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Al fin tierra futbolera, los alcaldes en Jalisco han tenido la costumbre en sus respectivas administraciones, de “patear el bote” cuando se trata de laudos que hay que pagar.
En algún momento de 2016, el 90 por ciento de los presidentes municipales en el estado llegaron a tener condenas laborales que sumaron más de mil millones de pesos, pero que la mayor parte fueron ignoradas porque la culpa no era de ellos y decidían prolongar la deuda al siguiente trienio.
Según la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, en poco más de media legislatura, habrían sido resueltos más de mil procesos por despidos injustificados y restarían más de 700 por resolver, aunque curiosamente muy pocas veces se llega a aplicar la suspensión por 15 días sin goce de sueldo a las autoridades municipales.
En febrero pasado, el presidente de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, reveló que había llegado a un acuerdo con un ciudadano por un cuantioso laudo por el que pendía la amenaza de ser suspendido.
Y hace unos días, Sergio Chávez y el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, compartieron sendos procesos de suspensión por condenas laborales. En el caso del alcalde tonalteca, por el juicio 662/2012-D1 por un despido de 2012 y el de Tlajomulco, del juicio 3591/2010-C1 por una demanda de 2010.
Pero en 2016, cuando Chávez Dávalos fue presidente por primera vez en Tonalá (2015-2018), enfrentó una bolsa de laudos por 37 millones, parte de la abultada deuda municipal de mil millones de pesos.
En 2018, todavía como alcalde por el PRI, también recibió la amenaza de suspensión por 15 días por un laudo por 500 mil pesos derivado de una demanda de 2010.
Sin embargo, en los vaivenes de la política, el hoy alcalde de Tonalá, ahora por Morena, ha tenido la oportunidad de “patear el bote” de un mismo laudo, ¡en dos ocasiones!
Blanca Selene Rodríguez Martínez, comenzó a laborar en 2007 con el panista Jorge Vizcarra como directora de enlace del ayuntamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En esa administración, su oficina llegó a ser certificada con el ISO 9001-2000, convirtiéndose en la primera oficina de enlace del país en alcanzar la distinción.
Pese a ello y a tener su nombramiento definitivo como directora, fue despedida en el gobierno priísta de Antonio Mateos en 2010. Quiso ingresar a su oficina y simplemente se lo impidieron.
Presentó la demanda 744/2010-G1 y obtuvo el laudo favorable el tres de octubre de 2011. El ayuntamiento se amparó y tras perder el recurso, ofreció la reinstalación en agosto de 2014. La citaron para darle posesión y le pidieron que acudiera al área jurídica, pero al regresar a su oficina, de nuevo le impidieron el paso, por lo que una vez más presentó otra demanda por un segundo despido, la 1422/2014-A1.
El 20 de noviembre de 2015, quedó definido el monto de la planilla de liquidación por el despido injustificado, por el orden de un millón 461 mil 971 pesos, lo que fue notificado al entonces alcalde priísta, Sergio Chávez Dávalos.
Y el 30 de junio de 2016, le fue enviado al ayuntamiento el primero de 42 requerimientos de pago que se han generado de este juicio. Curiosamente, el último enviado el 15 de mayo de 2023, fue al propio Sergio Chávez, enfundado ahora como alcalde por Morena.
Fue tramitado un amparo por incumplimiento de pago y se ordenó en febrero de este año al ayuntamiento, etiquetar los recursos en el presupuesto de egresos.
En mayo de 2023, un tribunal colegiado confirmó el laudo favorable para Blanca Rodríguez, por el segundo despido y le toca al mismo alcalde enfrentar la papa caliente.
Aunque los políticos suelen en este tiempo tejer discursos de respeto hacia las mujeres, la pregunta ahora es si Sergio Chávez está dispuesto a responderle a Blanca, que lleva trece años exigiendo justicia o, calentará la pierna buena, para “patear el bote” por tercera ocasión.
