Doce años han transcurrido desde la penosa muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, que sacudió no solo a la sociedad jalisciense sino que fue repudiada tanto a nivel nacional como internacional por las impactantes circunstancias que se fueron en torno a su fallecimiento, sin embargo, la justicia no ha llegado para este pequeño ni para su familia que continúa batallando para hacer que los responsables paguen por sus culpas.
Cómo se recuerda, el pequeño Miguel Ángel cayó en el agua contaminada del río Santiago el 26 de enero de 2008, ese mismo día su familia lo internó en el hospital con síntomas de vómito, diarrea, fiebre, alucinaciones y convulsiones, inmediatamente después entró en un coma que duró 19 días y que terminó con su muerte el 13 de febrero de 2008.
Su doctor identificó la causa de su fallecimiento como una intoxicación aguda por arsénico, diagnóstico que fue confirmado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien comprobó que: “Miguel Ángel Lopez Rocha presentó una intoxicación aguda por arsénico derivada del grave estado de contaminación del río Santiago y del incumplimiento de las autoridades de los preceptos relativos a la protección a la salud y a la conservación del medio ambiente.
Su muerte provocó gran malestar entre los jaliscienses y a partir de ahí se integraron colectivos y asociaciones, se presentaron recursos jurídicos y el ánimo político se detonó para exigir se generaran políticas para tratar el agua y se exigieron investigaciones y sanciones ejemplares a las empresas contaminantes, entre las que se encontraban industrias automotrices, químicas, textiles y de alimentos, entre otras. Pero la justicia no ha llegado.
Ante el desacato de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para reparar el daño a sus familiares por la muerte de Miguel Ángel, el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental El Salto, Jalisco. A.C, interpondrá denuncias penales, demandas civiles y administrativas.
«Hoy le hemos dado un giro a la lucha social, hoy vamos por la vía penal porque se tiene que hacer justicia, los responsables tienen que estar tras las rejas y no en las oficinas gubernamentales», señaló el presidente del Comité Raúl Muñoz Delgadillo.
Juan Pablo Sánchez Solórzano, abogado de los padres de Miguel Ángel y asesor jurídico del organismo, dijo que ya son 12 años de la tragedia que enlutó a la familia y a pesar de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la CEAV, no ha hecho caso argumentando que la Comisión Nacional del Agua (CNA) no reconoce que el menor se intoxicó con arsénico al caer al contaminado Río Santiago.
Así también hay que mencionar que, aunque hace unos días se dio mucho revuelo, principalmente a nivel nacional, al hecho de que se diera a conocer
un estudio que los gobiernos pasados ocultaron y en el cual se da cuenta de la alta concentración de metales pesados en el cuerpo de niños que habitan pueblos a orillas del río Santiago, la realidad es que es un tema que nunca ha estado oculto y que existen infinidad de estudios tanto locales, nacionales e internacionales que así lo revelan. Lo que no sería ocioso y de hecho habría que exigir a las autoridades, es que se ubique a los funcionarios de esas administraciones que ocultaron esos estudios de manera perversa, seguramente llenando sus bolsillos con dinero de empresarios mezquinos a cambio de su silencio.
El mencionado estudio fue elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y guardado bajo “acuerdo de confidencialidad” por gobiernos de Jalisco durante 10 años. Aquí un fragmento de lo que establecía.
“Los resultados de la población infantil respecto a los tóxicos ambientales, mostraron altas prevalencias de exposición a cadmio (77 por ciento), a compuestos orgánicos persistentes totales (74 por ciento), a mercurio (60 por ciento), al ácido trans-mucónico (benceno, con 43 por ciento), así como a plomo (35 por ciento) y arsénico (30 por ciento)”, señala el informe al que tuvo acceso este medio, y que lleva por título: ‘Propuesta metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la presa de Arcediano en el estado de Jalisco”.
El estudio fue realizado en 330 niños de las localidades de El Salto, Puente Grande, Tonalá, Juanacatlán, La Cofradía y Jardines de la Barranca, ubicadas a las afueras de la ciudad de Guadalajara.
Sin embargo, al tratarse de una muestra representativa, los autores del documento estiman que más de la mitad de la población total de dichas comunidades registra niveles de envenenamiento por metales muy por encima de los estándares médicos.
De acuerdo con expertos consultados, las altas concentraciones de cadmio encontrados en la orina de casi el 80 por ciento de los niños puede derivar en casos de insuficiencia renal crónica. También se encontró que las altas concentraciones de benceno habían generado un importante daño cognitivo en algunos de los infantes analizados.
Pero como ya lo señalaba, no refiere nada nuevo al menos para quienes habitamos la metrópoli, porque todos nos enteramos de la contaminación en dicho cauce desde la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha en 2008 y a 12 años de distancia no hay un solo funcionario ni empresario tras las rejas pagando por su responsabilidad, omisión y/o negligencia.
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