismo organismo.
Sin embargo, el 15 de diciembre de 2006, el entonces consejero Luis Ignacio Román Morales, en su carácter de presidente de la Comisión de Cohesión Social, Desarrollo y Ecología, notifica a Myrna Aranzazú Machuca Sierra, que ha sido seleccionada como Coordinadora General del proyecto Jalisco Siglo XXI, así como también los especialistas Alberto Tomás Pérez Martínez y Juan Manuel Anaya Zamora, como integrantes de su equipo.
Las autoridades del organismo ciudadano desconocieron en su momento dicha selección ya que fue no fue avalada por la mesa directiva, la segunda comisión definida en la convocatoria, ni el pleno.
Por si fuera poco, la notificación a los “ganadores”, habría sido hecha por Román en una carta sin membrete oficial y sin ostentar el consejero la representación del CESJAL para tal efecto.
Ante esta situación, los tres especialistas deciden interponer el ocho de mayo de 2007 la demanda laboral 594/2007-C-F en la Quinta Junta Especial. Reclamaban: reinstalación, pago de salarios vencidos, indemnización constitucional, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, aportaciones de IMSS, Infonavit y Afore.
Pero el organismo no reconoce relación laboral alguna con los aludidos y obtiene un laudo a su favor el siete de mayo de 2012. Alberto Tomás Pérez Martínez presenta el amparo 270/2012 ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y revoca el laudo y se ordena emitir una nueva resolución.
El tres de julio de 2013, el mismo Tribunal emite un lado desfavorable al CESJAL quien tramita el amparo 675/2013.
Paralelamente, el organismo ciudadano integrado por 21 instituciones, interpone una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra Myrna Aranzazú Machuca Sierra, Alberto Tomás Pérez Martínez y Juan Manuel Anaya Zamora, contenida en la averiguación previa 5188/2013 radicada en la agencia 8 de delitos patrimoniales de la Fiscalía General del Estado.
Además, como parte del proceso, el diez de noviembre pasado se desahogó una ampliación por el incidente de falsedad de firmas ya que Myrna Aranzazú Machuca Sierra, no compareció a la diligencia en la que se pone en duda la autenticidad de su rúbrica ya que ella trabaja en el extranjero.
Aunque CESJAL reconoce que hubo descuido en el seguimiento de la defensa, sostiene que se trata de un caso de asociación delictuosa porque se reclaman indemnizaciones sin haber laborado nunca en el organismo. Por si fuera poco, denuncia que como el caso López Castro, complicidades y relaciones de amistad han favorecido a quien quiere disponer de los recursos públicos.
Hoy los demandantes exigen diez millones de pesos como liquidación, lo que significa el 75 por ciento del presupuesto anual de CESJAL que es de 14 millones de pesos.
Uno de los involucrados en el caso, Alberto Pérez Martínez, es actualmente Director de Desarrollo Urbano y Gestión Social de Ciudad Creativa Digital.
