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La justicia de Perú ordenó la captura del hermano de la presidenta Dina Boluarte y su prisión preventiva por 36 meses, mientras la fiscalía lo investiga por presunto tráfico de influencias, cohecho y pertenecer a una organización criminal, en un caso que podría implicar a la mandataria del país andino.
La fiscalía había pedido la prisión contra Nicanor Boluarte por supuestamente haber ejercido «un poder de facto» para designar funcionarios desde que su hermana asumió al poder a fines del 2022, luego de que su antecesor, Pedro Castillo, fuera destituido y arrestado tras intentar disolver el Congreso.
La decisión se produjo al tercer día de que el juez Richard Concepción Carhuancho comenzara a resolver el pedido de prisión, en una audiencia sin la presencia del hermano de la presidenta, que anteriormente ha rechazado las acusaciones de la fiscalía.
El juez pidió a la policía su ubicación a nivel nacional o internacional y su captura para que se cumpla el fallo. Concepción Carhuancho también ordenó la prisión preventiva para otras tres personas involucradas en el caso.
La última vez que fue visto el hermano de la presidenta fue el domingo, cuando se conectó de «forma virtual» con el juez en el inicio de la audiencia para definir el pedido de prisión y que fue transmitidapor el canal de TV del Poder Judicial.
Para tomar la decisión el juez Concepción Carhuancho determinó que «existe alto grado de probabilidad» de que el hermano de la presidenta participó en los presuntos delitos en investigación.
Además refirió que hay un peligro de la fuga de Nicanor Boluarte debido a su cercanía con las «esferas del poder» por ser hermano de la presidenta del país sudamericano.
Nicanor Boluarte había sido detenido por unos días de forma preliminar en mayo, cuando la policía allanó su vivienda en el marco de una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito contra la gobernante peruana por el uso de lujosos relojes que excederían su capacidad económica para tenerlos.
Boluarte, cuya popularidad ha caído a niveles históricos y debe gobernar hasta julio del 2026, ha negado las acusaciones.
La mandataria peruana enfrenta asimismo una investigación fiscal desde el año pasado por presuntamente ser cómplice de decenas de muertes en las protestas antigubernamentales de fines de 2022 y comienzos del 2023 en el inicio de su gestión.
