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La semana pasada, el 26 de enero para ser exacto, se cumplieron once años del anuncio del entonces gobernador, Emilio González Márquez, de la construcción de un “Nuevo Cancún” para la Costalegre.
Más de una década después, el enmarañado desarrollo turístico de Chalacatepec ahora denominado Xala, está muy lejos de realizarse.
Uno de los últimos intentos de Rasa Land y el gobierno estatal para mantener a flote el proyecto, ocurrió el 23 de octubre de 2019 cuando se eligió a la nueva directiva del ejido y en una burda maniobra se rasuró a unos 200 ejidatarios que se oponen al mega desarrollo.
Pero la directiva elegida irregularmente, no fue reconocida por las autoridades federales porque el Registro Agrario Nacional se negó a dar entrada al nuevo comisariado ejidal.
Cuatro ejidatarios interpusieron el juicio de amparo indirecto 2466/2019 ante el Juzgado 16 de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo de Jalisco, para dejar sin efecto la elección e impedir el registro de las autoridades del ejido José María Morelos, lo que derivó en una suspensión de plano.
Antes, en 2017, un grupo de ejidatarios también había interpuesto el amparo indirecto 1833/2018 contra la resolución del Tribunal Agrario 13 de fecha 13 de octubre de 2016 en el expediente 25/2017, que avala la asamblea del 18 de octubre de 2016 donde se toman decisiones sobre parcelas, tierras de uso común y solares urbanos, sin tomar en cuenta a los afectados.
También para este recurso se obtuvo una suspensión de plano.
No obstante, los abogados de los ejidatarios inconformes con el llamado “Nuevo Cancún”, preparan otros recursos como pedir la anulación del Fideicomiso F/380 creado con tierras aportadas por Rasa Land y 89 millones de dólares del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
En concreto, las mil 200 hectáreas aportadas por Rasa Land a través de distintas sociedades anónimas, formarían parte de la ex hacienda de La Nancy que fue expropiada y dio origen a varios ejidos, entre ellos el de José María Morelos que recibió 12 mil hectáreas.
En ese centro de población que pertenece a Tomatlán, fueron “sembradas” pequeñas propiedades que después fueron registradas por particulares quienes habrían vendido a los promotores del desarrollo turístico.
Además, los representantes legales de los ejidatarios, habrían encontrado escrituras falsas de los terrenos que integraban el paño con el que participaron en la sociedad con Pensiones.
Es por esto que pedirán la disolución del Fideicomiso F/380 por estar viciado de origen, lo mismo que denunciarán simulación de actos jurídicos y fraude.
Al no poderse sostener jurídicamente el fideicomiso, tampoco tendría validez la sociedad con Activos Turísticos de México (ACTUR), en la que Pensiones del Estado posee el 24 por ciento y que participa en el holding que integran Xala, La
Mandarina (en la Riviera Nayarit) y el hotel Four Seasons en la Ciudad de México.
Ya sea por los once años que han pasado, los procesos legales que enfrentó y los que están vigentes, el caso es que el sueño de Emilio de ver un Nuevo Cancún en Jalisco podría esfumarse… lo mismo que 89 millones de dólares de Pensiones que hoy sirven a los empresarios de Rasa Land para otras inversiones en México y el extranjero.
