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Aunque todavía no construye la anhelada segunda pista en el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), ya se maneja con doble vía: una a superficie y otra bajo el agua en el conflicto con el ejido El Zapote.
El 4 de diciembre de 2019, en el marco de una reunión ordinaria del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el director del aeropuerto tapatío, Martín Pablo Zazueta Chávez, reveló las inversiones que el consorcio español concesionario de la terminal realizará entre 2020 y 2024 y que ascenderían a unos 10 mil millones de pesos, recursos que serían destinados para una segunda terminal y otra pista.
Y al recordarle sobre el conflicto de tierras que sostiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con los ejidatarios, el directivo del GAP fue categórico al afirmar que “no necesitamos un metro más de tierra”.
Sin embargo, un día después, el 5 de diciembre de 2019, en la oficina del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, el funcionario federal reconocía que para construir la segunda pista, el GAP requiere 150 hectáreas adicionales que están en posesión del ejido El Zapote.
A la reunión acudieron los representes ejidales y su equipo de abogados, así como funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la dependencia directamente señalada como omisa con el pago de las tierras expropiadas.
El subsecretario de Gobernación les notificó que oficialmente se abrían las mesas técnicas de negociación para destrabar el litigio en el que el ejido reclama la indemnización de 307 hectáreas ocupadas ilegalmente por el aeropuerto.
Peralta Saucedo reveló que el GAP sí necesita las tierras del Zapote para sus planes de crecimiento y que la intención era llegar a una negociación que incluyera el paquete de las tierras ya en poder de la terminal y las 150 hectáreas que requieren para su proyecto de expansión.
Pese a que el Grupo Aeroportuario del Pacífico es un tercero afectado por la disputa –-luego que un juez dejara sin validez la expropiación–, sería éste quien aportaría los mil 317 millones de pesos que reclaman los ejidatarios derivado del último avalúo reconocido por el juez que lleva la causa, a cambio de que la SCT ampliara el plazo de la concesión del aeropuerto.
Por mediación del subsecretario de Gobernación, se acordó reunirse cada 15 días para revisar documentos y números. La segunda reunión ocurrió el 19 de diciembre y se estableció la siguiente para el 15 de enero, donde el GAP se comprometía a hacer entrega de una aportación con el fin de que liberaran el estacionamiento del aeropuerto.
En tanto se pagara la indemnización, el grupo español entregaría un pago mensual como compensación hasta que se liquidaran los más de mil 300 millones de pesos. Como parte de los acuerdos, el GAP detendría las obras en el aeropuerto y respetaría las medidas cautelares a favor de los ejidatarios.
Pero no hubo reunión el 15 de enero ni pago alguno, las obras continuaron, no se respetaron las suspensiones de juicios de amparo y encima de eso la presidente del Consejo de Administración del grupo, Laura Diez Barroso, visita hoy Guadalajara para anunciar un paquete de inversiones para el aeropuerto.
En la bolsa, habría recursos del Gobierno Federal que destina fondos para una terminal cuyas tierras no tienen certeza legal.
Por eso los ejidatarios del Zapote marcharán este miércoles de nuevo por la carretera a Chapala, al considerar que tanto el gobierno como el GAP, les juegan el dedo en la boca por doble vía.
