Artículos relacionados
La práctica de “ordeñar” el salario de sus auxiliares como fue denunciado en el caso de la ex diputada Elisa Ayón, no fue un hecho aislado.
Más bien se trató de un “pase de charola” común y corriente entre algunos legisladores. Uno de ellos, por ejemplo, solía citar a sus colaboradores en la oficina y colocaba el cheque presionado por un libro grueso o un directorio telefónico. Les obligaba a endosarles el documento y luego entregaba el efectivo, pero apenas una tercera parte.
La incorporación de nuevo personal con la llegada de los diputados de distintos partidos, obedecía a la necesidad de cumplir con cuotas políticas o de campaña y, en algunos casos, a construir un negocio “paralelo” al amparo de la nómina.
Junto con su nada despreciable salario, los apoyos por fracción y el dinero de la casa de enlace, ex diputados veían hasta normal quedarse con parte del sueldo de sus subalternos que llegaron al puesto gracias a su decisión.
Por muchas de estas razones fue que en 2011 el Congreso del Estado llegó a acumular mil 480 trabajadores. El espacio físico ni siquiera era suficiente para albergar a tanta gente, por lo que era común encontrarse el personal en pasillos, en las bancas, en el comedor y hasta en la Plaza Liberación haciendo tiempo para pasar a checar.
Otros, sin mayor pudor, simplemente fueron parte de la real fuerza aérea que aterrizó en el congreso para cobrar y nunca trabajar.
Si las historias de aviadores son vergonzosas, más lo son las veleidosas condiciones en que se integró la nómina. Durante años, fue práctica común salarios de 30, 40, 50 mil pesos mensuales o más, para secretarias, asistentes administrativos, asesores y auxiliares de todo tipo.
La actual legislatura intentó poner orden en el tema y elaboró un tabulador para señalar topes salariales y crear categorías. Sólo que definió 170 puestos distintos y varias subdivisiones con lo que la torre de babel salarial se mantuvo. Por si fuera poco, no se pudo ajustar a otros empleados de base con el argumento que una disposición de ley no puede ser retroactiva.
Para alcanzar a cumplir con compromisos, fue también constante la contratación de personal utilizando los 92 mil pesos para casa de enlace que recibía cada diputado.
A cuatro meses de concluir su labor, los diputados sumaron otra perla al pretender sacar adelante apenas el presupuesto de egresos para 2015 y filtrarse la plantilla de personal con como un intento de reducir salarios a más de 500 personas, aumento para una treintena, once reinstalados y decenas de juicios laborales pendientes de resolverse.
Entre los datos que se revelan, figuran un asistente parlamentario que de ganar 16 mil 410 pesos, pasaría a percibir en este año 33 mil 454 pesos; o un jefe de nómina que ganaría 19 mil 86 pesos, mientras que una encargada de encuadernación obtendría 39 mil 495 pesos mensuales.
Por muchas y variadas razones, los diputados de la sesenta legislatura local no podrán cumplir sus promesas de sacudir al poder legislativo, reducir la nómina y volver al menos un poco al decoro de una institución marcada por el escándalo.
En vísperas del inicio de otra legislatura, tal vez convendría recordar a los futuros diputados las comisiones que se crearon para poner orden en el congreso y que no se aflijan buscando nombres:
Comisión Especial para la Revisión Administrativa y Financiera del Congreso del Estado; Comisión Especial para la Reforma y Reingeniería del Poder Legislativo, que revisarían recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales para al final lograr la reingeniería administrativa y legislativa, fiscalización, participación ciudadana y transparencia.
