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La iniciativa de Reforma a la industria eléctrica que el pasado jueves envió el presidente de la República al Poder Legislativo, constituye una prueba de fuego para los Partidos de oposición representados en la Cámara de Diputados, toda vez que Morena y sus aliados no cuentan con los legisladores suficientes para conseguir la aprobación que requiere necesariamente de 333 votos y tendrán que pelear por obtener 56 adicionales a fin de lograr que avance la polémica reforma que, según especialistas en el tema, provocará un severo daño al país.
En el documento enviado por Andrés Manuel López Obrador, los principales puntos que plantea la reforma a la Constitución son:
1. Modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, adicionando 9 artículos transitorios.
2. Destaca el objetivo de rescatar y fortalecer a la CFE y garantizar, a través de ella, la seguridad energética del país, así como hacer posible que haya electricidad a menor costo y para todos.
3. Elimina las empresas productivas subsidiarias y filiales de la CFE, que fueron producto de la Reforma Energética de 2013-2014, concentrando con ello en un solo organismos todas las funciones.
4. Asienta en el texto constitucional el mandato del presidente referente a que la CFE será la encargada de producir 54% de la electricidad total del país, dejando el restante 46% en la iniciativa privada.
5. La reforma desaparece los contratos de autoabastecimiento.
6. Elimina a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía.
7. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) formará parte de la estructura orgánica de la CFE, regresando con esto sus funciones a la empresa pública como estaba antes de la Reforma Energética de 2013.
8. La extracción y explotación del litio, mineral esencial para la fabricación de baterías para autos eléctricos y almacenamiento de energía, no serán concesionadas, sino que se reservan al Estado.
9. Relacionado con el punto anterior, las concesiones para oro, plata o cobre, permanecen pero no podrán explotar el litio.
Ahora bien, de acuerdo con especialistas, las modificaciones constitucionales constituyen una expropiación directa a la industria y dejan al sector en peor situación en comparación a como se encontraba antes de la Reforma Energética de 2013, ya que elimina los órganos regulatorios que ya existían.
“Es francamente expropiatoria, centraliza todo el poder en la Sener (Secretaría de Energía) y en la CFE (Comisión Federal de Electricidad)”, dijo Miriam Grunstein, socia fundadora de la consultora Brilliant Energy Consulting, quien explicó que, con la iniciativa, se anulan todos los procesos de pesos y contrapesos que tenía la reforma del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Estamos peor porque se eliminan los órganos de regulación”, agregó al referirse a la propuesta presidencial que, entre otras cosas, elimina a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismos reguladores autónomos del sector energético.
“Por lo menos antes había una voluntad de regular, ahorita hay una voluntad de empoderar”, agregó. “Aquí hay un empoderamiento ya franco, descarado, flagrante”, subrayó.
No es una reforma constitucional eléctrica, sino energética, en opinión de Víctor Ramírez Cabrera, analista del sector y vocero de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE).
“En realidad es una reforma energética completa porque desaparece la CNH”, dijo en relación con el organismo autónomo encargado de regular y administrar los contratos petroleros firmados entre el Estado mexicano y las empresas que operan en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en territorio nacional.
Respecto al tema eléctrico, Ramírez Cabrera dudó que la CFE se vaya a ver beneficiada con el empoderamiento que le otorgan las reformas constitucionales del jefe del Ejecutivo.
“No hay ningún beneficiado, ni siquiera la propia CFE se ve beneficiada porque le están despachando todo. Ni siquiera significa que la vayan a modernizar, a invertir en ella o a corregir los conflictos que ya tiene la CFE, (como) la baja productividad”, aseguró.
“No vas a solucionar nada de eso, solo le vas a dar el poder”, añadió.
El especialista también consideró que la iniciativa puede ser una expropiación de activos que saldrá muy cara a los mexicanos, sobre todo tomando en cuenta no solo el precio de las instalaciones, sino por el monto del negocio.
“La indemnización del Estado mexicano por expropiación indirecta”, dijo. “No cuánto costaban las plantas, sino los ingresos esperados por los privados a futuro, es lo que el Estado mexicano debe pagar, no el valor de los fierros”, señaló.
En este sentido, calculó que dicho monto podría llegar a los 60,000 millones de dólares, solamente contando los proyectos productos de las tres subastas eléctricas de largo plazo y las empresas participantes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
“El valor de los fierros es ‘n’, pero si tomas en cuenta la obra social, contratación de gente, créditos, el valor son los ingresos futuros, valor del contrato el costo se dispara”, abundó.
Una cifra muy parecida calculó Ana Lilia Moreno, coordinadora de Competencia y Regulación en la organización no gubernamental México Evalúa.
“Es una bola de nieve que no se puede frenar, (México podría pagar) 1 billón de pesos en indemnizaciones a privados, es lo que han calculado los fondos de inversión ante una expropiación”, citó la analista. Dicho monto, al tipo de cambio actual, se ubica por encima de los 50,000 millones de dólares.
Para Moreno, la reforma constitucional, tal como está planteada, representa un retroceso en el país en varios campos
Es un completo rediseño para retroceder 40 o 50 años. Un modelo cerrado, opaco, alejado de los ciudadanos, contrario a lo que presume el discurso, el resultado, es difusa en términos administrativos y pone en vulnerabilidades.
Carlos Torres, experto en el sector energético, concluyó que la Reforma Energética de 2013 sentó las bases para fortalecer a la CFE al otorgarle:
1) Exclusividad en actividades que sí le son redituables
2) Compra de energía a una fracción de su propio costo
3) Traslado del riesgo financiero a terceros.
Mientras que la propuesta de López Obrador es simplemente un engaño demagogo.
Morena apenas alcanzaría a sumar 277 votos contabilizando ya los del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista; el Partido Acción Nacional tiene 114 legisladores; el Revolucionario Institucional 71; Movimiento Ciudadano 23 y el Partido de la Revolución Democrática 14; de tal suerte que habrá que estar atentos a las votaciones porque nos dará mucha luz respecto a cómo será esta nueva legislatura y hacia a dónde irá el país.
*Con información de medios.
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