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Varias solicitudes de transparencia al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para conocer de las inversiones bursátiles a la compañía española Abengoa, resultaron ser extraordinarios episodios de humor involuntario.
Aunque existen al menos 21 carpetas de investigación abiertas en torno a los manejos irregulares de recursos en la dependencia por unos mil millones de pesos, por motivo de la pandemia del coronavirus poco se han avanzado en las pesquisas contra los presuntos responsables.
En cambio las determinaciones adoptadas por el comité de transparencia del instituto para declarar reservadas las informaciones financieras requeridas, fueron motivo de una celosa vigilancia –¿o complicidad?—y hoy pueden producir una sonora carcajada.
El 5 de abril de 2016, se recibió el expediente IPEJAL/UT/121/2016 con folio 008830916 mediante la cual se solicitaba textualmente:
“¿Tiene el Fondo de Pensiones de Jalisco inversiones, bonos, certificados o cualquier otro instrumento de inversión con la empresa Abengoa México o subsidirias o la empresa matriz, Abengoa?”.
Otras solicitudes de información, la IPEJAL/UT/155 y la 156, pedían además “Copia del Acta de Inversión que consigna las decisiones tomadas por el Comité de Inversión para la adquisición de certificados bursátiles relacionados con la emisora Abengoa México y/o subsidiarias del 2012 al 2016”.
Los requerimientos dieron paso a una extensa sesión del Comité de Transparencia del IPEJAL el 28 de abril de 2016 y en un documento de 18 cuartillas se declaraba reservada y confidencial la información solicitada relativa al detalle de las inversiones del IPEJAL.
En la exposición de los motivos que llevaron a los integrantes del comité a tomar tal decisión, se apuntan los siguientes conceptos que no tienen desperdicio:
La información detallada de las inversiones al público genera incertidumbre en la administración de los recursos financieros, interpretación equivocada de terceras personas sobre la finalidad de las inversiones, confabulación de instituciones financieras en perjuicio de los rendimientos del IPEJAL, politización de la información causando que el IPEJAL realice movimientos no programados lo que ocasionaría que no obtenga el beneficio esperado, aumento del riesgo y posibilidad de actos delictivos en contra de IPEJAL y desviar la estrategia financiera que lleva la institución.
El comité determina reservar la información por un lapso de 5 años que concluye en abril del 2021 y firma la resolución el entonces director general del IPEJAL y presidente del Comité de Transparencia, Fidel Armando Ramírez Casillas, quien por cierto fue vinculado a proceso por presuntos malos manejos financieros en Pensiones.
La compañía española que ganó y después declinó la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo a León, reclama al gobierno federal más de 5 mil millones de pesos como indemnización y la dependencia jalisciense espera que en un singular rebote, puedan recuperar “algo” de lo invertido y celosamente escondido.
Curiosamente y visto a la distancia, haber reservado la información y declararla confidencial, no impidió como exponía el comité de transparencia, que al Instituto de Pensiones le llegaran los ladrones.
