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En los últimos años, México ha sido testigo de un cambio significativo en torno al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha jugado un papel crucial en la despenalización del aborto, dictaminando que penalizar este procedimiento es inconstitucional.
Esta decisión ha sido celebrada por defensores de los derechos humanos y feministas, quienes han luchado durante décadas por el reconocimiento legal de este derecho. Sin embargo, la implementación de esta sentencia ha encontrado resistencia en varios estados del país, reflejando la complejidad y diversidad de opiniones en torno al aborto.
El fallo histórico de la SCJN, emitido en septiembre de 2021, marcó un antes y un después en la lucha por los derechos reproductivos en México. La Corte determinó que penalizar el aborto violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, sentando un precedente legal que exigía la revisión de las leyes estatales en todo el país.
A partir de esta decisión, se esperaba que los estados armonizaran sus legislaciones locales con el fallo federal, eliminando las penas por aborto y garantizando el acceso seguro a este procedimiento en el sistema de salud pública.
Sin embargo, la realidad ha sido diferente. A pesar del mandato de la SCJN, varios estados de la República Mexicana se han resistido a modificar sus códigos penales y leyes locales.
Estados como Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, conocidos por sus posturas conservadoras, han mantenido la penalización del aborto, argumentando que la vida debe protegerse desde la concepción. Esta resistencia ha generado una disparidad en el acceso al aborto seguro, creando un entorno en el que los derechos de las mujeres dependen en gran medida de su lugar de residencia.
La falta de armonización legislativa en México ha tenido consecuencias graves. En los estados donde el aborto sigue penalizado, las mujeres continúan enfrentando riesgos significativos al intentar interrumpir sus embarazos de manera clandestina.
Según datos de la Secretaría de Salud, se estima que cada año, miles de mujeres en México recurren a abortos inseguros, lo que resulta en complicaciones de salud graves e, incluso, en muertes. Las estadísticas son alarmantes: se calcula que entre 2010 y 2020, más de 3,000 mujeres murieron a causa de abortos mal practicados en todo el país.
La situación es especialmente crítica para las mujeres que viven en zonas rurales o en comunidades indígenas, donde el acceso a servicios de salud es limitado y las opciones para un aborto seguro son prácticamente inexistentes. La falta de información y la estigmatización del aborto en estas áreas exacerban la vulnerabilidad de las mujeres, quienes a menudo recurren a métodos peligrosos o buscan asistencia de personas sin formación médica adecuada.
A pesar de los desafíos, en algunos estados de México se han registrado avances importantes. Estados como la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, estableciendo un modelo de atención que incluye servicios gratuitos en clínicas públicas. Estas entidades han demostrado que es posible garantizar el derecho a decidir de las mujeres y, al mismo tiempo, proteger su salud mediante el acceso a procedimientos seguros y regulados.
El debate sobre el aborto en México no solo se limita a la arena política y legal, sino que también ha permeado en la sociedad civil. Movimientos feministas han jugado un papel crucial en visibilizar la necesidad de un acceso equitativo al aborto seguro, organizando marchas, campañas informativas y acompañamiento a mujeres en situación de riesgo. Estas acciones han presionado a los legisladores y han contribuido a cambiar la percepción social sobre el aborto en algunas regiones del país.
Por otro lado, la Iglesia Católica y grupos conservadores continúan oponiéndose firmemente a la despenalización del aborto, promoviendo campañas que defienden la vida desde la concepción. Estas organizaciones han ejercido una influencia considerable en algunos estados, lo que ha contribuido a la resistencia a modificar las leyes locales. El conflicto entre los derechos reproductivos y las creencias religiosas ha polarizado aún más el debate en la sociedad mexicana.
A medida que México avanza hacia un marco legal más inclusivo y respetuoso de los derechos de las mujeres, es crucial que se fortalezcan los esfuerzos para garantizar la implementación efectiva del fallo de la SCJN en todo el país. Esto implica no solo la modificación de las leyes estatales, sino también la capacitación del personal de salud, la sensibilización de la sociedad y la eliminación de barreras económicas y geográficas para el acceso al aborto seguro.
El aborto en México sigue siendo un tema divisivo y complejo, con implicaciones profundas para los derechos humanos y la salud pública. Mientras algunos estados avanzan hacia un marco más progresista, otros se mantienen firmes en su rechazo a la despenalización, dejando a miles de mujeres en una situación de vulnerabilidad.
La lucha por el acceso al aborto seguro y legal en México continúa, y su desenlace tendrá un impacto duradero en la vida de millones de mujeres en el país.
