Desde hace años se sabe que algunos empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), fueron los culpables de las explosiones registradas en el Sector Reforma en Guadalajara el 22 de abril de 1992, y se habla así en abstracto porque aún está pendiente revisar las responsabilidades de los funcionarios y trabajadores de esa empresa que tuvieron incidencia con el tema, pero en sí, Pemex, es culpable de la tragedia ocurrida esa mañana en el centro de Guadalajara y por ello debe hacérsele responsable y obligarla a resarcir el daño como se ha venido exigiendo por mucho tiempo; debe aceptar la culpabilidad y generar las acciones consecuentes para cubrir el deterioro ocasionado a las familias de las víctimas y a todos aquellos que resultaron afectados en su integridad física y moral así como en sus patrimonios. Por ello, coincidimos y respaldamos plenamente la solicitud que le hizo el pasado fin de semana el gobernador Enrique Alfaro Ramirez al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que haya justicia por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara.
Las causas de las explosiones son conocidas; millones de litros de gasolina fueron tirados al drenaje e impregnados en el subsuelo.
Existe una hipótesis en el sentido que fue un tema de severa corrupción al seno de la ex paraestatal, en que los empleados y funcionarios disolutos advirtieron el inminente riesgo de verse descubiertos como ladrones de combustible por una auditoría sorpresa, y optaron por deshacerse del que tenían almacenado y que habían reportado como pérdida, arrojándolo al drenaje con las consecuencias que todos conocemos.
Previo a la tragedia, a las 3 de la mañana -de acuerdo a las bitácoras-, los explosímetros de Pemex, de Protección Civil y Bomberos y del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) marcaban cero en el nivel de explosividad, lo que despejó la sospecha de responsabilidad que pesaba sobre algunos funcionarios que, tras varios meses de estar bajo proceso y recluidos, fueron declarados sin responsabilidad por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), lo cual confirmaría el propio ex procurador Ignacio Morales Lechuga, quien reiteró la responsabilidad de Pemex, y la inocencia de funcionarios como Aristeo Mejía (Secretaría de Desarrollo Urbano), y Enrique Dau Flores (alcalde tapatío), incluida la ausencia de cualquier responsabilidad de parte del fenecido Gobernador del Estado, Don Guillermo Cosío Vidaurri, quien fue sometido a intensos ataques desde las más altas esferas del poder federal provocando se ausentara de la gubernatura para que en libertad se llevaran a cabo las investigaciones; linchamiento político que dio como resultado un inconmensurable daño al desarrollo de Jalisco, pues al dejar el encargo el Gobernador por la insana presión presidencial, quedaron truncos los grandes proyectos de movilidad, abastecimiento hidráulico y desarrollo regional que bajo su administración estaban en pleno apogeo, siendo que desde 1992 la entidad perdió el paso en los programas de desarrollo, ya que habiéndose inaugurado las líneas 1 y 2 del Tren Ligero se quedó proyectada la Línea 3, la que más de 20 años después se retomó, al igual que otros grandes proyectos que quedaron en el camino en razón de no impulsarse en los años subsecuentes ante falta de gestión o de respaldo federal para darles seguimiento.
A casi 28 años de distancia es tiempo de desenmascarar e ir por los verdaderos responsables de la tragedia, por ello es importante el anuncio hecho por Enrique Alfaro Ramírez.
Lo cierto es que, en este tema el gobernador ha ido cumpliendo sus promesas. Y es que cabe recordar que como candidato a la gubernatura contrajo compromisos con los damnificados del 22 de abril.
Alfaro Ramirez también tiene muy claro que fueron empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) los responsables de la tragedia y por ello ha manifestado la necesidad de que ofrezcan una disculpa y asuman su responsabilidad histórica como causante de las explosiones del 22 de abril de 1992, que dejó un saldo oficial de 212 muertos.
Así lo aseveró el 22 de abril de 2019 durante el evento de conmemoración realizado en el Jardín de San Sebastián de Analco.
Incluso propuso a los afectados crear una comisión de trabajo para redactar, juntos, una carta que él mismo entregaría al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se concretase la disculpa.
“Estoy seguro que el presidente de México tendrá la sensibilidad para entender la importancia de un acto de esa naturaleza y, eventualmente, para que Pemex pudiera asumir la responsabilidad que ahora, con recursos del estado y del municipio, hemos tenido que asumir para ayudar a la gente que fue afectada”, abundó.
Alfaro dijo estar convencido de que el culpable de las explosiones del 22 de abril es Pemex, al haber arrojado al drenaje cientos de litros de combustible.
Y en ese acto, el gobernador se comprometió a dar el apoyo necesario “para que esta historia no quede como una más de olvido y de abandono, y para que estas demandas que hoy nos están planteando, queden resueltas todas y cada una de ellas para siempre”.
Es un acierto del gobernador procurar que la exigente y justificada voz de los jaliscienses se haga escuchar, se resarzan los daños, y se deje clara la culpabilidad de Pemex y la inocencia del resto de los funcionarios que fueron satanizados y juzgados severamente sin ser culpables de la desgracia.
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