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En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se recuerda uno de los crímenes más atroces que pueden cometerse: la desaparición forzada. Este delito, que implica la detención, secuestro o privación de libertad de una persona por agentes del Estado o grupos armados sin que se reconozca su paradero, es una violación grave de los derechos humanos.
A nivel mundial, se estima que decenas de miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada, una cifra alarmante que revela la magnitud y persistencia de este flagelo en numerosos países.
En México, la desaparición forzada ha sido un problema creciente en las últimas décadas. Según cifras oficiales, hasta julio de 2024, se han registrado más de 110,000 personas desaparecidas, un número que coloca al país en una crisis humanitaria sin precedentes. La desaparición forzada no solo afecta a las víctimas directas, sino que también desintegra familias, dejando a miles de personas en una agonía constante, buscando a sus seres queridos sin descanso. Las historias de madres, padres, hermanos e hijos que dedican sus vidas a encontrar a los desaparecidos son un testimonio desgarrador de la brutalidad de este fenómeno.
La violencia asociada a la desaparición forzada en México ha tenido un impacto devastador en el tejido social. Familias enteras han sido destruidas, comunidades viven en el miedo, y el estado de derecho se ve continuamente erosionado por la impunidad que rodea estos casos. La desesperación y el dolor de quienes buscan a sus seres queridos es palpable en cada marcha, en cada denuncia y en cada búsqueda en fosas clandestinas que se lleva a cabo en el país. Esta tragedia humanitaria sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional.
En términos legales, México ha avanzado en la tipificación de la desaparición forzada como un delito grave. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece penas de hasta 60 años de prisión para quienes cometan este delito. Sin embargo, la aplicación de la ley y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias sigue siendo un desafío monumental. La impunidad prevalece en la mayoría de los casos, lo que perpetúa la violencia y la desesperanza.
El número de denuncias por desaparición forzada en México sigue aumentando, con más de 5,000 nuevos casos reportados solo en 2023. Este fenómeno refleja la gravedad del problema y la urgencia de adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se hace un llamado a la acción, no solo para recordar a las víctimas, sino para exigir justicia y garantizar que este crimen no quede en el olvido.
