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BEIJING (Xinhua) — El huracán Fiona tocó tierra el domingo por la tarde en Puerto Rico, dejando sin luz a gran parte de esa isla caribeña desde entonces.
Unos puertorriqueños tuitearon videos del huracán e informaron a sus amigos de que estaban a salvo en casa. Pero, al mismo tiempo, muchos manifestaron su enfado por la privatización del sector eléctrico impuesto por Estados Unidos.
DESASTRES NATURALES Y ARTIFICIALES
LUMA Energy, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Puerto Rico, escribió en Twitter tras este último apagón que «el restablecimiento total del servicio eléctrico podría tardar varios días» y pedía a los usuarios «apoyo y paciencia».
Publicación de LUMA Energy tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. (Captura de pantalla de la cuenta de Twitter de LUMA Energy)
Los puertorriqueños, no obstante, han agotado su paciencia, pues antes del huracán habían sufrido también varios apagones.
En septiembre de 2017, el huracán María asoló Puerto Rico, dejando sin luz a gran parte de la isla. Desde aquel momento, todos pidieron mejorar el sistema eléctrico.
Sin embargo, la privatización recetada por Estados Unidos no solo fracasó a la hora de resolver los problemas, sino que también agravó las fallas del sistema eléctrico provocando con ello un descontento cada vez mayor.
Muchos usuarios de Twitter, tras el reciente apagón, respondieron directamente a la publicación de LUMA Energy para expresar sus quejas.
Otros señalaron, directamente, que el origen del problema se encuentra en la privatización de la electricidad en Puerto Rico.
APAGONES CONTINUOS
La insatisfacción con el sistema eléctrico de Puerto Rico se debe, sobre todo, a los frecuentes cortes de luz en gran parte del territorio y al aumento en los precios de la electricidad.
El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, lanzó un video-documental de 22 minutos, el 16 de septiembre, titulado «El Apagón», mediante el cual denunciaba los frecuentes cortes de luz en la isla y su impacto negativo sobre la vida cotidiana de las personas.
El video se hizo viral en Internet.
Según la prensa local, los apagones son una constante desde que LUMA llegó a la isla en junio de 2021.
Además, en abril de ese mismo año, Puerto Rico sufrió un apagón generalizado en toda la isla. Unos meses después, en agosto, uno de los principales hospitales de la isla estuvo casi veinte horas sin electricidad y los cortes del suministro energético afectaron también a la sala de cuidados intensivos.
Sin embargo, a pesar de los apagones, los precios de la electricidad han seguido creciendo. Según informes locales correspondientes a agosto de este año, hubo siete incrementos del precio de la luz desde la entrada de LUMA en junio de 2021. Muchos ciudadanos, indignados, han publicado sus facturas en las redes sociales.
Además de expresar sus quejas en Internet, los puertorriqueños salieron a las calles y organizaron protestas masivas exigiendo al Gobierno que cancele el contrato con LUMA Energy, por entender que la privatización del sector eléctrico les priva de su derecho a una vida feliz.
PRIVATIZACIÓN EQUIVOCADA DEL SECTOR ELÉCTRICO
Según su página web oficial, la empresa fue constituida en Puerto Rico como una empresa conjunta entre la compañía estadounidense, Quanta Services, y la canadiense ATCO. Detrás de la presencia de LUMA en Puerto Rico está el impulso de EE. UU. para privatizar la red eléctrica del territorio insular.
Puerto Rico tenía una deuda de, aproximadamente, 72 mil millones de dólares en 2015. Ante un posible impago de sus deudas, Puerto Rico no tiene derecho a solicitar la protección por bancarrota bajo la regulación del Código de Quiebras de Estados Unidos, debido a su estatus legal de Estado Libre Asociado.
Por tanto, para obtener el respaldo del Gobierno y el Congreso de EE. UU., la Gobernación puertorriqueña asumió «receta» estadounidense para reestructurar su deuda, incluido el plan de privatización del sector eléctrico.
El 2016, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, según siglas en inglés de «Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act»), en virtud de la cual se creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico.
Esta Junta está formada por ocho miembros, siete de los cuales son nombrados por el presidente de Estados Unidos, mientras que el miembro restante es nombrado por el gobernador de la isla pero sin derecho a voto.
La normativa PROMESA otorga a la Junta poderes extraordinarios, dado que el gobernador de Puerto Rico ni tampoco su asamblea legislativa podrán ejercer ningún tipo de control, supervisión, vigilancia o revisión sobre la Junta o sus actividades.
Apenas unos meses después de su creación, en diciembre de 2016, la Junta presentó una lista de propuestas para mejorar la economía local, dejando claro que Puerto Rico debía privatizar algunos sectores públicos como la energía.
Con el aval de la Junta, LUMA Energy ganó la licitación para operar la red eléctrica de Puerto Rico en 2020, que se encarga de la distribución y transmisión de la energía por toda la isla, obteniendo un contrato por 15 años renovables si, finalizado el plazo, hubiese acuerdo entre todas las partes. Tras un traspaso de 12 meses, en junio de 2021, LUMA se hizo cargo oficialmente de la red eléctrica de Puerto Rico.
Pero, menos de quince días después, Puerto Rico volvió a registrar apagones a gran escala, explosiones en subestaciones y otros incidentes que afectaron a millones de personas.
En opinión del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la Ley PROMESA trae «más problemas que soluciones». Afirmó que la Junta carece de «cualquier comprensión de la economía básica» y de responsabilidad democrática para favorecer un mayor control sobre su propia incompetencia.
Frente a la privatización del sector eléctrico, algunos usuarios de Twitter recurrieron a los juegos de palabras en Internet, o retruécanos, para manifestar sus quejas.
Los puertorriqueños, víctimas de numerosos apagones, siguen reclamando la «no privatización» del sector eléctrico.
Las reformas neoliberales propugnadas por EE. UU. han tenido consecuencias negativas para la región de América Latina y el Caribe, desencadenando crisis financieras, ampliando la brecha entre ricos y pobres y provocando malestar social.
Al mismo tiempo, a través de dichas reformas, las empresas estadounidenses han logrado incrementar de manera sustancial sus beneficios. EE. UU. intenta ahora repetir el mismo truco poniendo a Puerto Rico en la «senda sin retorno» del neoliberalismo.
¿Qué modelo es mejor? ¿Perseguir la equidad y justicia social? ¿O dejar que el capital se lucre ciegamente a costa de los ciudadanos? El pueblo puertorriqueño ha dejado patente cuál es su opinión.
