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Después de varios años de vivir en el limbo, el proyecto de Chalacatepec apareció en el presupuesto de egresos del gobierno estatal para el 2018, al reasignarse 25 millones de pesos para la construcción de una pista aérea en la zona.
El ajuste presupuestal, prácticamente ignorado por la mayoría de los medios de comunicación, se da en el contexto del entrampado proceso legal que vive el megadesarrollo turístico impulsado en el gobierno de Emilio González Márquez, mismo que ha cambiado de rostro pero no de forma de andar porque sigue detenido.
El también bautizado como Nuevo Cancún, fue modificado en su proyecto inicial al emplearse prácticamente como moneda de cambio el Fideicomiso “irrevocable” F/380 de Chalacatepec que incluye 89 millones de dólares del fondo de los trabajadores del estado de Jalisco, para formar parte de Activos Turísticos de México, Actur, en alianza con Rasaland y el Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras.
También el concepto cambió. En el primer desarrollo denominado “Vistas” que fue presentado por Rasaland, se contemplaba un campo de golf, villas y hasta reubicar el campamento tortuguero.
Pero posteriormente fue modificado hasta de nombre al pasar de Chalacatepec a Xala, como define el sitio de internet de Rasaland: “1,200 hectáreas consolidadas; con un frente de playa de 8 Km y con frente de laguna rodeando el predio. El proyecto de Xala contempla el desarollo de un hotel de lujo, residencias y condos con amenidades como una hacienda, spa y centro cultural (…) Xala se beneficiará de la construcción por parte del Estado de Jalisco del aeropuerto de Costa Alegre, de la modernización de la carretera 200 y del nuevo macro libramiento de Puerto Vallarta”.
Pero la construcción de la aeropista de Costa Alegre no es una tarea sencilla.
Por principio de cuentas fue construida la pista en medio de dos sitios Ramsar, la laguna de Chalacatepec y Paramán y Xola, que en teoría tendrían que estar protegidos por convenios internacionales firmados por México.
De acuerdo con especialistas, la plancha de pavimento del “aeropuerto” de Costa Alegre, fue construida sin manifestación de impacto ambiental ni autorizaciones de dependencias ecológicas ni municipales.
Pero las mismas tierras donde se construye la aeropista tiene su historia aparte. El gobierno estatal firmó un convenio con el comisariado ejidal de José María Morelos para una ocupación temporal mientras expropiaba, lo que nunca sucedió.
La entonces Secretaría de la Reforma Agraria realizó la donación de los terrenos para el aeropuerto, pese a que en ningún sitio de la ley se faculta a la dependencia para hacer donaciones de tierras ejidales.
Paralelamente según el documento 13562 ante el notario público Enrique Ramos Ruiz de julio de 2006, un grupo de particulares que se ostentaban como dueños de predios en las inmediaciones de las lagunas de Chalacatepec y Paramán y Xola, donan las tierras para que se construya el aeropuerto.
Por si fuera poco, la bolsa de 50 millones de pesos aprobados para 2018, definen 25 millones para la aeropista y 25 millones de pesos para un distrito de riego para los ejidatarios.
Pero los ejidatarios recuerdan que esto es otra gran mentira. Desde el principio el gobierno estatal ha tenido la inquietud de perforar 27 pozos en las zona de Higuera Blanca, tierras en las márgenes del río San Nicolás para extraer agua y bombearlas hasta las obras del aeropuerto y el desarrollo de Xala.
Les prometieron que una vez perforados los pozos habría agua a 500 metros a cada lado de los márgenes del río para los ejidatarios, pero luego les aclararon que siempre no.
Un cambio más del proyecto que ha recibido 169 millones de dólares y que no ha pasado de la fantasía.
