La libertad de expresión y el derecho a la información han encontrado obstáculos en esta etapa de pandemia por el COVID-19, a pesar de que es necesario que los medios de comunicación hagan su trabajo para evitar la difusión de información falsa.
Lo anterior fue analizado durante el webinar “Los retos para la libertad de expresión en tiempos de pandemia”, organizado por la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el que participaron el Director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía (SURTyC) de esta Casa de Estudio, maestro Gabriel Torres Espinoza; la periodista y conductora del noticiero “Señal Informativa” de Canal 44, licenciada Sonia Serrano Íñiguez, y el periodista y titular del programa “Territorio Reportaje”, del mismo canal, licenciado Agustín del Castillo Sandoval; todos moderados por la maestra Karina del Carmen Chávez Ochoa, representante de la Oficina de Enlace de la DDU en el Centro Universitario del Sur (CUSur).
Serrano Íñiguez dijo que en esta pandemia persisten los problemas que existían de manera cotidiana, pues a las autoridades no les conviene que el derecho a la libertad de expresión se ejerza.
“Ha sido más difícil ejercerlos ante la suspensión de ciertas actividades. La pandemia ha significado un cambio en la vida cotidiana y en los medios de comunicación, lo que ha implicado que al haber menos movilidad hay menos acceso a las fuentes de información. Se ha aprovechado, además, para dar pasos atrás en materia de transparencia y publicación, y obligaciones en los portales web”, subrayó.
Criticó la suspensión de los plazos de transparencia y acceso a la información dictada por los órganos garantes durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria, lo cual fue un pretexto para la opacidad de los gobiernos.
Esta pandemia no debe provocar que las autoridades lleven a los medios a una agenda monotemática, dijo, pues esas distracciones son aprovechadas por la clase política. Un ejemplo fueron los nombramientos de consejeros de la Judicatura en un proceso cuestionado por la sociedad civil.
Torres Espinoza también criticó la suspensión de plazos en materia de transparencia, y recordó que la libertad de expresión está íntimamente ligada al derecho de acceso a la información, derechos humanos interdependientes en las democracias. La libertad de expresión está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, y se recoge en el artículo 19 del acto internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en México, en el artículo 7 de su Constitución Política.
“El acceso a la información es más reciente, y en México está en la Constitución; por eso no debió de limitarse en tiempos de pandemia, porque es incluso aún más importante en estas circunstancias. La anulación temporal del derecho a saber no ha traído beneficios, y uno se pregunta porque el INAI y el ITEI han promovido la suspensión de plazos”, compartió.
Añadió que la infodemia y la propagación de noticias falsas han dañado la salud de las personas. Un ejemplo es el envenenamiento de personas en Estados Unidos de América, donde el mismo presidente recomendó inyectarse un desinfectante.
En su opinión, “en los tres países con más muertes: México, Brasil y Estados Unidos, el común denominador es una gestión desastrosa de la información”.
Agustín del Castillo consideró que la crisis de los medios ya acumula alrededor de tres lustros, y coincidió en que los tres países que peor han manejado la pandemia tienen gobiernos populistas, y esa tendencia se está replicando en gobiernos locales, con una ofensiva clara contra la libertad de prensa, que debería de ser un pilar de las democracias.
“Es evidente que hay incomodidad por el contrapeso que ejercen los medios. Y pagan justos por pecadores, porque si yo descalifico a los informadores más mediáticos, no justifica a los gobernantes para que haya linchamiento contra reporteros de a pie, quienes levantan noticias y alimentan noticiarios, a los que no son las estrellas que fueron beneficiados por carretadas de dinero en tiempos de Peña Nieto y Aristóteles Sandoval, sino el reportero precario, sin seguro social ni equipo para trabajar; por eso, no podemos negar esta embestida. Tenemos que reconocer los pecados de los medios, de una reforma autocrítica, pero la libertad de expresión es un interés superior”, reflexionó.
El también ganador en varias ocasiones del Premio Jalisco de Periodismo consideró que la suspensión a la revista Nexos, por parte de la Secretaría de la Función Pública federal, “es propia de repúblicas bananeras”, y se pronunció por una regulación del financiamiento con base en una medición objetiva. Como en Francia que, cuando la crisis se dio en los medios, hubo una aprobación de partidas sin condicionamientos de línea editorial.