Tenía pavor. Terror. Mucho miedo. Así lo describían las llamadas de auxilio que hizo por medio de videos en redes sociales, de las denuncias presentadas ante las autoridades y hasta de los mensajes en twitter que remataba: #justicia, #nomasviolencia, #noquieromorir, #auxilio, @AlertaGDL, @FiscaliaJal, @GobiernoJalisco y @CJMJalisco.
Luz Raquel Padilla Gutiérrez, falleció víctima de un aberrante ataque cuando cinco personas la rociaron con alcohol y encendieron, tan solo un día después que había participado en el foro “Nos toca cuidar” y donde agradeció que acciones como éstas le permitirían dejar de ser “invisible”. Pero no hubo tiempo. Las autoridades siguieron sin verla.
Desde mayo pasado, la mujer denunció que fue víctima de un ataque con cloro industrial por parte de un vecino que la amenazaba de muerte constantemente y de lo que dio cuenta también en internet.
Sin embargo, no fue suficiente para que la comisaría de Zapopan actuara y el gobierno municipal le negó adherirla al programa “Pulso de Vida”, un mecanismo de alerta directa a la policía, trámite que fue rechazado con el argumento de que las amenazas no eran “motivo suficiente”.
Por aquel incidente, el ministerio público dictó medidas de protección “del 9 de mayo al 9 de julio”, es decir, apenas dos meses. Siete días después de que venciera “la protección”, Luz fue agredida con alcohol y convertida en una tea humana por desquiciados sujetos…
Lo que vino después de la muerte de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, ha sido sinceramente increíble.
El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, negó que Luz hubiera solicitado un “Pulso de Vida” y que éste se le negara. A pesar de que semanas atrás, en redes sociales, la mujer asesinada había denunciado esta situación. Es decir, es la versión de Frangie y la de una madre de un niño autista que ya no puede responderle.
El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, rechazó que la mujer ya no tuviera las medidas de protección establecidas por la autoridad, ya que aunque el plazo dictado por el ministerio público había vencido, los mecanismos continuaban activos a su favor.
Pero esto es más grave aún, porque desnuda la pobre eficacia de las estrategias de seguridad para quien teme por su vida.
También el fiscal señaló que el vecino denunciado, Sergio Ismael “N”, estaba detenido porque se “le logró cumplimentar un mandamiento judicial por delitos de lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”, todo esto por hechos anteriores.
De nuevo es lamentable la revelación. Primero, la fiscalía no detuvo al individuo, éste se presentó a declarar y segundo, si había delitos previos ¿por qué no había sido capturado?
Y en “la mañanera”, cuando los reporteros cuestionaron al gobernador sobre las posibles fallas de parte del gobierno estatal en el caso de la mujer de 35 años, Enrique Alfaro negó esta situación y argumentó lo siguiente:
“Ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno de cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz. Hay que agotar la investigación, ayudar a la familia y dar con los responsables. Y por supuesto reflexionar como sociedad”.
Hay quienes se han sumado al “lavado de manos” del mandatario estatal en el sentido de que era imposible evitar este tipo de ataque y hasta sugieren que la sociedad también es culpable.
Esto por supuesto no es cierto. Los únicos responsables son las autoridades estatales, municipales, los legisladores y todos los funcionarios que con sus omisiones dieron paso al cobarde ataque y la muerte de Luz que, pese a las amenazas, seguía confiando en el gobierno para continuar con su tarea de cuidar a su hijo autista.
Y parafraseando al mismo gobernador: “cuando hay la determinación de todos los niveles de gobierno, por supuesto que puede impedirse que se cometa un acto tan atroz”.