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Para salir al paso a los escándalos que acumula el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), su director general, Héctor Pizano, plantea la necesidad urgente de una reforma a la ley que dio vida al organismo.
Los cambios vendrían a sumarse a las modificaciones impulsadas por el gobernador Enrique Alfaro, para poner freno a las “pensiones doradas” que reciben decenas de ex funcionarios públicos pero que hoy son acotadas por los juicios de amparo promovidos por los afectados.
La reforma al IPEJAL, según argumenta su titular, evitaría que se repitiera el manejo discrecional que se dio a los fondos de los trabajadores en inversiones que derivaron en fraudes y permitiría evitar el colapso financiero del instituto.
Sin embargo, antes de enfrascarse en un nuevo proceso legislativo para remendar la ley, conviene lanzar al aire lo siguiente: ¿con el actual marco jurídico era imposible haber frenado los dispendios? ¿No se pudo evitar que Pensiones acumulara más de mil millones de pesos de deudas en aportaciones no entregadas? ¿Se necesita otra ley para garantizar el abasto de medicamentos para atender a los afiliados?
El 12 de noviembre de 2009, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, fue publicada el 19 de noviembre y entró en vigor al día siguiente.
La iniciativa fue propuesta por el entonces gobernador Emilio González Márquez y tenía por objetivos entre otros “garantizar las prestaciones y los servicios a los afiliados”, “promover el derecho a la vivienda” y “definir normas y condiciones de las prestaciones”.
En esta ley, se establecía con claridad las obligaciones de las entidades públicas patronales (Gobierno del Estado, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ayuntamientos y otros organismos públicos afiliados).
Por ejemplo, el artículo 7, señala que las entidades públicas patronales deberán cubrir directamente a los afiliados las prestaciones que les correspondan, cuando por causa imputable a éstas el instituto no deba otorgarlas.
El artículo 8 señala a todas las entidades públicas como garantes y obligados solidarios de las obligaciones del instituto para sus afiliados y pensionados.
Luego la ley establece hasta los plazos que deben cumplir los patrones para entregar los recursos retenidos a trabajadores y sus respectivas cuotas y advierte que la falta de estos pagos, “dará lugar a la ejecución forzosa” mediante la retención de participaciones u otros recursos por parte de la Secretaría de Finanzas (hoy Hacienda) para los morosos.
En el apartado de reservas e inversiones, la ley vigente desde 2009, señala en su artículo 158 que se podrán efectuar inversiones reales y financieras nacionales e internacionales.
También faculta al instituto a realizar toda forma de inversión, aisladamente o en asociación, cuidando siempre de la seguridad y rentabilidad de las inversiones en beneficio del patrimonio institucional.
Efectivamente también es esta ley la que abre la puerta a las ahora llamadas “pensiones doradas”. El artículo 70 establece que para calcular la pensión se tomará en cuenta el promedio del sueldo tabular disfrutado en los últimos tres años de servicio. La pensión máxima no podrá ser superior a 35 veces el salario mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara.
A cifras actuales, la máxima pensión rondaría los 180 mil pesos mensuales. Con la reforma a este apartado, el tope será de 104 mil 455 pesos para 70 ex servidores públicos que rebasan el monto, por lo cual decidieron recurrir al amparo.
Al margen del episodio de las elevadas pensiones, es evidente que con la actual ley pudieron haberse impedido los excesos que mantienen al borde de la quiebra al organismo. El marco legal era suficiente.
Por eso, ahora que se promueve un nuevo andamiaje legal para el Ipejal, ¿quién nos puede garantizar que la historia no se repita?
