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Un tema al que se le debe dar completa atención para evitar que se siga pagando con vidas “errores o descuidos”, es el referente al abasto de medicamentos.
No se puede permitir que quienes debiesen tener cubierto el suministro de medicamentos, continúen incumpliendo con su labor en detrimento de la salud de millones de mexicanos y provocando muertes que no se habrían registrado si se tuviese completo el cuadro de medicamentos oncológicos. Situación que según registros de diversas instituciones, ha motivado el deceso de al menos mil 800 menores de edad, en lo que va desde que el año pasado comenzaron a escasear los fármacos para sus tratamientos.
Por si fuera poco, ahora nos dicen que el déficit podría ampliarse a otras áreas de la salud y no ser exclusivo al tema oncológico. Lo anterior en razón de la sanción que esta semana le fue impuesta a Laboratorios Pisa S.A. de C.V., y a la Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El periodista y escritor, Ricardo Raphael, aseveró que la farmacéutica jalisciense, Pisa, fue sancionada por una infracción menor, ocurrida en 2017, y quedó impedida para vender productos al gobierno durante casi tres años.
“Se trata de la misma empresa que, hasta mediados de 2019, proveía a nivel nacional 85 por ciento de los medicamentos contra el cáncer. La suspensión de actividades de su planta, a cargo de la Cofepris, es la principal explicación de la carestía que tiene en jaque a decenas de miles de pacientes oncológicos.
Esta situación da para escribir una novela trágica. Pisa afirma que el cierre en la línea de producción de 29 claves farmacéuticas, por parte de Cofepris, impidió que continuara surtiendo al mercado. La autoridad, por su lado, asegura que la empresa quiso extorsionar al gobierno escondiendo el medicamento.
En cualquier caso, quien sea culpable cometió un acto inmoral que merece ser investigado, incluso penalmente, porque cerró la principal fábrica de medicamentos oncológicos del país sin haber previsto una alternativa.
El miércoles, el pleito escaló varios niveles: la SFP prohibió a todas las dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal realizar cualquier acuerdo comercial con Pisa.
Es imposible cuantificar el impacto que tendrá la nueva decisión en el sistema de salud, pero la experiencia de la crisis oncológica puede ayudar con el cálculo.
Pisa es una empresa que provee, por ejemplo, más de la mitad de los servicios de hemodiálisis en el sistema público de salud. Una filial suya es también la empresa dominante en la mezcla de fármacos oncológicos. Es, además, la principal fabricante mexicana de ansiolíticos, antidepresivos, sueros y antibióticos. En total, su producción anual supera las 830 millones de dosis médicas y una buena parte de ellas eran consumidas en el sector público”.
De acuerdo con El Informador, La Secretaría de la Función Pública (SFP), resolvió sancionar a las compañías mencionadas con una inhabilitación por 30 meses y una multa por poco más de 1.1 millones de pesos a cada una, por falsear información en contratación de un servicio integral de anestesia con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El organismo detalló que las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato” con el IMSS.
Al respecto, Grupo PiSA, operadora de Laboratorios PiSA y Dimesa, informó que la sanción se vincula con un proceso de adjudicación de Servicio Integral de Anestesia (SIA) para el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se llevó a cabo en el año 2017.
Refirió que el motivo es la presentación de documentación que aseguraba contar con las condiciones técnicas para cumplir el contrato y que las autoridades consideraron que no respaldaba plenamente la oferta.
El alcance de la inhabilitación, detalló, es exclusivo para las entidades federativas, municipios y alcaldías donde las adquisiciones se realicen con cargo total o parcial a fondos federales. Señaló que en los contratos vigentes con este laboratorio y con Dimesa seguirán surtiendo órdenes de compra.
“En Grupo PiSA somos respetuosos de las normas y disposiciones que emita el Gobierno Federal. Confiamos en las Instituciones que hacen valer la Justicia y el Estado de Derecho”, puntualizó la compañía.
Ricardo Raphael, también recordó que la escasez de medicamentos oncológicos en México significa una crisis constitucional de proporciones graves: el artículo 4º establece la obligación del Estado para proteger la salud de las personas, y hoy no hay fármacos suficientes para el tratamiento quimioterapéutico de decenas de miles de pacientes. Son víctimas de la situación los niños y las niñas con cáncer, como se ha visto mediáticamente, pero también el resto de la población.
Médicos, familiares, pacientes y asociaciones reportan una caída extraordinaria del surtido en hospitales y farmacias públicas y privadas. A su vez, la reducción de la oferta provocó que el precio se haya multiplicado. ¿Cómo sucedió que los medicamentos contra el cáncer comenzaron a escasear en México?
Responder esta pregunta no es fácil ya que, además de revisar documentos oficiales para este texto, realicé más de una decena de entrevistas sobre el tema a médicos y miembros de organizaciones civiles, quienes me solicitaron omitir sus nombres por miedo a represalias. Acusan, en particular los médicos, a un ambiente opresivo para hablar con libertad.
Afirman que fue un problema de presupuesto ya que, en cada cambio de administración federal, suele ocurrir que el gobierno saliente cierre la llave antes de concluir.
Señalan también que el desabasto tiende a ser desigual según la región del país y que antes impactaba más en los estados del sur y sureste. Sin embargo, el desabasto previo no es en nada comparable al que comenzó a vivirse a nivel nacional a partir de septiembre de 2019. Si antes rondaba 30%, ahora es superior a 70%.
El comienzo de esta tragedia puede fecharse el 14 febrero de 2019, cuando los Servicios Coordinados de Salud en el estado de Puebla notificaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que ocho pacientes del Hospital del Niño Poblano, habían presentado reacciones adversas por la administración de un medicamento denominado metotrexato, producido por la empresa mexicana Laboratorios Pisa.
Once días después, Cofepris se presentó en la planta principal de Pisa para realizar un análisis microbiológico y fisicoquímico del producto. Al final concluyó que el medicamento satisfacía los estándares requeridos y no era peligroso para la salud.
El reporte dice a la letra: “Se encontró que el medicamento tiene cero defectos críticos, cero defectos mayores y cero defectos menores”. Cofepris adjudicó la reacción detectada a razones ajenas a la producción del medicamento.
Sin embargo, tres meses después, el 6 de mayo de 2019, personal de Cofepris volvió a las instalaciones de Pisa para verificar una vez más el medicamento referido y las condiciones generales de la empresa para surtir el metotrexato.
Las verificadoras responsables de elaborar el reporte fueron Ruth Jaimes Arroyo y Elsa Zárate Castillón. Quien firmó esta orden de verificación fue Ricardo Cárdenas Orozco, director ejecutivo de Supervisión y Vigilancia sanitaria.
De acuerdo con el reporte de verificación, se observó el expediente de fabricación, el surtido de materias primas, el ajuste de la potencia del activo oncológico, la preparación a granel, así como la filtración, y se inspeccionaron las muestras de retención del producto, entre otras tareas.
Por segunda ocasión, la autoridad refirió que el medicamento no tenía defectos críticos de relevancia. Sin embargo, Cofepris decidió detener la producción e inmovilizar la distribución del metotrexato. El reporte de Jaimes y Zárate señala como causas que la Cofepris no haya verificado continuamente con anterioridad el proceso de fabricación, que la farmacéutica no contara con la revisión de 2018 (programada para octubre de 2019), y que durante las revisiones de 2016 y 2017 la planta presentara diversas deficiencias menores.
En conclusión, Cofepris ordenó suspender la fabricación del metotrexato hasta nuevo aviso. Esto implicó frenar la línea de producción y sellar “los objetos” —la maquinaria— utilizados en los procesos de fabricación. La suspensión seguía vigente hasta el 20 de octubre.
La autoridad no valoró que en esa misma línea de producción se elaboraban otras 29 claves farmacéuticas además del metotrexato; es decir, la materia prima utilizada para la fabricación de aproximadamente 85% de los medicamentos que se consumen en México para el tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer.
Cofepris también cerró varias plantas mezcladoras propiedad de Laboratorios Pisa, que se dedicaban a producir la dosis precisa que cada paciente con cáncer requiere para su tratamiento. La edad, el sexo, el peso y el tipo de enfermedad implican un protocolo quimioterapéutico distinto para cada paciente, y esas plantas mezcladoras ayudan en esta tarea especializada. Cerrarlas derivó en un agravamiento del problema porque esas plantas dominan el mercado y no había otras que les sustituyeran en un plazo tan corto.
Los argumentos políticos del gobierno ante la opinión pública para el cierre de la línea de producción de PISA son dos: desbaratar el control monopólico de este laboratorio y combatir las prácticas corruptas alrededor del mercado de las medicinas.
Que una sola empresa domine más de dos tercios del mercado de los medicamentos oncológicos debe ser, en efecto, una preocupación para el sistema de salud. Sin embargo, no tendría por qué ser Cofepris quien combata la dominancia de Pisa, sino la Comisión Federal de Competencia. Había otro camino para diversificar el mercado sin afectar el tratamiento de los pacientes.
De haber violado Pisa alguna ley o corrompido a la autoridad sobre un tema tan delicado como el abasto de medicamentos contra el cáncer, se debió proceder penalmente en contra de los dueños y directivos de esa empresa. Sin embargo, un año y seis meses después del cierre de las plantas de Pisa, nadie ha interpuesto una sola demanda penal, acaso porque no hay elementos para ello.
El daño que iba a implicar el cierre de la principal fábrica de medicamentos oncológicos en el país se calculó de manera irresponsable. Lamentablemente todavía no existe otro laboratorio capaz de suplir el abasto que proveía Pisa antes de que Cofepris cerrara su línea de producción.
Los laboratorios del extranjero tampoco son capaces de llenar este vacío, ya que tienen comprometidos sus suministros por adelantado. Ninguno puede, de la noche a la mañana, abastecer una población de pacientes tan grande como la mexicana. Además, los medicamentos importados suelen ser más caros y, sobre todo, requieren de una licencia sanitaria que Cofepris tarda en entregar.
Si se quería combatir a una empresa dominante, si se quería evitar la corrupción en las verificaciones, o si se quería eliminar a la industria nacional productora de fármacos contra el cáncer, había otras rutas, distintas a la elegida, la cual está haciendo pagar a muchos justos por culpa de unos cuantos pecadores.
A partir de ahora, la crisis de los medicamentos contra el cáncer va a extenderse hacia otras áreas sensibles de la salud pública. Cabe temer, como sucedió en el tema oncológico, que el gobierno no cuente con un plan B para administrar el terremoto que viene.
Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
