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El blindaje que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador para los proyectos de infraestructura de su gobierno, le permitiría por razones de seguridad nacional reservarlos y mantenerlos en la opacidad completa.
Más aún, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece una “exención general” para todos los trámites que las obras requiera, de manera que pueden efectuarse sin contar con permiso alguno de autoridades municipales, estatales y hasta de las propias dependencias federales.
La determinación del presidente, ha generado numerosos cuestionamientos de la oposición, legisladores y organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, quienes ya se aprestan a interponer los recursos legales contra una medida inconstitucional.
Sin embargo, al margen de la barbaridad que pretende imponer el primer mandatario, una obra que se anticipó a López Obrador fue la construcción de la Línea 3 en la zona metropolitana de Guadalajara.
Para empezar, el Proyecto Ejecutivo de la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara, fue reservado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la versión pública, tenía numerosas láminas en color negro, como por ejemplo el programa de desvío de tráfico que acumulaba unas 33 páginas en tinieblas.
Por si fuera poco, los trabajos iniciaron sin autorizaciones de cambio de uso de suelo, licencias de construcción, permisos de demolición, para manejo de escombro y manifestación de impacto ambiental.
Incluso el 21 de julio de 2016, casi dos años después del banderazo inicial por parte del gobernador Aristóteles Sandoval, fue presentada una denuncia en la Fiscalía Central del Estado por las obras de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, contra las siguientes personas:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, director del Tren Eléctrico urbano; Arturo Malandrano C., Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH; Pablo Suárez Coello, director general de Transporte Ferroviario Multimodal de la SCT; José Adolfo Bascuñana, representante de Consorcio Túnel Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.; Joao Dos Santos Dinis Parreira, apoderado de Empresa Consorcio Gdl Viaducto, S.A.P.I. de C.V.; así como a las empresas Ohl México, Mota Engil, Grupo Promotor y Constructora Tláloc.
La denuncia refería que para realizar la citada obra, eran necesarios permisos de construcción de los ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, además de cubrir los requisitos de impacto ambiental, para salvaguardar el entorno urbano, histórico, yacimientos y corrientes de agua subterránea y colectores.
Una de las pruebas aportadas, fue un oficio de la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (401 F (9) 83 2015/439/Dirección), donde advertía que antes de comenzar y para proteger los monumentos históricos, primero tenían que cumplir con una serie de requisitos para tener la autorización del instituto, lo que nunca cumplieron.
Como se puede ver, el proyecto de la Línea 3 pareció viajar en el tiempo y anticiparse al decreto del presidente que hoy es comidilla nacional. En la total opacidad, por la libre y, a juzgar por las irregularidades detectadas, completamente impune en el manejo de miles de millones de pesos del erario… lo que podría ser un presagio para las futuras mega obras de la 4T.
