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Más allá de la deuda pública que crece galopante en los ayuntamientos metropolitanos, hay otro tipo de compromisos urgentes que aumentan en forma desbocada y que representan la principal “bomba de tiempo” para las futuras autoridades.
Se trata de laudos y juicios laborales que provienen de pasadas administraciones municipales que actuaron con descuido, no resolvieron en su momento los litigios y simplemente heredaron el problema.
El caso de Guadalajara es, sin duda, el más apremiante ya que en más de mil 650 juicios acumula salarios caídos y sentencias por pagar por más de mil millones de pesos. Derivado de estos procesos incumplidos, autoridades administrativas llegaron a ordenar la suspensión por 15 días del alcalde de Zapopan, Héctor Robles o del tesorero tapatío; multas por 50 días a los regidores y amenaza de suspender a todo el cuerpo edilicio.
Entre enero de 2014 y abril de 2015, los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara tuvieron que cubrir adeudos de 433 laudos por un monto de más de 152 millones de pesos.
En el caso de Zapopan fueron 197 juicios laborales perdidos y pagó más de 61 millones; Guadalajara 15 por casi 50 millones; Tlajomulco 78 por más de 28 millones; Tonalá 126 por más de cuatro millones y Tlaquepaque 17 por más de cuatro millones de pesos.
Además de los pagos realizados hasta ahora, existen cientos de juicios laborales pendientes de resolverse y que representarán un terrible hoyanco en las finanzas municipales agobiadas por las deudas.
De acuerdo con cifras oficiales, los ayuntamientos metropolitanos superan los siete mil millones de pesos en deuda pública. Tan sólo en el actual trienio varios de ellos aumentaron exponencialmente su endeudamiento.
Por ejemplo, el municipio de El Salto (gobernado desde hace tres administraciones por la misma familia), pasó de deber 96 a 206 millones de pesos; o Lagos de Moreno, que no tenía deuda en 2012 y ahora debe 63.2 millones de pesos.
Las obligaciones de la deuda motivaron que los ayuntamientos redujeran el monto de obra pública y aumentaran el pago de compromisos. Por ejemplo, Guadalajara destinó para este año 171 millones para obra pública y 247.6 millones de pesos para amortizar su deuda pública.
Dentro de estos compromisos, los laudos tienen una connotación política.
Hace unos meses, regidores del PAN en Guadalajara denunciaron que en la gestión como alcalde de Aristóteles Sandoval, hubo decenas de despidos de empleados tan sólo por ser panistas.
Sin embargo, lo que no explicó el regidor es que el problema venía desde antes.
Por muchos años, cuando el PRI controlaba gobiernos municipales y el estatal, cundió una cultura política que permitía que con el cambio de administración la disciplina priísta se impusiera y todo mundo entregara su renuncia para dejar libre la mesa al siguiente.
Con los gobiernos panistas y su hegemonía temporal (que acumuló 18 años), la costumbre se rompió. Aún cuando se dieron cambios de gobierno del mismo PAN, los funcionarios difícilmente aceptaron dejar los cargos y presentaron las primeras demandas laborales.
Un buen número de los laudos y los juicios laborales pendientes en ayuntamientos, congreso, gobierno estatal y federal, proviene de esta nueva cultura blanquiazul de amor al hueso hasta los tuétanos.
En contraste, un buen ejemplo de la disciplina priísta rescoldo de los tiempos del partido único, lo dio el mismo fiscal central Rafael Castellanos cuando le preguntaron si ya había presentado su renuncia al cargo a propósito de la llegada del nuevo fiscal.
Castellanos respondió: “la presenté desde 2013 al señor gobernador. El mismo día que me incorporé a su administración”.
