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Internado en un hospital se encuentra el recién extraditado procedente de España, Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien arribó a México durante la madrugada de este viernes. Se dijo que habría sido trasladado de inmediato a las instalaciones del Reclusorio Norte, pero hay quienes aseguran nunca pisó dicho inmueble, ya que de inmediato habría sido trasladado del aeropuerto a un hospital privado después de que se le practicaran revisiones médicas y se determinara que se le había encontrado “anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago”. Desgraciadamente el pretexto de una mala condición de salud para proteger a un presunto delincuente es ya poco creíble, tal vez por las múltiples ocasiones que lo hemos visto repetirse. Ojalá, y es lo deseable, que este proceso judicial que está por iniciar se lleve con total transparencia y apegado a derecho para preservar la credibilidad del Estado Mexicano y evitar suspicacias en cuanto a posibles acuerdos para evitar pisar la cárcel.
Por medio de su cuenta de Twitter, la FGR detalló que el extraditado arribó a suelo mexicano a las 00:46 horas del 17 de julio. Se le aplicaron los protocolos correspondientes de lectura de derechos y se le informó que se le estaban ejecutando órdenes de aprehensión por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, por los cuales quedaba detenido.
Ahora bien, en el marco de la extradición de Emilio Lozoya a México, habría que revisar las razones que tienen al ex director de Pemex en el ojo de la justicia y nerviosos a muchos ex compañeros, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto.
De enero a mayo de 2012 Lozoya Austin fungió como el coordinador de Vinculación Internacional en la campaña electoral presidencial del priista Peña Nieto, cargo que lo llevó a conocer a Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México.
Meneses declaró bajo juicio ante autoridades de justicia en Brasil que entregó USD 4 millones para la campaña de Peña Nieto a cambio de contratos de obra pública durante el sexenio si éste ganaba la Presidencia de la República.
Julio 2012, Lozoya Austin integró el equipo de transición del gobierno de Enrique Peña y en noviembre del mismo año, adquirió una casa valuada en 38 millones de pesos.
Un mes después, fue designado director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Luiz Antonio Mameri, presidente ejecutivo de Odebrecht para América Latina y Angola, declaró ante la justicia brasileña que Odebrecht le dio USD 6 millones adicionales a Lozoya.
Para mediados de 2013, Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar, fue comprada tras la autorización de la junta directiva de una filial de Pemex con sede en Holanda.
Una residencia en Ixtapa, con valor de 1.9 millones de dólares, fue presuntamente adquirida por Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México (AHMSA) a nombre de la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes.
En agosto, se identificó una transferencia por USD 1.2 millones desde una cuenta en Suiza, ligada al ex funcionario a la vendedora de la casa en Ixtapa, y para diciembre, Pemex aprobó la compra de Agro Nitrogenados a AHMSA.
En el primer trimestre del año 2014, una de las empresas “fachada” que utilizaba Odebrecht para ocultar sobornos, recibió el depósito de USD 3.7 millones por parte de AHMSA. Para mayo, a través de su subsidiaria Agroindustria, Pemex compró Agro Nitrogenados propiedad de AHMSA, a un sobre costo de 500 millones de dólares.
En el 2016, Emilio Lozoya renunció a Pemex y a mediados de este mismo año lo relacionan con el caso Panama Papers que, exhibió el uso de offshores por parte de políticos, empresarios y famosos para la evasión fiscal.
El 13 de abril de 2017, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo copia de un documento del Supremo Tribunal brasileño, en el que se consigna la acusación que realizó el director de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho.
Dijo que en noviembre de 2014 recibió la orden de pagar ilegalmente USD 5 millones al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, como contraprestación por beneficios indebidos otorgados a la constructora brasileña.
En respuesta, Lozoya aseguró que la acusación era una calumnia, y anunció que se reservaba emprender acciones legales contra quien lo señalara sin fundamentos legales.
En 2017, la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), a cargo de Santiago Nieto dio a conocer que habrá una investigación contra Emilio Lozoya, pero no logra concretarse porque fue separado del cargo.
En 2018, en medio de una nueva contienda electoral a la Presidencia y luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el hoy jefe del Ejecutivo Federal, aseguró que se investigaría el caso Odebrecht.
En 2019, el gobierno de México presentó una denuncia ante la actual Fiscalía General de República (FGR) por la compra de Angro Nitrogenados. En mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto congeló las cuentas de Lozoya y de AHMSA.
A mediados del 2019, Emilio Lozoya ya se encontraba en Alemania, por lo que este país abrió una investigación en su contra y la FGR aseguró su casa en Ixtapa. En noviembre, su madre Gilda Margarita Austin, es vinculada a proceso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, pero logra enfrentar su proceso fuera de prisión.
A principios de este 2020, Emilio Lozoya es detenido por las autoridades de Málaga, España. El 30 de junio pasado, la FGR anunció que Lozoya Austin aceptó la extradición a México para colaborar en las investigaciones emprendidas por las autoridades federales en su contra por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, derivados de sus vínculos con Odebrecht y la planta de Agro Nitrogenados.
Además, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió en febrero pasado que es válida la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en mayo de 2019 a Emilio Lozoya Austin, consistente en la inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos.
El ex director de Pemex ha rechazado en diferentes momentos todas las acusaciones. Pero en febrero su entonces abogado Javier Coello Trejo, después de enterarse de la detención de su cliente, aseguró que “El licenciado Lozoya no se mandaba solo”. Sin citar nombres o cargos, Coello dejó entrever que podrían ser llamados a declarar los ex secretarios de Energía, Hacienda, incluso el ex presidente Peña Nieto.
En tanto, una publicación de “Alto Nivel”, ha detallado los beneficios que podría obtener Lozoya durante su proceso judicial. Señala que incluso podría ver una disminución en sus sanciones: “La Audiencia Nacional de España acordó la extradición de Emilio Lozoya para que sea juzgado en dos causas por los delitos de asociación ilícita (equivalente a asociación delictuosa en México), cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido popularmente como lavado de dinero. Este auto no fue recurrido por el exdirector de Pemex, quien aceptó su traslado a nuestro país ofreciendo colaborar con la indagatoria de la FGR.
En México, el delito de cohecho se comete cuando un servidor público solicita o recibe ilícitamente para sí, o para otra persona, dinero o cualquier otro beneficio para hacer o dejar de realizar un acto propio de las funciones inherentes a su cargo. Las sanciones para el responsable incluyen penas de entre dos y catorce años de prisión.
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita se castigan hasta con 30 años de prisión si el delito lo comete un servidor público, en tanto que la asociación delictuosa, que no es lo mismo que el delito de delincuencia organizada, se sanciona con prisión de cinco a diez años, y de cien a trescientos días de multa (entre 8,688 y 26,064 pesos).
En 2019, la Fiscalía General de la República había informado que Lozoya Austin también estaba acusado de delincuencia organizada, delito que tiene una pena de hasta cuarenta años de prisión. Sin embargo, hace dos semanas, cuando el fiscal Alejandro Gertz Manero informó de la extradición de Lozoya, declinó detallar los delitos por los que la Audiencia Nacional había concedido el traslado.
Esto significa que -a su llegada a México- el exfuncionario no será procesado por delincuencia organizada, pues solo pueden imputársele los delitos acordados en la extradición por la Audiencia Nacional española.
Lo que sí es posible es que el Ministerio Público decida eliminar alguno de los tres delitos, aplicando el criterio de oportunidad, esto lo puede hacer en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura de juicio.
En el caso de Emilio Lozoya, debido a que aun no declara ante la autoridad ministerial, la FGR puede iniciar su imputación con los tres delitos ya mencionados, y durante el periodo de investigación complementaria decidir la aplicación del criterio de oportunidad, con el que se extingue la acción penal.
Es decir, la FGR dejaría de acusar a Lozoya de alguno de los delitos a cambio de la información que este le proporcione, lo que evidentemente traería una disminución de las penas que podría recibir el ex funcionario”.
En este sentido hay que recordar que Emilio Lozoya ha ofrecido colaborar para esclarecer las imputaciones en su contra y ha prometido entregar grabaciones que eventualmente comprobarían que no actuaba solo ni por iniciativa propia. Así que se espera con sus declaraciones caigan otros personajes involucrados en presuntos casos de corrupción.
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