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Como un avión sin tren de aterrizaje y poco combustible que hace maniobras desesperadas para llegar a suelo firme sin daños, la empresa española Abengoa mostró desde el 2015 que algo andaba mal en la cabina de mando, en los motores de la compañía y en su plan de vuelo.
Aunque en 2014 ya había aparecido la trasnacional en portadas de revistas de economía españolas con la advertencia de la crisis financiera que comenzaba a salirse de control, fue hasta finales de 2015 cuando quedó en evidencia el boquete en sus deudas por nueve mil 306 millones de euros.
Con este panorama, Abengoa solicitó ante las autoridades sevillanas adherirse a las bondades de un preconcurso mercantil mientras buscaba afanosamente socios que entraran al quite.
En 2016, Banco Sabadell y Santander hicieron una apuesta fuerte para el rescate, pero más adelante incómodos con el manejo decidieron retirarse. Para 2017, la compañía es un compendio de accionistas y fondos de inversión considerados de alto riesgo, sin contar con firmas de renombre.
En el caso de México, Abengoa ganó en 2011 la licitación OCLSP-DAPDS-01-11por cuatro mil 569 millones de pesos para construir el acueducto de 140 kilómetros que llevaría agua de la Presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco a la ciudad de León, Guanajuato.
La concesión por 25 años, permitiría a la compañía española a través de una subsidiaria, potabilizar y entregar hasta 3.8 metros cúbicos de agua a Léon y 1.8 metros cúbicos a poblaciones de Los Altos de Jalisco, servicio por el que cobraría mensualmente 39 millones 696 mil pesos, unos 476 millones de pesos anuales y cerca de 12 mil millones de pesos al término de la concesión de 25 años.
Sin embargo, debido a sus problemas financieros la obra sufrió numerosos retrasos en su arranque, pese a lo cual recibió 680 millones de pesos del Fideicomiso de Administración del acueducto y cien millones de pesos más del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal).
Ahora la empresa española renunció a la licitación que ganó y espera interponer recursos legales para todavía cobrarle al gobierno federal unos dos mil millones de pesos como indemnización, pese a los 780 millones de pesos que ya había recibido…
Es esta empresa trasnacional de España la que también mantiene en jaque inversiones realizadas por 604 millones de pesos en bonos adquiridos por el Instituto de Pensiones del Estado, información calificada como “reservada” porque difundirla pondría en riesgo los ahorros de los trabajadores del estado.
De acuerdo con el acta de la sesión del Comité de Transparencia del organismo de fecha 28 de abril de 2016, no fue posible responder al particular Adolfo López Aguayo, quien pedía copia del acta de la inversión bursátil a Abengoa.
Pensiones resolvió que la información es “reservada y confidencial” porque dar a conocer esta información atenta contra el interés público de la institución y pone en peligro las prestaciones de los afiliados y pensionados.
Pero la opacidad del Ipejal también incluyó ignorar un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados impulsado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien exigía que se hiciera pública toda la información relativa a la contratación de certificados bursátiles a Abengoa, sobre todo cuando el artículo 158 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, permite estas operaciones “cuidando siempre de la seguridad y rentabilidad de las inversiones en beneficio del patrimonio institucional”.
Y cuando los funcionarios de Pensiones decidieron invertir en la empresa española, ya se sabía que era un avión con problemas de vuelo y con peligro, este sí, de irse en picada.
