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Si en las afueras de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se percibe el dolor de los familiares de desaparecidos, en el interior los trabajadores del Semefo libran su propio calvario.
A raíz del malestar de empleados ventilado en este espacio, numerosos mensajes y datos han sido enviados a quien esto escribe para detallar acosos, hostigamiento, deplorables condiciones laborales y, sobre todo, presiones a peritos para que validen diligencias “fantasmas”.
Por ejemplo en el área operativa de criminalística, se somete al personal a severas jornadas de 24 horas y ahora se restringió el acceso al área de descanso pese a las prolongadas guardias.
Una queja más son las condiciones del parque vehicular. Distintas áreas que deben hacer trabajo de campo deben utilizar unidades en pésimas condiciones que los exponen en cada traslado, porque además de enfrentar el riesgo de un accidente, deben acudir en horas de madrugada y a zonas alejadas.
Hubo episodios concretos en la región de Los Altos donde miembros del crimen organizado impidieron a personal del instituto acudir a prestar un servicio y recoger un cuerpo.
Aunque los obligan a acudir a oficinas regionales, no hay pago de viáticos al viajar a otros municipios con el argumento de que se trata de diligencias en la jornada laboral, pese a que hay disposiciones administrativas que definen el pago de viáticos cuando se trate de una distancia considerable de la adscripción del personal.
Otro pretexto para no cubrir estos gastos, es que existen vehículos oficiales y en ellos se realizan los viajes. Pero los trabajadores mencionan que esto no es así, ya que las unidades están tan averiadas que a prefieren utilizar sus autos particulares.
Hay delegaciones que tienen varias camionetas descompuestas desde hace más de dos años.
Una denuncia constante también es que desde hace cinco años no los han dotado de uniformes, suficiente personal y equipo para realizar las labores, lo que contribuye al rezago que padece el instituto.
Sin embargo, una de los reclamos más preocupantes tiene que ver con las presiones derivadas de intereses políticos o económicos. Peritos del área de criminalística de campo, denuncian que han sido presionados a firmar informes a los que no acudieron personalmente y por consiguiente, no les constan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se documentan en los mismos.
Este tipo de presiones aseguran que provienen de la fiscalía, con funcionarios de distintas áreas que tienen intereses en sacar adelante algunos casos.
Pero si en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses la situación es apremiante, en las delegaciones sufren en extremo por la carencia de personal, equipo, unidades, recursos y encima de ello deben prestar servicio a otras oficinas regionales.
Específicamente se refieren a los “prosectores” (especialistas en hacer las disecciones en apoyo al médico legista que realiza la necropsia de ley), que literalmente son sometidos a “maratones” en distintas plazas regionales para apoyar en el rezago que enfrentan.
Por ejemplo, en Puerto Vallarta, no cuentan con este personal especializado y han tenido que enviar prosectores de Guadalajara y Ciudad Guzmán para hacer las disecciones.
Ante este panorama, los empleados advierten que el gobernador Enrique Alfaro tendría que conocer todas las anomalías que enfrentan y que deben ser del conocimiento de la ciudadanía y hasta del The International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP), el organismo que certificó al instituto en sus procesos de investigación.
Y por último, ven con incredulidad la apertura para el IJCF de 650 nuevas plazas para la implementación del Centro de Identificación Humana, cuando antes de comenzar a funcionar, ya está rebasado.
