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Antes de irse, militarizó al país


Faltando a su promesa de campaña de «regresar el Ejército a sus cuarteles», el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha visto cristalizado otro de sus perversos caprichos, al conseguir que la mayoría de diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y luego los senadores de esos mismos partidos, le aprobara que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), concretando así la militarización de la seguridad pública en México, a pesar de los altos costos que contiene dicha estrategia en materia de derechos humanos y de su comprobado fracaso a la hora de abordar la violencia y el narcotráfico.

Las pruebas de la traición y del engaño en que incurrió el mandatario tabasqueño están por todas partes, basta revisar publicaciones y videos para darse cuenta de la contradicción y de la falta a su palabra, y a lo que mucha gente pensó era una promesa que cumpliría a cabalidad.

En 2012, prometió que en caso de ser presidente de México, sacaría al Ejército de las calles dejando a cargo una policía federal profesionalizada. En 2016, criticó duramente el modelo bélico de seguridad, señalando que “no se resuelve nada” con medidas coercitivas y militarizadas. Reiteró en su campaña exitosa de 2018 que reorientaría la estrategia contra la violencia. Como presidente, ha implementado programas sociales que, según su análisis, atienden algunas de las causas económicas de la inseguridad.
Sin embargo, la desmilitarización no sólo no llegó, sino que López Obrador apostó por militarizar aún más al país.

De tal suerte que, tras la aprobación de su iniciativa en el Congreso de la Unión durante la madrugada del jueves, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá la facultad de administrar a la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120,000 elementos que AMLO creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil, y que no cumplió, siendo que contrario a su dicho, las facultades de las Fuerzas Armadas crecieron bajo su égida, toda vez que asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos, y la dirección de empresas del Estado.

Entre las funciones asignadas a militares este sexenio están la distribución de combustibles y fertilizantes; vigilancia de fronteras, detenciones de migrantes, el control de puertos y aduanas, la distribución y aplicación de vacunas; la administración del Complejo Turístico de las Islas Marías, y la construcción y operación de obras como el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, en el Estado de México.

En materia migratoria resaltan tareas como el resguardo de estaciones migratorias y la inspección de documentos migratorios, que han sido destinadas a la Guardia Nacional y antes correspondían al Instituto Nacional de Migración.
De igual forma, respecto al control de puertos y aduanas, comercio marítimo y de las comunicaciones y transportes por agua, son 15 las actividades transferidas a la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional.

En seguridad pública, se continuó con la tendencia de militarización registrada en los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con el paso de 42 actividades que antes coordinaban civiles en materia de prevención del delito, operativos e investigación, a personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

Desde su creación en 2019 hasta julio de 2024, la Guardia Nacional ha registrado mil 772 quejas en su contra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos de la institución, las principales denuncias incluyen detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante, tortura, privación de la vida y desaparición forzada.
Incluso se han documentado muertes derivadas del uso indebido de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional.

En este contexto, Amnistía Internacional (AI) pidió al Senado de México detener la reforma que otorga control total de la Guardia Nacional al Ejército, tras su aprobación en la Cámara de Diputados el jueves. La organización afirmó que la medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador representa la culminación de la militarización de la seguridad pública, lo que considera un grave retroceso en derechos humanos.

El organismo internacional destacó que la reforma modifica los artículos 129 y 21 de la Constitución, eliminando la garantía del carácter civil de las instituciones de seguridad pública.

En tanto, organizaciones civiles y políticos de oposición alertaron sobre una “militarización ilimitada”.
La organización Causa en Común denunció en un pronunciamiento que la iniciativa busca “normalizar constitucionalmente una esfera de acción ilimitada para las Fuerzas Armadas, sin importar que se trate de ámbitos civiles que no les corresponden, para las que no están preparadas y con responsabilidades que no podrán cumplir”.

La asociación, especializada en seguridad, acusó al Gobierno de AMLO de “destruir a la Policía Federal y de asfixiar a las policías locales para convertir la militarización en un hecho inevitable”.

La reforma aprobada establece que la Guardia Nacional sea parte de la Fuerza Armada Permanente, junto con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

Entre los temas más riesgosos de este decreto se tiene que con la reforma al artículo 129, se permitirá que en tiempos de paz las autoridades ejerzan las funciones que estén previstas en la Constitución y en las leyes que de ella emanen, lo que posibilita la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier aspecto de la vida pública, sin mecanismos de control y transparencia.

Esta es la tercera reforma de las 20 que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Legislativo y se aprobó con la mayoría aplastante que tienen Morena y sus aliados en las dos Cámaras. La mala noticia no es esta; la mala noticia es que hay 17 iniciativas más de López Obrador por aprobar y a las cuales no se les moverá ni una sola coma.

Opinion.salcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1

• Salvador Cosío Gaona

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Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.

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