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Genaro García Luna, es ese personaje siniestro del que se han escrito miles de líneas ágata en relación a su trayectoria y “cualidades”; sus relaciones oscuras, turbias y la forma de actuar en todos los cargos que ha ostentado en el servicio publico de este país. En cierto momento, fue de alguna manera, el hombre más poderoso de esta nación en materia de seguridad durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, encargado de la estrategia contra el narcotráfico, primero como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y posteriormente como secretario federal de Seguridad Pública, cuando se declaró la famosa y sangrienta guerra contra los carteles de la droga.
Ayer, este personaje fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión en EE.UU. por sus vínculos con el narcotráfico.
En una audiencia en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, el juez Brian Cogan emitió la pena que pone fin a un proceso iniciado en 2019 contra el exfuncionario, que causó gran escándalo en México.
Y es que García Luna, hoy de 56 años, fue durante la década de los 2000 una pieza clave en las estrategias de seguridad de México en la lucha contra la criminalidad.
Como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue uno de los máximos responsables de la estrategia contra el narcotráfico, en un periodo conocido como de la «guerra contra el narco» que dejó más de 250.000 muertos en seis años.
Tras ser llevado a un juicio que duró cinco semanas, fue declarado culpable de todos los cargos en enero de 2023.
Además de la condena a pasar por lo menos 460 meses en la cárcel, el juez Cogan también emitió una multa de 2 millones de dólares contra el exfuncionario «por ayudar durante una década al cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos».
¿De qué fue acusado?
El juicio a García Luna fue precedido por otro en el mismo tribunal, ante el mismo juez Cogan, contra Joaquín «el Chapo» Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en 2019.
De ese proceso salieron algunos de los testimonios que vincularon a García Luna con las actividades de ese cartel cuando era secretario de Seguridad Pública.
Un exmiembro del cartel de Sinaloa declaró que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos 6 millones de dólares en efectivo en 2005, 2006 y 2007.
Los fiscales alegaron que aceptó el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012.
Según la Fiscalía, García Luna acordó no interferir en los envíos de droga, revelar información a los traficantes sobre operaciones de control, eliminar a miembros de carteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder.
Según la acusación, García Luna se convirtió en miembro de la organización desde enero 2001.
En total, enfrentaba cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018.
García Luna tuvo un rápido ascenso en los organismos de seguridad pública e inteligencia de México.
Ingeniero de formación, García Luna fue reclutado en 1989 como investigador del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación mexicana.
En sus primeros años en el Cisen se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México, especializándose posteriormente en el combate a bandas de secuestradores.
Sus conocidos de la época cuentan que García Luna logró el rescate de varios personajes importantes, sobre todo empresarios que años después lo ayudaron en su carrera en el gobierno.
Del Cisen pasó a la Policía Federal Preventiva y de allí a la Agencia Federal de Investigación, dos corporaciones que desaparecieron cuando García Luna se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública a partir de 2006.
Fue desde ese puesto que García Luna impulsó la «guerra contra el narco» que incluía la participación del ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de 250.000 muertos en México.
Al término de la administración de Calderón en 2012, García Luna se mudó al estado de Florida, en EE.UU. Allí residió hasta su detención en Texas en diciembre de 2019.
Un día antes de haber recibido sentencia, el propio acusado envió una carta al juez pidiendo clemencia al insistir en que nunca tuvo vínculos con el narcotráfico y que es “un hombre de bien”.
En su misiva al juez Brian Cogan, quien presidió su juicio y dictará su sentencia, habla de cómo fue criado en una familia con “gran sentido ético” y “ser personas de bien” con “amor por nuestro país”. Indicó que su familia fue “testigo de mi difícil profesión” y los “esfuerzos sobrehumanos para luchar contra el crimen y violencia que vive mi país”.
En la carta escrita a mano y sin fecha, acusa al gobierno actual de México por su proceso judicial, escribiendo que “mi país está sufriendo una gran convulsión, por orden del actual presidente de México se acabó de desmantelar el Poder Judicial del país… su busca encarcelar a los que combatimos, a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico, México está entrando en una etapa muy peligrosa, alejándose de la democracia y cuestionando libertades individuales; se acaba de decretar una pausa -suspensión de relaciones oficiales entre EUA y México, amenazando y poniendo en riesgo el trabajo coordinado entre EUA y México”, afirma.
Con todo esto, concluye solicitando al juez que al emitir la sentencia considere todos estos factores en torno a este juicio, “entre otros la información falsa aportada por el gobierno actual de México y los testigos-criminales, su complicidad en mi contra y mi responsabilidad en el combate frontal al narcotráfico donde además se enfrentan poderosos intereses políticos”.
Recuerda que “soy el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones” en varios países incluyendo Estados Unidos “por el combate contra el terrorismo y narcotráfico”, y subraya que participó en los más altos niveles de colaboración en inteligencia y seguridad con Estados Unidos. Insistió en que nunca lucró con sus puestos, y que “no hay registro o antecedente de contacto o vínculo con ningún criminal”.
Aunque no se atrevió a declararse inocente de manera explícita, concluye su misiva afirmando que “yo nunca he sido amenaza o riesgo para la comunidad” y que a lo largo de su vida no hay “ningún registro criminal, todo lo contrario”. Por lo tanto, suplica al juez que “me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco”.
En la carta de cinco páginas, García Luna también cuenta de su vida familiar feliz y el éxito en la educación de sus hijos en universidades estadunidenses. Señala que “desde niño, mis padres me enseñaron el terrible daño que causan las drogas”, y que ese es el origen de su lucha “implacable” contra criminales, y afirmó que “tengo firme respeto por la ley”, y que al vivir en Estados Unidos “comparto los valores de la democracia, justicia y desarrollo humano que tiene este país”.
Escribe también que ha estado detenido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn por 58 meses “en condiciones infrahumanas”, sujeto a amenazas, contagiado de covid y hasta segregado en “celdas de castigo”. Pero ha mantenido, dice, la buena conducta y más aún se ha dedicado a esfuerzos de educación secundaria y universitaria para otros reos y en programas antidrogas para los acusados de delitos relacionados con el narco. Lamenta haber perdido etapas en la vida de su familia, sobre todo de sus hijos, como pérdidas de familiares.
Pero ninguna de sus palabras movió la postura de sus juzgadores y fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión.
@salvadorcosio1
