Artículos relacionados
Nacida hace 22 años en la Ley de Desarrollo Urbano, la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur) está sumida hoy en un marasmo que anticipa la peor de sus crisis.
Creada como un organismo encargado de “orientar y defender a los ciudadanos en la aplicación de la legislación urbanística”, la procuraduría no puede hoy ni defenderse a sí misma.
El problema surgió en el Congreso del Estado que por una inexplicable omisión, no lanzó la convocatoria para sustituir al saliente procurador Gabriel Ibarra Félix cuyo período concluyó el pasado 13 de septiembre.
De acuerdo con el Código Urbano, tras la convocatoria emitida por el congreso, éste tiene que turnar la lista de aspirantes al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano para que revise los perfiles.
Una vez revisado si cumplen con los criterios de elegibilidad, el Consejo regresa la lista a la comisión de desarrollo urbano quien someterá el dictamen al pleno para la elección.
Sin embargo, en una desafortunada decisión, fue designado Pedro de Alba Letipichia en el puesto de director jurídico semanas antes de que terminara el encargo de Ibarra Félix y de esta manera convertirse más tarde en una especie de encargado de despacho.
Efectivamente, el Código Urbano en su artículo 27, contempla que en caso de ausencia definitiva del procurador, es el director jurídico quien asume el puesto por seis meses en tanto se emite la convocatoria por el congreso para designar a un nuevo titular.
El problema es que la ley solamente establece este criterio cuando se está en el período respectivo y no cuando ha concluido el cargo oficial. Además, una vez que Gabriel Ibarra Félix terminó su labor como procurador, concluyeron también el resto de mandos directivos nombrados por él.
Es tan frágil el sustento legal, que hasta el propio Ibarra Félix podría ampararse y continuar en el cargo argumentando que se violentó el procedimiento al no expedirse una convocatoria e impedirle contender por una reelección que sí contempla la ley.
Por si fuera poco, el propio Pedro de Alba tendría problemas para acreditar su elegibilidad como director jurídico y hasta como encargado de la procuraduría. Según el artículo 23 bis del Código Urbano, quien ostente el cargo de director jurídico en la Prodeur, debe tener experiencia mínima de tres años en la materia, lo que incluso ya fue observado por colegios de arquitectos.
Previo a este encargo, De Alba fue director de Recursos Humanos y luego Secretario de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Lo grave del caso es que hay versiones que aseguran que el gobierno estatal en aras de la austeridad, podría incluir a la Prodeur junto a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente dentro de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), lo que de nuevo sería un error.
El espíritu de crear la Prodeur como organismo descentralizado y con patrimonio propio, es para no depender del ejecutivo y poder llamar a cuentas a los municipios. De acuerdo con el artículo 115 constitucional, el gobierno estatal no podría sancionar temas como usos de suelo.
Por la base jurídica endeble como está operando el actual encargado, Pedro de Alba Letipichia, prácticamente cualquier resolución de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, sería fácilmente echada por tierra por un simple recurso administrativo.
E incluir la Prodeur en la estructura de la Semadet, abriría otro flanco legal para ser atacado con una acción de inconstitucionalidad. Ambas situaciones, postran a la procuraduría en el limbo y muestran, lamentablemente, que los asesores legales no le entregaron la tarea completa al responsable del ejecutivo.
