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Las reformas legales que pondrán fin a las llamadas “pensiones fifís” que otorga el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), no bastan para ajustar cuentas sobre el escandaloso manejo de los fondos de los trabajadores del estado que fueron utilizados con evidente ligereza.
Acotar los pagos a los pensionados VIP, significaría ahorros anuales de 38 millones de pesos, pero no representan gran cosa respecto a los más de dos mil 500 millones de pesos que fueron dilapidados en proyectos absurdos.
Además de los fondos invertidos con “manga ancha”, hay que recordar la impunidad que hay en el organismo.
Hasta ahora, se sabe de una veintena de carpetas abiertas contra ex directivos por delitos como fraude, abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y hasta robo.
Pero los primeros acusados fueron ex jefes de departamento y solamente se dio el caso del ex director Fidel Armando Ramírez, a quien lo acusan de fraude en la adquisición de fármacos a sobre precio.
Aunque era el director en el gobierno de Aristóteles Sandoval, no necesariamente fue quien tomó las decisiones del empleo de los fondos, pero se ha mostrado hermético a hablar sobre el “modus operandi” de los personajes que tenían el control del instituto.
Con el ánimo de que al contemplar el árbol (las pensiones doradas) nos estemos olvidando del bosque, conviene hacer un recordatorio de los delicados expedientes.
El primero de todos es Chalacatepec. La nueva ley del organismo fue estrenada con esta inversión de 89 millones de dólares en la cual Ipejal se asociaba con la empresa Rasa Land para realizar un desarrollo turístico en la Costalegre en una superficie de mil 200 hectáreas.
Pero 75 millones de dólares aportados en el Fideicomiso F-380, fueron empleados por la empresa para adquirir las citadas tierras que le daban derecho a Pensiones de poseer el 48.5 por ciento del proyecto.
De la mano de Ricardo Santacruz Mahoney, fueron compradas las superficies a un puñado de ejidatarios a quienes pagaron en siete y hasta en 20 pesos el metro cuadrado, pero las transacciones fueron reportadas al fideicomiso en 13 dólares el metro cuadrado.
Pese a que llegaron al seno del consejo directivo del Ipejal numerosas quejas y denuncias de miembros del ejido José María Morelos en Tomatlán, éste no se tomó la molestia de ordenar una investigación sobre este primer paso fraudulento.
También figura la legalidad de las hectáreas compradas. Por varios años, el proyecto se detuvo por un amparo de los ejidatarios que consideran las tierras de Chalacatepec parte del ejido dotado con 12 mil 400 hectáreas.
Según Rasa Land, fueron adquiridas a particulares que tenían distintas fracciones de un predio denominado Param y Chola, que formaba parte de un viejo litigio por tres mil 357 hectáreas que pequeños propietarios pelearon para dejar fuera de la dotación ejidal al argumentar que no formaban parte de la ex hacienda La Nancy, expropiada en 1960 y entregada una parte a José María Morelos y otra porción al ejido Campo Acosta.
Pero la hacienda del general Roberto Fierro tenía 54 mil hectáreas y por las coordenadas que refieren del mencionado predio, era imposible que dentro de La Nancy existiera otra propiedad privada.
