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Un millón de medianas empresas quebradas y dos millones de desempleados, muchos de los cuales todavía no consiguen un trabajo formal, son efecto de la austeridad fiscal aplicada por el Gobierno de México durante la pandemia de covid-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha recomendado, y que lo colocó como el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante este trance y el que prefirió evitar dañar sus finanzas públicas antes que apostar por rescatar medianos y pequeños negocios que a la fecha siguen cerrando sus puertas derrotados por la pandemia y abandonados por su gobierno.
Uno de los argumentos del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables. Un segmento débil desde la óptica de Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY, entrevistado por BBC Mundo.
Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor.
Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.
«Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas», advierte.
Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.
El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.
«Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas».
Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, «había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político».
A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.
«Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo», señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.
«México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles», agrega el documento.
Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal «obviamente hubiese beneficiado a la población» y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.
Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0,7% del producto interno bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.
Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.
Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.
Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.
«Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública», dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.
En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4,25% por los préstamos.
«El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error», dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.
Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villarreal sostiene que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.
Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.
Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.
«En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador», apunta Villarreal
Aunque la economía cayó un 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno, con el siguiente argumento:
«La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad», dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.
«Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias», agregó.
El problema es que la pobreza no disminuyó y por el contrario, el número de pobres según el estudio más reciente de Coneval pasó de 51.9 a 55.7 millones, es decir, 3.8 millones de mexicanos cayeron en pobreza en el último año.
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC, considera que «la respuesta fue limitada» en los apoyos fiscales.
«No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado».
Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, señala que «no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal».
«Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal», dice el investigador.
Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.
En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.
«La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad», apunta.
Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.
México ha resultado ser el país más tacaño durante la pandemia, el que menos hizo por apoyar a pequeños y medianos empresarios sin argumentos sólidos para ello. El que prefirió proteger sus finanzas públicas antes que la economía de millones de familias. El que cerró los ojos ante la quiebra de un millón de empresas y la pérdida de dos millones de empleos; y el que ha incrementado 3 millones 800 mil personas a las filas de la pobreza.
*Con información de BBC Mundo
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