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Si alguien tiene algo que celebrar en estos aciagos días para la mayoría de los mexicanos, sin duda alguna es la familia Lozoya, tutelada por su patriarca, Emilio Lozoya Thalmann, un viejo lobo de mar que vivió de cerca el poder acompañando y trabajando de la mano de su amigo el expresidente Carlos Salinas de Gortari durante su polémico sexenio, en el que se desempeñó como secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP).
La estrategia para defender a su hijo Emilio Ricardo Lozoya Austin, -quien fuera Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante la Administracion del presidente Enrique Peña Nieto-, detenido en España y extraditado el mes pasado a México acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho y corrupción, ha dejado boquiabiertos a no pocos de los más estudiosos del derecho en nuestro país.
Lozoya padre, encontró en la justicia mexicana un resquicio que no solo le permitió negociar con la Fiscalía General de la República (FGR) la extradición de su vástago, sino que ha conseguido toda clase de privilegios para su querubín, a pesar de que este fue vinculado a proceso por los casos de corrupción Odebrecht y Agro Nitrogenados. Además obtuvo el mismo beneficio para la madre de su hijo, su hija y su nuera, quienes fueron cómplices y participaron en los atracos a la nación.
Todo lo anterior fue conseguido por Lozoya Thalmann, convirtiendo a su hijo en un “soplón” que ahora goza de la protección de la FGR y la estructura de la Federación, tras solicitar la ejecución de “criterio de oportunidad”; una figura constituida en el Nuevo Sistema Acusatorio y Adversarial radicada en la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite al inculpado evadir su responsabilidad penal cuando se compromete a aportar información eficaz y esencial para la persecución de un delito mayor al que se le imputa, y se obliga a comparecer en un juicio para someterse al interrogatorio de un juez y de la defensa de los señalados.
Ya con la protección de la FGR cínicamente los Lozoya han comenzado una férrea pelea jurídica para recuperar las cuentas bancarias que les fueron congeladas, sus bienes asegurados y las facultades de Emilio para ser funcionario público. Así que si alguien tiene que festejar, hasta ahora, no son los simpatizantes de la llamada 4T sino exclusivamente la familia Lozoya, que como ha trascendido, ya hasta una fiesta organizó para celebrar que ninguno de sus integrantes corruptos será alcanzado por la justicia, gracias a su soplón familiar.
De tal suerte que hasta ahora no hay motivos para lanzar las campanas al vuelo en el caso Lozoya como algunos simpatizantes de la Cuarta Transformación lo han pretendido ver. Los supuestos logros del gobierno con la detención, extradición y posterior declaración de Emilio Ricardo Lozoya Austin, son inexistentes.
Este mismo sector de la población también ha expresado júbilo tras conocer a través del fiscal Alejandro Gertz Manero que en su denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado cómo distribuir el dinero de los millonarios sobornos recibidos de la empresa Odebrecht para favorecer la campaña electoral presidencial del candidato priísta en 2012.
Pero aún suponiendo sin conceder que se hubiese incurrido en delitos electorales apoyando con recursos de procedencia ilícita la campaña de Peña Nieto, estaríamos hablando de que no habría delito que perseguir, dado que conforme a lo señalado por diversos estudiosos del ramo penal electoral, entre ellos el ex procurador de la República, Ignacio Morales Lechuga, las acusaciones “podrían ser estériles para iniciar un proceso penal contra ambos exfuncionarios, en virtud de que varios delitos podrían haber prescrito”.
Sin embargo, en el presumible delito de cohecho, de comprobarse sobornos a diputados para obtener los votos necesarios para aprobar la Reforma Energética, aún se estaría a tiempo de configurar la conducta presuntamente constitutiva del delito, y cito:
“De acuerdo con la FGR, en su denuncia Emilio Lozoya señaló que, ya en el gobierno federal, entre 2013 y 2014, Enrique Peña y Luis Videgaray le ordenaron entregar 120 millones de pesos a un diputado y cinco senadores a fin de que estos aprobaran las reformas estructurales que se avalaron en esos años en el Congreso.
Según el artículo 222 del Código Penal Federal aplicable hasta 2014, comete el delito de cohecho el servidor público que solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
Este ilícito también incluye al que “de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva” a algún servidor público. La pena para quien comete este delito es de entre dos y catorce años de prisión.
Si todos los involucrados en estos hechos hubieran cometido el delito en 2013, cuando se aprobó la Reforma Energética, la prescripción operaría hasta 2021. Mientras que, si el delito se consumó en 2014, estaría prescrito en 2022.
Es decir, Peña Nieto, Videgaray y los legisladores señalados por Lozoya sí podrían ser enjuiciados por cohecho, aunque de lograrse esta hipótesis, se trata de un delito que no amerita prisión preventiva, por lo que los exfuncionarios -en caso de que sean imputados por la Fiscalía- podrían llevar su proceso en libertad.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República también puede contemplar acusar de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) a los exlegisladores que habrían sido sobornados entre 2013 y 2014, siempre según lo que ha informado hasta ahora esa institución.
De reunirse las pruebas suficientes, el Ministerio Público Federal tiene hasta el año 2023 o 2024, para ejercer acción penal en contra del diputado y los cinco senadores que habrían sido presuntamente sobornados por órdenes del entonces presidente Enrique Peña Nieto. En este caso no sería por la recepción de esos recursos, sino por las operaciones que hayan realizado con el dinero. (Surya Palacios/Alto Nivel 12-08-20)
Sin duda se aproxima una etapa interesante en la que Emilio Lozoya Austin deberá probar sus dichos; aportar pruebas y presentar testigos ya que todos sabemos no basta un solo testimonio para probar un hecho.
Pero insisto, hasta ahora, la única que sale ganando y que tiene motivos para celebrar, incluso con botellas de vino de 25 mil pesos es la familia Lozoya.
En el recuento tenemos: un detenido que no pisará la cárcel. Una denuncia estéril porque ya prescribió el delito. Un par de expresidentes que si acaso algún día acudirán a declarar y un juicio que no ha comenzado. Nada para festejar, estamos ante una muy presumible puesta en escena que tiene más tintes de circo, de engaño, de cortina de humo, de burla, de atole con el dedo, que de un logro, por dónde quiera que se le busque.
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