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Ni la buena noticia de las vacunas para los maestros anunciada por el gobernador, ni la Guadalajara contenta ofrecida por Pablo Lemus, pudieron aplacar la sensación de incertidumbre y temor que vivió este lunes la capital de Jalisco.
Una balacera a plena luz del día con muertos, detenidos y hallazgo de personas privadas de la libertad en una de las colonias más emblemáticas de la perla tapatía, es reflejo del nivel de inseguridad y violencia que enfrentamos.
En torno a este panorama hay demasiados indicadores: un promedio de ocho crímenes violentos diarios, un Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses completamente desbordado y con cientos de cuerpos sin identificar (peor que en la crisis de los camiones refrigerantes), miles de desaparecidos, cuerpos abandonados en plazas públicas, “levantones” y comandos actuando impunemente en las calles.
Y como respuesta a este desolador mosaico, llegan a la metrópoli cientos de elementos de la Guardia Nacional que vemos en sus unidades en convoyes que circulan por las principales avenidas, como si se tratara de un desfile del 16 de septiembre.
Aunque la autoridad maneja la información como si se tratara de “un fuerte golpe a la delincuencia” por haber capturado a una treintena de presuntos maleantes y liberar a seis personas privadas de la libertad, lo realmente preocupante es cómo el crimen organizado con toda frescura opera casas de seguridad en Chapalita, retiene a ciudadanos y mantiene un arsenal dentro de las fincas.
Es la misma historia de trasladarse con un cuerpo envuelto en cobijas, con letreros sujetos con un puñal para abandonar los restos en una plaza de Tlaquepaque.
Y si todo esto no fuera suficiente evidencia del narco estado en México, en pleno proceso electoral llegan noticias del activismo de grupos criminales que juegan su rol de muerte en el año político.
Decenas de candidatos han sido agredidos o asesinados en el país, mientras que por todos rumbos se filtran rumores de los “dueños de la plaza” presionando a los aspirantes para colocar sus piezas en el gobierno y hasta en las policías locales.
La famosa coordinación entre gobierno federal y estatal no avanza más allá de los discursos y los únicos operativos que funcionan a medias son los dedicados a cazar automovilistas con unas copas de más.
El clima de inseguridad en Jalisco no es nuevo. Se ha ido acumulando en varios años por omisiones, incapacidades o complicidades de gobernantes en turno, pero lo cierto es que es urgente que se repita una cruzada como la ocurrida a fines de los setenta con la legendaria “Operación Cóndor”, cuando las fuerzas federales barrieron en Sinaloa con las bandas de narcotraficantes.
Si bien como resultado de aquel operativo los principales capos se asentaron en Guadalajara, urge ahora que la barredora se emplee en Jalisco con todas sus fuerzas.
Mientras esto no ocurra, los ciudadanos no estaremos tranquilos con las explicaciones de que se trata de delitos federales, mientras se ensalza aquí la reducción de robos a casa habitación.
Porque si se trata de repartir culpas, tampoco en el estado estaremos dispuestos a que nos repitan la fórmula de la mañanera del presidente y nos digan que en materia de seguridad en Jalisco, el gobernador tiene otros datos.
