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Por Carlos Martínez Macías
La denuncia presentada por el ayuntamiento de Puerto Vallarta ante el Congreso del Estado contra el gobierno estatal por daño patrimonial contra el Seapal por dos mil 391 millones de pesos, ¿esconderá acaso un crimen perfecto?
La controversia constitucional 98/2016 promovida por el municipio para reclamar la operación de los servicios de agua potable y alcantarillado previstos en el artículo 115 constitucional, derivó en una sentencia a favor del ayuntamiento que obligó al Gobierno del Estado a entregar la administración del organismo.
La confrontación entre el gobierno vallartense encabezado entonces por Arturo Dávalos y las autoridades estatales, desde que Aristóteles Sandoval Díaz era gobernador, fue resuelta por la Suprema Corte el 14 de agosto de 2019 cuando determinó lo siguiente:
Que el Gobierno del Estado debe disponer lo necesario y transferir al municipio de Puerto Vallarta el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Para atender la sentencia, el gobierno de Jalisco envió al congreso con el folio 6911 el oficio 947/2019 que contenía la iniciativa de decreto que abroga la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.
Esto fue cumplido mediante el decreto 27799/LXII/20 del congreso local, que desaparece el Seapal y da paso a una nueva estructura de orden municipal.
Sin embargo, entre las razones que en su tiempo la autoridad vallartense esgrimió para reclamar la entrega del sistema de agua potable, destaca el mal servicio prestado y la carencia de mantenimiento que provocó deficientes redes de abasto y alcantarillado.
En la misma controversia ante la SCJN, fue señalado que el gobierno estatal “ocultó información” de la cual se desprenden irregularidades por dos mil 400 millones de pesos (sic) en agravio de Seapal, pero la Corte se limitó a aclarar que no era materia del expediente y que la sentencia quedaba firme para transferir el organismo operador del agua a la esfera municipal.
El síndico del ayuntamiento, Juan Carlos Hernández Salazar, llevó el caso al Congreso del Estado donde refiere que tras la entrega-recepción, se detectaron pagos indebidos de liquidaciones a personal de confianza, obligaciones financieras pendientes de pago e instalaciones en estado precario y sin mantenimiento.
Los daños habrían sido para la hacienda pública en el lapso de 2014 a 2020 y señala directamente a exfuncionarios del gobierno de Aristóteles Sandoval.
No obstante, en un escueto comunicado, el gobierno estatal responde que la SCJN les dio la razón al desechar la denuncia de supuestas irregularidades y dar por cumplida la sentencia.
Además, se remite al decreto que abroga al OPD Seapal, donde menciona que el ayuntamiento recibirá todos los bienes, derechos y obligaciones del organismo que se extingue; por lo tanto, el nuevo ente municipal, se subroga los derechos y obligaciones laborales, civiles, mercantiles, fiscales, erogaciones por relaciones laborales y pasivos.
Sólo que, en la misma sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un apartado que responde que, ante las irregularidades denunciadas por el municipio, aduciendo que se ocultó información que una vez que se recopiló y analizó se desprende un daño patrimonial por dos mil 400 millones de pesos, “quedan a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma que a su derecho convenga” ante las autoridades competentes.
Esto quiere decir, que la sentencia de la Corte y el decreto del Congreso del Estado, no deben limitar el llamar a cuentas a exfuncionarios estatales que cometieron tales abusos.
La transferencia del Seapal al municipio, no puede sepultar los malos manejos, porque sería tanto como reconocer, que el gobierno estatal y los legisladores, avalaron “un crimen perfecto”.
