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Por Carlos Martínez Macías
En cualquier competencia, hay una lógica aplastante: cuando se habla tanto del árbitro, es que algo estuvo mal.
Es el caso del reciente proceso electoral, donde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, una vez más tuvo una actuación bastante cuestionable, en parte porque fue rebasado por las circunstancias y en otra porque careció de oficio.
Al menos en los tres procesos electorales anteriores, el organismo había sido blanco de pifias que le valieron en su momento ser goleado por episodios chuscos que terminaron siendo grotescos.
En las elecciones de 2015, fue olímpicamente burlado por un personaje de Villa Corona, quien montó todo un teatro para ser candidato sin estar registrado y gobernar el municipio sin haber sido el ganador de las elecciones.
Ramón Sierra Cabrera, no era el candidato del Partido Humanista, sino Rodolfo Rubalcava Muñoz, quien luego se supo trabajaba para él.
Sierra aparecía en los mítines, en la propaganda, en los discursos y el chalán ni abría la boca. Rubalcava ganaría la elección, pero quien gobernaba era Ramón Sierra.
En 2018, otra vez el IEPC fue sujeto de una burla. Gilberto Pérez Barajas, “El Arqui”, hizo abiertamente campaña por la alcaldía por la alianza PAN, PRD y MC, aunque la candidata registrada era Leticia Cárdenas y luego fue Yolanda Meza Zepeda.
Los medios de comunicación en la región dieron cuenta de la campaña del “Arqui”, pero el organismo electoral ni cuenta se dio. Es más, dos semanas antes de los comicios, aprobó el acuerdo IEPC-ACG-184/2018 para cambiar de candidata y aprobar a Meza, quien ganó y el mismo domingo de la elección renunció para que llegara Pérez Barajas.
En el proceso de 2021, el IEPC estuvo siempre en el ojo del huracán. No calculó los tiempos y calificó el registro de planillas con retraso, desechó registros de candidaturas que luego fueron repuestas por el Tribunal Electoral, permitió la elección en Jilotlán de los Dolores cuando no había condiciones de seguridad para efectuar los comicios.
Fueron robadas 105 paquetes electorales de los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta, Unión de Tula y Villa Purificación.
Al recuperarse 99 de los paquetes, se procedió a contar los votos y terminar el cómputo. En este proceso, se pudo advertir que en boletas fueron cruzados dos partidos distintos que no iban en coalición, lo que anulaba el voto.
Y aunque era evidente que fue utilizado un crayón distinto para incidir en el resultado de la elección, la autoridad electoral solamente lo anuló y de esta manera validó la estrategia criminal.
Para el proceso de 2024, el instituto volvió a las andadas. Una terrible pifia con el PREP donde nunca previeron el cúmulo de combinaciones en las elecciones concurrentes y por lo mismo realizar el llenado de la información, lo que dio paso al “sospechosismo”.
Hubo una deficiente capacitación —de la mano del INE—de funcionarios de casilla que cometieron los mismos errores de siempre en llenado de actas, dejar el acta en el interior de las urnas y extravío de paquetes electorales.
Existió un manejo deplorable de paquetes electorales en bolsas negras y se perdió la cadena de custodia de algunas boletas, lo que es gravísimo porque nunca deben perderse de vista.
Que existan acusaciones de pérdida de miles de votos en la elección de Guadalajara y que haya la posibilidad de anularse la elección y reponerse, es la prueba contundente de un proceso que se le fue de las manos a las autoridades.
Un simple botón de muestra más. El domingo, cuando el organismo fue notificado de que la sala regional del Tribunal Electoral Federal anulaba la sentencia del tribunal local sobre el recuento de votos en Guadalajara, en su vigésima séptima sesión extraordinaria, se hicieron “bolas” porque no sabían que turno dar a la notificación (https://www.youtube.com/live/rfWpS-80Dd8?si=UMPKHnO51oRtaQsD).
