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Después de seis años que la justicia les diera la razón y considerara ilegal la expropiación que les arrebató sus tierras, a los ejidatarios de El Zapote les siguen dando atole con el dedo… aunque ahora sea de color moreno.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los integrantes del ejido fueron víctimas de una serie de omisiones, tácticas dilatorias y un cúmulo de marrullerías para ganar tiempo y no acatar la resolución del juzgado tercero de distrito que obligaba a pagar la indemnización de los terrenos.
Pero con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las cosas no han marchado mejor para el puñado de campesinos que ven como las promesas de solución se repiten y todo queda en el limbo.
De acuerdo con la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, la sentencia implicaba anular la expropiación de 1975 de 307 hectáreas afectadas al ejido El Zapote para la ampliación del aeropuerto internacional de Guadalajara y conminaba al gobierno federal a pagar la indemnización de las tierras ante la imposibilidad de restituirlas.
La SCT siempre argumentó que ya había pagado las hectáreas porque entregó un cheque por 40 millones de pesos en el gobierno de Felipe Calderón que luego quedó en claro que no fue por ese concepto.
En la actual administración, el presidente directamente prometió a los ejidatarios cuando lo abordaron en su camioneta (como cuando saludó a la mamá del Chapo), que la Secretaría de Gobernación atendería el conflicto.
Durante varias semanas, los ejidatarios acudieron a reuniones con el subsecretario Ricardo Peralta Saucedo en mesas de diálogo a la que estaban convocados funcionarios de la SCT y representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico que tiene la concesión de la terminal aérea.
Pero en las mencionadas reuniones no se avanzó tampoco nada. Si acaso consiguieron que los ejidatarios bajaran el tono de sus protestas y devolvieran las instalaciones del estacionamiento que tenían tomadas.
Con el tema de la pandemia, se abrió un largo compás de espera para los ejidatarios que simplemente se enteraron que el mediador del gobierno federal para resolver el conflicto, Ricardo Peralta, fue removido tras desaparecer la subsecretaría a su cargo por temas de austeridad y quedaron a la deriva los “avances” que llevaba el caso.
Ahora, una vez más en un atropellado encuentro con el presidente en su camioneta en el aeropuerto, López Obrador les dijo a los ejidatarios que buscaran a su asesor jurídico, Julio Scherer Ibarra.
La reunión con Scherer no fue mejor que las otras. Fue volver a empezar y exponer por enésima ocasión la historia del despojo.
Además se puso en entredicho el monto de mil 317 millones de pesos exigido por los ejidatarios, cuando en realidad fue propuesto por un perito valuador enviado por el juzgado y que fue aceptado por El Zapote.
Finalmente de la reunión con Scherer se sacó como resultado… ¡sostener otras reuniones!
Aunque ya había una sentencia desde 2014, un juicio sustituto para pagar la indemnización, un avalúo ordenado por el juez de distrito y la “voluntad política” expresada por el presidente de resolver el problema, la verdad es que a lo largo de estos años el gobierno federal (del color que sea), sigue sirviendo a los ejidatarios ollas de atole sin cuchara, para que utilicen el dedo.
