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El gobierno de Donald Trump ha registrado en la semana que está por concluir un triunfo y una derrota en lo que se refiere a su política migratoria; por un lado recibió un significativo golpe luego de que una corte de apelaciones en California determinó suspender el polémico programa “Permanecer en México”, es decir, que ya no podrá hacer que las personas que solicitan asilo esperen en nuestro país mientras se tramitan sus casos en los tribunales migratorios de Estados Unidos, y por otro lado, otra corte de apelaciones falló que el gobierno puede retener fondos a siete estados y a la ciudad de Nueva York por sus políticas de ciudades santuario.
El programa «Permanecer en México», llamado oficialmente «Protocolos de Protección a Migrantes», entró en vigor en enero de 2019 en San Diego y gradualmente se ha extendido a lo largo de la frontera. Casi 60 mil personas han sido regresadas para que aguarden una audiencia, y las autoridades creen que es una razón de peso por la que los cruces fronterizos ilegales disminuyeron aproximadamente 80% en comparación con los detectados en mayo, cuando registraron su nivel máximo en trece años.
Los activistas y los abogados de inmigrantes, que llevan meses forcejeando con el gobierno por un programa que consideran un desastre humanitario que somete a cientos de migrantes a la violencia, secuestros y extorsiones en ciudades fronterizas peligrosas en México, reaccionaron rápidamente a la decisión. Cientos más han estado viviendo en campamentos miserables justo al otro lado de la frontera mientras aguardan su fecha para comparecer ante la corte.
Los activistas planeaban que los migrantes cruzaran el viernes la frontera inmediatamente y presentaran el fallo de la corte a las autoridades fronterizas. Los abogados prevén que sus clientes se presenten ante jueces de la corte migratoria en Estados Unidos.
En el fallo, los jueces reconocieron la controversia que ha envuelto en semanas recientes a los tribunales federales por el tema de los interdictos a nivel nacional. El gobierno de Trump ha sido muy crítico de dichos interdictos, diciendo que algunas áreas «liberales» no deberían estar elaborando políticas para todo el país.
Un tribunal dividido declaró inválida la política, pero reconoció que California y Arizona son los únicos estados fronterizos en su jurisdicción. Texas y Nuevo México están fuera de ella.
El juez William Fletcher, quien escribió la opinión de la mayoría, dio la razón a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y a otros grupos activistas, los cuales argumentan que la política viola las obligaciones de tratados internacionales contra el envío de personas de regreso a un país en donde probablemente sean perseguidas o torturadas por motivos de raza, religión, etnia, creencias políticas o pertenencia a un grupo social particular. La pregunta ante los jueces era si hay que permitir que las políticas entren en vigor durante las impugnaciones legales en su contra.
Fletcher estuvo de acuerdo en que el gobierno se los puso demasiado difícil a las personas que desean obtener asilo para que persuadan a los agentes de que deberían quedar exentos de la política, y no proporcionó suficiente tiempo para que ellos se prepararan para las entrevistas o consultaran a abogados. Los jueces dijeron que el gobierno también erró al solicitar que las personas que desean asilo expresaran su temor de regresar a México para que fueran tomados en cuenta para una excepción, en lugar de preguntarles espontáneamente.
Fletcher mencionó una larga lista de personas que solicitan asilo que dijeron haber sido atacadas y victimizadas en México, diciendo que era «suficiente… de hecho, más que suficiente» para socavar los argumentos del gobierno.
El juez Richard Paez coincidió con Fletcher, ambos designados por el presidente Bill Clinton. El juez Ferdinand Fernandez, nombrado por el presidente Ronald Reagan, estuvo en desacuerdo.
«La corte rechazó enérgicamente la aseveración del gobierno de Trump de que podía dejar varadas en México a personas que solicitan asilo y exponerlas a grave peligro», dijo Judy Rabinovitz, abogada de la ACLU. «Es hora de que el gobierno cumpla con la ley y deje de poner en peligro a las personas que solicitan asilo».
El Departamento de Justicia no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
El impacto del fallo será mitigado, al menos parcialmente, por la expansión de otras políticas que fueron introducidas en respuesta al aumento sin precedentes de familias que solicitan asilo el año pasado, muchas de ellas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
En noviembre, el gobierno comenzó a enviar a Guatemala a las personas que desean asilo provenientes de Honduras y El Salvador, negándoles la oportunidad en Estados Unidos y, en su lugar, invitándolas a solicitarlo en el país centroamericano, afectado por la pobreza y crisis de corrupción política. Acuerdos similares con Honduras y El Salvador entrarán pronto en vigor.
Según otra política nueva, los mexicanos y centroamericanos que no aprueben una revisión inicial son deportados rápidamente sin que salgan de las estaciones de la Patrulla Fronteriza, que el año pasado adquirió mala fama luego de que el supervisor interno de Seguridad Nacional reportara que en algunas instalaciones en Texas las condiciones eran miserables. La entrevista para la revisión está diseñada para realizarse en un día, y cualquier apelación ante un juez de inmigración debe hacerse en los siguientes 10 días. A las personas que piden asilo se les da un máximo de 90 minutos para contactar a un abogado.
Dichas políticas para deportaciones rápidas fueron introducidas en octubre en El Paso, Texas, y este mes se extendieron a toda la frontera.
La otra medida con consecuencias de gran alcance niega asilo a cualquiera que pase a través de otro país en su camino a la frontera de Estados Unidos con México sin primero buscar protección ahí. Esa política entró en vigor en septiembre y está siendo impugnada en otra demanda.
Los que apoyan la política «Permanecer en México» señalan que ha evitado que las personas que desean asilo sean liberadas en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante la corte, lo cual consideran un gran incentivo para que las personas arriben al país.
El triunfo de Trump de esta semana se dio cuando una corte federal dictaminó que su gobierno podrá retener los fondos federales para distintos programas a siete estados y a la ciudad de Nueva York, debido a su falta de cooperación en política de inmigración.
La decisión de los tres jueces del Segundo Circuito de Apelaciones, escrita por la jueza Reena Raggi, es sobre fondo del Departamento de Justicia (DOJ) contra ciudades y estados santuario que no cooperan con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la retención de inmigrantes indocumentados.
Este pleito comenzó cuando el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunciara que su oficina comenzaría a detener fondos a gobiernos locales que se negaron a compartir información sobre inmigrantes indocumentados o proporcionar acceso a las cárceles.
“Las llamadas políticas de santuario nos hacen a todos menos seguros, porque socavan intencionalmente nuestras leyes y protegen a los extranjeros ilegales que han cometido delitos”, dijo Sessions en aquel momento, afirmando que estas políticas fomentaban la inmigración de indocumentados. “De ahora en adelante, el Departamento solo otorgará subvenciones de Byrne JAG a ciudades y estados que cumplan con la ley federal, permitan el acceso de inmigrantes federales a los centros de detención y notifiquen con 48 horas de anticipación antes de liberar a un extranjero ilegal buscado por las autoridades federales”.
La jueza Raggi señala que la primera pregunta legal presentada en la apelación es si el Gobierno federal puede negar subvenciones de dinero a autoridades de condados y estatales por su negativa de cumplir con las políticas migratorias de la Administración Trump sobre la retención de inmigrantes. Su respuesta es que sí, debido a que está establecido en las reglas.
“Esas condiciones de exigir a los solicitantes de subvención que certifiquen que (1) cumplirán con ley federal que prohíbe cualquier restricción en la comunicación de información de ciudadanía y estado extranjero con autoridades de inmigración federal… (2) proporcionar a las autoridades federales, sobre solicitud, las fechas de liberación de extranjeros indocumentados encarcelados; y (3) permitir el acceso de oficiales federales de inmigración a extranjeros ilegales encarcelados extraterrestres”, señala.
La jueza considera que las políticas locales deben empatarse con las federales, sobre todo cuando solicitan fondos federales con reglas específicas.
Citando una determinación del juez John Marshall de hace 200 años, la jueza Raggi señala que los estados no tienen poder para obstaculizar operaciones de corte federal.
El DHS ha intensificado su lucha contra ciudades santuario y desde comienzos de 2020 implementó una campaña para evidenciar a cuántos inmigrantes que comentieron algún delito habían sido liberados en estados como California e Illinois, además de aquellos que perdieron esta batalla legal.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, también confirmó el envío de agentes de élite de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para ayudar a oficiales de ICE en operativos especiales en esas entidades.
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