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Al presentar su sexto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se aproxima al cierre de su mandato dejando tras de sí un legado complejo y una serie de pendientes que definirán el futuro de México en los próximos años. A pesar de su retórica transformadora y su enfoque en grandes proyectos de infraestructura, su administración ha sido objeto de intensas controversias, tanto por los resultados de sus iniciativas como por las decisiones políticas que han generado divisiones profundas.
Entre los temas más destacados están sus megaproyectos, la seguridad, la economía, la eliminación de órganos autónomos y las tensas relaciones con Estados Unidos, especialmente en materia energética y judicial.
Uno de los aspectos más controvertidos del gobierno de López Obrador ha sido la implementación de sus megaproyectos de infraestructura, que incluyen el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El Tren Maya, originalmente presupuestado en alrededor de 6,000 millones de dólares, ha visto sus costos dispararse hasta más de 20,000 millones de dólares debido a retrasos, sobrecostos y complicaciones técnicas. Además, el proyecto ha sido duramente criticado por su impacto ambiental y social, así como por la falta de transparencia en su ejecución.
Por otro lado, el AIFA, inaugurado con una inversión de aproximadamente 4,000 millones de dólares, ha sido un ejemplo de cómo un proyecto bien intencionado puede fallar en la práctica, registrando solo 2.1 millones de pasajeros en su primer año, muy por debajo de su capacidad proyectada de 20 millones anuales.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, terminó costando 116 mil millones de pesos, a los que habrá que sumar los 300 mil millones de indemnizaciones por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.
En el ámbito de la seguridad, los resultados del gobierno de López Obrador han sido alarmantes. Durante su administración, México ha registrado más de 190,000 homicidios, una cifra que supera a la de sus predecesores y que evidencia la incapacidad del Estado para contener la violencia. A pesar de la creación de la Guardia Nacional, con un presupuesto anual de más de 80,000 millones de pesos, y la militarización de diversas tareas de seguridad, los índices de criminalidad han continuado al alza en muchas regiones del país.
Estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán han sido particularmente afectados por la violencia del crimen organizado, lo que ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional sobre la estrategia de «abrazos, no balazos» del presidente.
La gestión económica del gobierno también ha sido objeto de controversia. La cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, que ya contaba con una inversión de 13,000 millones de dólares, fue uno de los primeros golpes a la confianza de los inversionistas en México.
Además, la reforma energética impulsada por López Obrador, que busca fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a expensas de las energías renovables y la inversión privada, ha generado tensiones significativas con Estados Unidos. La administración estadounidense ha expresado su preocupación por las implicaciones de esta reforma en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha llevado a consultas que podrían derivar en sanciones comerciales.
Estas tensiones han contribuido a una atmósfera de incertidumbre económica que ha afectado la inversión extranjera directa en el país, la cual cayó un 8% en 2023 respecto al año anterior.
Otro tema controvertido ha sido la eliminación o debilitamiento de órganos autónomos, que han sido fundamentales para la democracia y la transparencia en México.
Morena en la Cámara de Diputados, avenza con el proceso de eliminación de órganos commo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), entre otros.
Estas acciones han sido interpretadas por muchos como intentos de centralizar el poder y reducir los contrapesos al Ejecutivo, lo que ha generado preocupación sobre el retroceso democrático en el país. La reducción del presupuesto del INE en más de 5,000 millones de pesos para 2024 es un ejemplo claro de esta tendencia.
Finalmente, las relaciones con Estados Unidos se han visto tensionadas no solo por la reforma energética, sino también por la reforma judicial impulsada por López Obrador. Esta reforma, que ha sido criticada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, busca modificar la estructura del Poder Judicial en México, lo que ha generado preocupaciones sobre la independencia judicial y el estado de derecho. Estados Unidos, en particular, ha señalado su preocupación por cómo estos cambios podrían afectar la cooperación bilateral en temas de seguridad y justicia.
Estas tensiones, sumadas a las ya existentes por el tema energético, han puesto a prueba la relación entre ambos países en un momento clave para la política exterior de México.
En conclusión, mientras López Obrador se prepara para dejar la presidencia, su legado está marcado por decisiones que han generado tanto avances como controversias, y por pendientes que seguirán siendo motivo de análisis y debate.
