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Por Carlos Martínez Macías
A un costo impresionante que algunos ubican en 40 mil millones de pesos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó el remendado proyecto de la presa El Zapotillo sin inundar tres poblaciones de los Altos y con un abasto de tres metros cúbicos para la zona metropolitana de Guadalajara.
La mega presa, planeada para albergar hasta 911 millones de metros cúbicos y con una capacidad de más de 12 metros cúbicos por segundo, terminó con una caricatura de más de 40 millones de metros cúbicos de almacenamiento.
Pero López Obrador se fue sin cumplir su promesa de derogar el polémico decreto emitido en abril de 1995, donde el gobierno federal otorga 120 millones de metros cúbicos anuales de las aguas del Río Verde a la sedienta población de León, Guanajuato.
El remedio de abrirle boquetes a la cortina de la presa levantada ya a casi 80 metros para evitar que inundaran los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, fue una solución efectiva pero no resolvió de fondo el problema.
Aunque fue cancelado el acueducto para llevar agua a la ciudad guanajuatense, el decreto que reservó las aguas de la cuenca del Verde para uso público doméstico y repartió un importante volumen para León, no ha sido derogado.
Semanas antes de concluir su administración, el entonces presidente prometió resolver el trámite y dejar sin efecto la amenaza para los tres poblados, ya que mientras la distribución siga publicada en el Diario Oficial de la Federación, Guanajuato tiene sus derechos intactos sobre el agua del Río Verde.
La preocupación tiene que ver con la misma ocurrente maniobra que llevó a salvar las tres poblaciones. Si a una cortina de 80 metros le hicieron varias ventanas para agujerar una presa, el día de mañana cualquier gobierno de otro color puede taparlas.
El decreto que dejó pendiente el ex presidente, también impone una veda a los productores de la región de Los Altos, quienes en teoría no pueden utilizar las aguas superficiales, las subterráneas, ni siquiera bordos para sus actividades agrícolas o pecuarias.
Pero en la práctica, los agricultores y ganaderos de la zona sigue usando el agua como pueden, confiando que no regresen operativos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para sancionarlos por estas extracciones ilegales.
En la lista de pendientes para la nueva presidenta, López Obrador al parecer no dejó el caso de El Zapotillo que todavía no concluye.
Ahora Claudia Sheinbaum trae sus propios planes y prepara la creación de la Secretaría del Agua, misma que recibirá las atribuciones de la Semarnat y que modificará la Ley de Aguas Nacionales.
De acuerdo con la iniciativa presentada ante el senado, la secretaría tendría la misión de fungir como la autoridad encargada de la gestión en la cantidad y calidad de las aguas; formular, conducir y evaluar la política hídrica nacional.
Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales, directamente o a través de contratos o concesiones con terceros y realizar acciones para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad.
También apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realice con recursos de la federación.
Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio nacional, expedir títulos de concesión y las declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua nacionales.
Pero el tema del agua es más complejo que crear una nueva dependencia. Subsisten en torno al vital líquido, un mundo de intereses donde se mueven grandes capitales que alcanzan al sector inmobiliario, industrial y comercial, que no es posible contenerlos con una secretaría que, como sucede con la cortina de El Zapotillo, también tendría sus boquetes.
