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Como una voz en el desierto, el dirigente de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, siempre sostuvo que el proyecto de Chalacatepec que impulsaba el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, era en realidad un “fraude maquinado”.
La maquinación del mismo habría pasado por una reforma de ley para desparecer el Departamento de Pensiones y darle una figura jurídica distinta para que pudiera disponer de los cuantiosos bienes y recursos de los burócratas estatales, en inversiones “procurando siempre su conservación e incremento”.
Las reformas a la ley fueron realizadas el 19 de noviembre de 2009, pero desde 2007 se habían conformado las empresas Paraland, Chalalegre y Chalamar, quienes habrían de aportar mil 268 hectáreas al fideicomiso irrevocable F/380 que dio paso al proyecto de Chalacatepec, donde se construiría un “nuevo Cancún”, según las palabras del exgobernador Emilio González Márquez.
Una historia de película ha envuelto al malogrado desarrollo. Desde una serie de compras irregulares de las citadas tierras, con propiedades “sembradas” en tierras ejidales, predios pequeños propietarios inexistentes, hasta procesos legales con amparos y denuncias que retrasaron por años el complejo turístico.
Fueron tan cambiantes los planes que hasta Chalacatepec desapareció. Primero fue modificado el concepto del desarrollo que en una Manifestación de Impacto Ambiental inicial contemplaba campos de golf y en un nuevo proyecto desaparecían los campos y aparecía hasta un mercado de pescadores.
Los promotores decidieron suprimir Chalacatepec para bautizarlo como “Xala”.
Pero desde 2013 en realidad el proyecto original había cambiado. Aunque el fideicomiso F/380 existe, en una sesión extraordinaria el 12 de septiembre de 2013 el Consejo Directivo de Pensiones del Estado cedió el 48.5 por ciento de los derechos del fideicomiso para formar parte de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de CV) denominada Activos Turísticos de México (Actur).
Este corporativo aglutina a Xala (proyecto de Rasa Land y Pensiones de Jalisco), el hotel Four Seasons de la Ciudad de México y el desarrollo de La Mandarina, en Nayarit.
En la citada sesión se mencionaba que la incorporación a Actur, representaría una “utilidad” de dos millones 29 mil dólares 505 dólares, respecto al valor original aportado por Ipejal al Fideicomiso F/380.
Pero la Contraloría del Estado en su informe de auditoría DGP/434/2015, sostiene que en realidad habría un perjuicio patrimonial. Señala que fueron cedidos los derechos fideicomisarios del Ipejal a favor de Actur por 824 millones 523 mil 525 pesos, cuando la aportación inicial de Pensiones fue por mil 153 millones 636 mil 750 pesos, por lo que hay una diferencia de 329 millones 113 mil 225 pesos.
En dicha reunión se destacaba que la inversión tendría una vida finita. Actur tendría cuatro años para realizar las inversiones y cuatro años para la desinversión o venta de las mismas.
En tres días más, el 12 de septiembre, se cumplirán siete años de esta fusión. Esto quiere decir, que en un año más deberían regresar las inversiones del fondo de los trabajadores con sus respectivas utilidades.
Sin embargo, Xala no se ha construido y de acuerdo con el fideicomiso F/380 serían los empresarios de Rasa Land quienes tienen mano para retirarse del proyecto con todos sus recursos, antes que Pensiones.
La cláusula séptima menciona que la empresa tiene el derecho de reversión por lo que Rasa Land podría terminar la transacción por algún desacuerdo o por situaciones económicas nacionales o internacionales. También precisa que en esta decisión, los empresarios mantienen el derecho a revertir a su favor los predios aportados.
Diez años después, Xala y Actur, han terminado por ser negocios de saliva. Y si es cierto que todo fue un fraude maquinado, quienes fraguaron la gigantesca estafa están libres y sin preocupación alguna.
