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El nuevo capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, la contrarreforma eléctrica, que según su exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, constituirá “el mayor despropósito económico de la Cuarta Transformación”, y que además resta competitividad a México, pone en riesgo el combate al cambio climático, vulnera las condiciones para la inversión, provocará desabasto y encarecerá el servicio, ha generado una gran expectativa a nivel nacional e internacional tanto por la incertidumbre jurídica como por el retroceso en los procesos productivos a partir de combustibles fósiles, y el incumplimiento a Tratados y Acuerdos internacionales que nuestro país históricamente ha contraído.
Los inversionistas extranjeros aún están a la expectativa de lo que suceda con la iniciativa de reforma eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la cual se le daría el control del sector a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se cancelan permisos y contratos de privados, y se privilegia el despacho de energía de la empresa pública, ha señalado Forbes.
Primero hay que esperar si se aprueba y luego conocer las leyes secundarias para la implementación de esta reforma, pero hasta ahora, aparentemente la iniciativa sí da indicios de que pudiera afectar a ciertos inversionistas, y de ser así a México le pintaría un escenario de disputas legales por violar tratados comerciales internacionales.
Carlos Véjar, abogado de comercio nacional e internacional de Holland & Knight, explica a la revista que, hay dos mecanismos legales a los que se puede enfrentar el gobierno: el arbitraje de inversión y el arbitraje Estado-Estado.
En el primero, los inversionistas demandan al estado mexicano, y si este último pierde tiene que pagar por los reclamos directos de las empresas; en el segundo donde es una disputa entre gobiernos, aquí el tipo de penalización puede ser la imposición de aranceles como ya lo ha hecho México con Estados Unidos en el caso de transporte de carga y del atún, comenta el especialista.
“Parecería que esta reforma no va a afectar a todas las empresas del sector, creo que lo importante aquí, es que en este debate que se vaya a llevar a cabo sí se contemplen los riesgos de que México pudiera ser objeto de demandas de inversionistas bajo los Acuerdos de Protección y Promoción de Recíproca de las inversiones (APPRI) y los tratados de libre comercio con capítulos de inversión, esto independientemente de la argumento que se ha hecho en el sentido de que en el T-MEC no se asumieron compromisos en materia energética”, aclara Véjar.
Además, eso que no es violatorio del T-MEC es falso, ya que no hay una excepción como tal o un desconocimiento a los compromisos que se hayan asumido con particulares.
Uno de los acuerdos comerciales en los que México si asumió con otros países compromisos en materia energética es el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés), el cual ya entró en vigor para México.
“Todavía no lo suscriben todos los miembros que firmaron, pero para cuando entre esto (la reforma eléctrica), a lo mejor se suman otros, el caso es que ese compromiso ahorita ya es vigente para México. Y ese compromiso lo replica el T-MEC”.
El especialista indica que si bien en el capítulo 32 del T-MEC, en el artículo 32.11 sí hizo reservas con respecto a las obligaciones en el Capítulo 14 (Inversión), el Capítulo 15 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y el Capítulo 22 (Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados), no existen alguna que ampare un reforma como la que propone el Ejecutivo.
“Mexico tiene su derecho de cambiar su política pero también debe ser respetuoso en sus compromisos en los tratados”, refiere Carlos Véjar.
En tanto se lleva un proceso de discusión para su aprobación, los inversionistas extranjeros ven con mucha cautela la iniciativa, pues nadie quiere un pleito con el gobierno mexicano.
“Están confiados en encontrar una solución vía del diálogo, algunos consideran que, los mexicanos y el propio gobierno saldrían afectados, muchos están esperando que no se apruebe y llegar a un entendimiento con el gobierno” concluye.
En tanto, Instituciones financieras se han sumado al análisis del impacto de la reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador y coinciden en subrayar las controversias que generaría en el marco del T-MEC, así como los retos a los que se enfrenta el gobierno para la aprobación de la iniciativa al requerir mayorías calificadas en el Congreso.
El área de análisis de BBVA apunta que la contrarreforma favorece desde el marco normativo a la CFE en perjuicio del resto de los competidores, muchos formados a partir de inversión extranjera provenientes de contrapartes comerciales dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de otros acuerdos comerciales.
En ese sentido, refiere que en lo que concierne al T-MEC, la iniciativa del Ejecutivo se contrapone a los capítulos 14 (Inversión) y 21 (Política de Competencia), “por lo menos”, dice BBVA.
Respecto al capítulo 14, indica que, por ejemplo, el artículo 14.4 establece que cada parte dará un trato no menos favorable a los inversionistas del resto de las partes, que se otorgue a sus propios inversionistas respecto al establecimiento, adquisición, expansión, operación, venta, u otras disposiciones de inversiones.
“En un sentido similar, el artículo 14.5 indica que cada parte, es decir, cada uno de los países que signaron el T-MEC, otorgará un trato no menos favorable a los inversionistas del resto de los firmantes del tratado, que el que otorga a los inversionistas domésticos, independientemente si estos sean o no empresas gubernamentales como es el caso de la CFE”, explica la institución financiera.
Mientras, el artículo 14.10 impide que alguna de las partes imponga condiciones, requisitos, compromisos u obligaciones para adquirir, utilizar o dar preferencia a un servicio suministrado localmente; así como tampoco restringir ventas de un servicio dado por las inversiones realizadas; “lo que podría ser el caso de favorecer a la CFE ya que muchos demandantes de este servicio estarían obligados a sólo recibir el servicio de esta empresa”.
En relación al capítulo 21, en este se compromete a que las partes aseguren que las políticas de competencia traten no menos favorablemente a las personas de alguna de sus contrapartes.
Banorte, a su vez, prevé que ante la necesidad de cambios constitucionales, la reforma eléctrica podría enfrentar retos para su aprobación.
“Debemos recordar que para que este tipo de iniciativas sean aprobadas se requiere una mayoría calificada (2/3 partes del total de legisladores) en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como más del 50% de las legislaturas locales”, resalta el análisis económico de Banorte.
En este contexto, Morena (el partido del presidente) y sus aliados en las elecciones de este año (PT y PVEM) controlan 277 escaños de la Cámara de Diputados, por lo tanto, necesitarían al menos 57 legisladores más de otros partidos.
En el Senado, asumiendo que a esta coalición se le sumaran los cuatro senadores del PES, tendrían 78 escaños, lo que resulta en 8 legisladores menos de los necesarios.
En cuanto a los Congresos locales, Morena y sus coaliciones sí cuentan con el control en la mayoría requerida, por lo cual probablemente no sería un reto para su aprobación.
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