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Aunque el gobierno estatal se ufana en el discurso de combatir la corrupción (sobre todo la del sexenio anterior), en la práctica, liquidar organismos públicos descentralizados en Jalisco ha sido sinónimo de borrón y cuenta nueva.
Dos botones de muestra son las empresas camioneras Servicios y Transportes y Sistecozome, que fueron desmanteladas sin haber llamado a cuentas a quienes las convirtieron en barriles sin fondo, pese a que existían auditorías practicadas que confirmaban los daños al erario.
La Contraloría del Estado detectó en las auditorías de 2016, 2017 y 2018 a Servicios y Transportes, elementos suficientes para acreditar irregularidades administrativas y un evidente daño patrimonial, lo que fue reportado en el DGP/4349/2019 enviado el 29 de noviembre de 2019 al director general del OPD, Omar Alberto Vargas Amezcua.
De las revisiones a las cuentas y operaciones de la paraestatal, se generaron 12 observaciones no aclaradas sobre el manejo financiero que englobaban un monto de 2 mil 374 millones 096 mil 588 pesos, que superaban en 776 millones de pesos los reconocidos en la iniciativa de liquidación enviada al congreso para extinguir la empresa.
En el desglose de deudas, se ubicaba una deuda con el Instituto de Pensiones de Jalisco por 134 millones 841 mil 155 pesos; con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), mil millones 859 mil 759 pesos y por pasivos acumulados, sumaba mil 230 millones 420 mil 509 pesos.
La Contraloría del Estado informó en el oficio que dio por concluido el proceso de auditoría con observaciones sin solventar, por lo que solicitaba que el órgano de control interno iniciara los procedimientos legales ante el elevado riesgo de daño patrimonial.
Además de los citados adeudos, la contraloría encontró pagos indebidos de telefonía celular, pagos fraccionados, pasivos que superaban a los activos y una perla extraordinaria que fue la liquidez con que cerró la empresa en 2017: de cada peso que se debía, sólo tenía 5 centavos.
Pese al daño patrimonial acreditado de 2 mil 374 millones de pesos, el Gobierno del Estado decidió asumir la deuda impagable de mil 598 millones de pesos, licitar 22 rutas de la empresa y entregar a Pensiones del Estado 10 lotes y 5 hectáreas propiedad de Servicios y Transportes.
De procesos penales contra quienes llevaron a la bancarrota al organismo, nada se ha sabido.
El otro caso es Sistecozome. El 5 de octubre de 2017, la Contraloría del Estado presentó la denuncia por peculado y desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, en contra de la contraloría interna, el área administrativa y el área de finanzas.
En concreto, la denuncia englobaba el opaco manejo financiero de cuentas por cobrar y la deslealtad de la administración que ocasionaron un quebranto y daño patrimonial por 498 millones 529 mil 763 pesos.
La denuncia está todavía en etapa de integración ante el ministerio público que solicitó información mediante oficio 16/2019/V para integrar la carpeta de investigación.
La contraloría aportó más pruebas mediante oficio 933/DC/CGPE/2019 y en alcance por otro oficio el 1537/DGJ/CGPE/2019, mientras que el 11 de abril de 2019 envió los documentos de trabajo del área de auditoría.
Este próximo 5 de octubre, se cumplirán tres años de la denuncia y todavía la Fiscalía del Estado no termina de armar el rompecabezas de la investigación de Sistecozome, por lo que la impunidad sigue y los responsables de la quiebra ahora son hasta asesores.
