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Aunque el caso del manejo inadecuado de finanzas públicas habría ocurrido en la pasada administración estatal, la Secretaría de Hacienda mantiene un reclamo al gobierno de Enrique Alfaro por un adeudo fiscal de más de 4 mil millones de pesos.
Se trata del resultado de una auditoría que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la administración de Jalisco sobre el año fiscal 2017 (en el sexenio de Aristóteles Sandoval), misma que arrojó la aplicación indebida de estímulos fiscales y que ahora abriría un boquete a las finanzas del estado por más de tres mil 500 millones de pesos.
El episodio se remonta al cinco de diciembre de 2008, cuando Felipe Calderón publica en el Diario Oficial de la Federación, un decreto para regularizar los adeudos fiscales históricos de municipios y entidades, donde se debió retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a 2005 y ejercicios anteriores, por lo que se condona el pago de impuestos retenidos.
Los beneficiados serían entidades, organismos públicos descentralizados y municipios, pero tenían como obligación firmar un convenio con el gobierno federal a más tardar el 30 de abril de 2009.
El decreto, en su apartado tercero, establecía: “A partir de 2009 y hasta 2012, por cada ejercicio fiscal concluido en que, una vez acreditado el estímulo fiscal a que se refiere la fracción anterior, las entidades federativas o municipios realicen el entero total del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, obtendrán la condonación total de sus adeudos por ese mismo concepto, incluyendo sus accesorios”.
Pese a que el acuerdo presidencial tenía vigencia hasta 2012, en el gobierno de Aristóteles Sandoval, que inició en marzo de 2013, se acogieron a estos beneficios fiscales a través de la entonces Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF).
La Secretaría de Hacienda a través de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco del Servicio de Administración Tributaria, emitió la orden de visita domiciliaria VRM6300018/19 en contra de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual derivó en el oficio 500-30-2019-05577 del 3 de octubre de 2019.
A raíz de esta auditoría de 2017, el SAT encontró que la dependencia encargada de las finanzas estatales aplicó indebidamente los beneficios del citado decreto de 2008, ya que nunca enteró a Hacienda de su interés de acogerse al mismo y éste ya no estaba vigente.
El SAT reclama a la administración de Alfaro, que cubra o garantice 3 mil 555 millones 381 mil 094 pesos con 60 centavos, más actualizaciones y recargos que se sumen en el juicio, ya que el gobierno estatal presentó un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Los adeudos fiscales de Jalisco podrían además rebasar los 4 mil millones de pesos, de prosperar otro crédito fiscal por 515 millones 892 mil 442 pesos con 24 centavos, fijado por el fisco mediante oficio 500-30-00-04-02-2022-02062 de fecha 26 de abril de 2022, en contra del OPD Servicios de Salud Jalisco.
Este monto fue determinado por Hacienda luego de una autoría realizada al ejercicio fiscal de 2015 (también del gobierno pasado) sobre las retenciones del ISR.
Incluso el Gobierno del Estado emitió la licitación pública LCCC-041-2022, por una Consultoría en Asesoría y Defensa en Materia Fiscal, para el OPD Servicios de Salud Jalisco, debido a que el organismo no cuenta con un área especializada en materia fiscal.
Esto quiere decir que, en total, el SAT reclama al estado adeudos fiscales por 4 mil 071 millones 276 mil 536 pesos con 84 centavos. Curiosamente, en octubre de 2020, cuando estaba la polémica con los gobernadores de la alianza, el presidente López Obrador reveló que los estados debían 70 mil millones a Hacienda.
Enrique Alfaro respondió que Jalisco no le debe un solo peso al SAT.
