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El programa de Verificación Vehicular Responsable implementado por el gobierno de Jalisco, ha seguido los pasos del fracaso como anteriores intentos de verificación en la entidad.
En el primer año de su arranque y pese a la Norma Oficial Mexicana que obligaba al estado a aplicarlo desde 2017, apenas 90 mil autos de un parque vehicular de cuatro millones, pasaron la prueba técnica de revisión para evitar contaminar el medio ambiente.
La poca afluencia de unidades a los Centros de Verificación y de aceptación en general hacia el programa, parte de varios aspectos.
Primero, la empresa que obtuvo la licitación es la estadounidense Worldwide Environmental Products, Inc. (WEP), quien obtendrá ganancias por unos tres mil 600 millones de pesos a lo largo de la concesión de 15 años en la cual se obliga a otorgar la tecnología y equipos para el modelo.
Se trató de un contrato poco claro y que otorga amplias ventajas a WEP, que recibiría una cuota anual garantizada aunque no acudiera el volumen de autos a los verificentros. En el primer año del contrato habría recibido 88 millones y en 2021 unos 121 millones de pesos.
Segundo, los pocos centros abiertos convierten en un calvario acudir a las “citas” para las que hay que hacer largas filas y perder el día en el trámite.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco, con datos de 2019, se requerían al menos 280 líneas de verificación para atender las unidades registradas en el estado.
Pero hasta ahora, funcionan siete centros, seis en la zona metropolitana de Guadalajara, con 29 líneas en operación, es decir, apenas un 10 por ciento de las que se necesitan.
Según cifras oficiales, esta infraestructura puede atender diariamente a mil 595 vehículos así que con esta capacidad instalada, se llevarían siete años para atender a los cuatro millones de autos que hay en Jalisco suponiendo que operaran los 365 días del año y que se detuviera la incorporación de nuevas unidades que en los últimos años ha crecido a un ritmo de 200 diarias.
Tercero, que en las convocatorias que han publicado para instalar estos centros de verificación, no han podido participar dueños de talleres por el elevado costo de por lo menos 11 millones de pesos para un centro de dos líneas o cinco millones de dólares para operar uno como el de Tlaquepaque con siete líneas.
Y por último, está la sospecha de los ciudadanos de que estamos nuevamente ante un programa recaudatorio que ve el parque vehicular como una gran bolsa de dinero.
El costo de la verificación en el estado es de 500 pesos y las multas por no a acudir a la revisión oscilan entre mil 400 y los doce mil pesos. En los estados de Nuevo León, Colima, Nayarit, Chiapas y Yucatán, el servicio de verificación es gratuito.
Aunque efectivamente reducir la contaminación ambiental es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, a las autoridades estatales les ha faltado una campaña efectiva de sensibilización para que la población se sume a la tarea.
El problema radica en predicar con el ejemplo: aunque la zona metropolitana de Guadalajara es la cuarta más contaminada del país, la red de monitoreo ambiental que opera el gobierno estatal está obsoleta desde hace varios años.
