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Al ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, le quieren cargar todos los muertos.
El escándalo de los cadáveres guardados en cajas refrigerantes de tráileres que después fueron movilizados al menos a tres puntos de la ciudad, persigue al destacado abogado y académico al que la Fiscalía Anticorrupción le abrió una carpeta de investigación por abuso de autoridad.
Sin embargo, en el abultado expediente, Cotero ha señalado lo que en reiteradas ocasiones hizo público: que los cuerpos eran responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, lo mismo que la decisión de contratar los tractocamiones para almacenar a los fallecidos después que desbordaron las cámaras del IJCF.
En una investigación paralela, la Contraloría del Estado sólo encontró “faltas leves” en la función del ex director del instituto al no haber supervisado al responsable del área forense, Eduardo Mota.
En cambio, en la acusación de la Fiscalía contra Cotero Bernal, lo considera responsable por un trato “indigno” a los cadáveres que eran recibidos en el instituto para los procedimientos de ley, por lo que estima que se perfila el delito de abuso de autoridad que se castiga con pena de uno a cinco años de prisión.
Desde el 2016, Luis Octavio Cotero Bernal había advertido a la Fiscalía General, al entonces secretario general de Gobierno, Roberto López Lara –-de quien depende por ley el instituto—y hasta al propio gobernador, que las instalaciones del organismo estaban rebasadas y que ya no cabían más cuerpos.
La descomposición de los cadáveres propiciaba olores insoportables, mientras que los líquidos “taparon” los drenajes, ante lo cual el Fiscal Central, Rafael Castellanos, propuso la contratación del primero de los tráileres.
Cuando la caja refrigerante se llenó, una vez más volvió el problema con los restos y el 10 de julio de 2018, la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco realizó una supervisión donde refiere el cúmulo de cuerpos y el inadecuado manejo de una caja de tráiler para albergarlos.
En el documento, estima que hay unos 300 cadáveres en el contenedor “móvil” (sic), sin contar con sistema de ventilación y equipo para filtración de gases, lo que acelera la descomposición y genera condiciones graves de salud para el personal que labora en el IJCF.
Por todo esto la opinión técnica de la Unidad de Protección Civil recomendaba que se retiraran “inmediatamente los cuerpos almacenados en las instalaciones”.
La Fiscalía General decidió contratar otro tráiler y movilizar el primero a una bodega de La Duraznera, luego fue llevado a un terreno en Tlajomulco, después a una bodega de la calle 14 y luego de regreso al instituto.
Según Cotero Bernal, de todo esto hay oficios y conversaciones por whatsapp que fueron aportadas como pruebas en la carpeta de investigación, para acreditar que los exfuncionarios aludidos –-incluido el ex gobernador–, siempre fueron informados de la crisis de cuerpos del área forense.
Cuando sucedió el conflicto de los tráileres, los cadáveres acumulados no llegaban a mil, no obstante, hoy el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses enfrenta una situación similar con al menos dos mil cuerpos que rebasan su capacidad de almacenamiento.
Otra vez fueron contratadas cajas refrigerantes –-esta vez sin ruedas—para ampliar la capacidad de atención, pero hay más de 15 mil dictámenes de ADN pendientes, faltan peritos y familiares de desaparecidos viven en constante romería en búsqueda de atención.
Y la situación actual, para la Fiscalía Anticorrupción, no es un “trato indigno” para los fallecidos y las familias de desaparecidos.
