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Si bien la Policía Federal (PF) siempre tuvo sus detractores y nunca fue para muchos el paladín de lo que debía ser; un garante para salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, así como para preservar las libertades, el orden y la paz públicos, también es cierto que era la policía mejor capacitada y que gozaba de mayor confianza entre la ciudadanía. Pero a 10 años de su creación terminó por desaparecer el pasado 31 de diciembre, después de que organizaciones sociales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaron a esta dependencia por haber cometido crímenes en contra de la población y también porque se trataba de un cuerpo “echado a perder”, según consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó la desaparición de la mencionada corporación -que cavó su tumba incluso antes de que se conociera su negro historial bajo la tutela de Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en los Estados Unidos de América del Norte, acusado de cuatro delitos federales relacionados con el narcotráfico-, para dar paso a La Guardia Nacional.
De acuerdo a información dada a conocer este jueves 2 de enero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acumuló más de seis mil expedientes de elementos involucrados en detenciones arbitrarias y relacionados con diversos ilícitos. Agentes que ya no fueron incorporados a la Guardia Nacional, que está bajo el mando del general de brigada Luis Rodríguez Bucio, por no cumplir con los requisitos de control y confianza.
Policía Federal a mediados de 2019, ya que según su impresión, los elementos de este cuerpo policiaco no estaban capacitados para afrontar la inseguridad del país. El Gobierno de México también ordenó investigaciones por presunta corrupción, siendo la más sonada la del pago de dos mil 600 millones de pesos para la compra de un equipo con un costo real de 600 millones de pesos.
El pasado 31 de diciembre de 2019 concluyó el plazo para la desintegración formal de la Policía Federal, y la incorporación de sus elementos que así lo hayan manifestado a la Guardia Nacional.
En octubre pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para iniciar el proceso de transferencia de policías federales, con la garantía de que conservarán su antigüedad, prestaciones y salario.
Previamente, el 27 de mayo, se publicó la Ley de la Guardia Nacional, que decreta la extinción de la Policía Federal y establece un lapso de hasta 18 meses para concluir la transferencia a la nueva corporación.
Además, se instruyó a la Secretaría General de la Policía Federal y a la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional a que celebraran los acuerdos de transferencia de recursos de las divisiones y unidades administrativas.
Sin embargo, esta transición no ha sido pacífica, ni ha estado exenta de polémica.
Tras la publicación de la Ley de la Guardia Nacional, diversos grupos inconformes, que se rehusan a incorporarse a la nueva organización, han realizado bloqueos y movilizaciones, pues aseguran que se violan sus derechos laborales y se les quiere obligar a formar parte de una corporación y adoptar un estilo de vida que nunca buscaron.
En varias ocasiones hemos visto a grupos inconformes realizando bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y diversas vialidades importantes de la capital mexicana, como Periférico o Circuito Interior.
Ante este panorama, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que se indemnizó conforme a la ley a 4 mil policías que no desean incorporarse a la Guardia Nacional.
Sin embargo, Enrique Carpizo, abogado que representa a alrededor de 10 mil policías inconformes, asegura que sólo se indemnizaron a 2 mil elementos.
Además de los representados por Carpizo, están los grupos representados por Iván Chávez y Osvaldo Carrillo, quienes representan a 2 mil y 300 policías, respectivamente.
De acuerdo con el abogado Osvaldo Carrillo, al desaparecer la Policía Federal pedirá una indemnización conforme a la ley por despido injustificado, para todos sus representados.
La única división de la Policía Federal que no desaparece es la Policía de Caminos, la cual permanecerá para evitar extorsiones y proteger a los ciudadanos, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Policía Federal se va en medio de grandes polémicas por la reciente detención del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de recibir sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa.
Además, deja una deuda que, para el pasado 31 de agosto ascendía a mil 870 millones 406 mil pesos.
El primer antecedente de la Policía Federal es del año 1928, cuando se conformó el escuadrón de Agentes Vigilantes de la Policía Federal de Caminos, el cual contaba con 53 elementos.
En 1939, se decretó su militarización y pasó a formar parte del Ejército Nacional, hasta 1997, cuando se determinó que la Policía Federal de Caminos sería un órgano desconcentrado a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En 1999, se publicó la Ley de la PFP, transformando la corporación y estableciendo su dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), lo cual cambiaría en el 2000, cuando pasó a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En 2012, la SSP desapareció y la Policía Federal regresó a la Segob, hasta el 2018, cuando se creó la SSPC, la cual estuvo a cargo de la corporación hasta hoy, su último día de existencia.
De esta manera ha terminado una época de una de las dependencias más polémicas que se habría desempeñado, según se especula, en el brazo armado del expresidente Felipe Calderón de la mano del polémico ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien como ya mencionaba, hoy en día enfrenta un proceso judicial acusado de tres cargos de conspiración para traficar cocaína y un cargo por realizar declaraciones falsas, así como otros que se han ido sumando en el juicio, aunque hoy mismo se declaró “no culpable”. El ex encargado de la seguridad nacional en el sexenio de Felipe Calderón, y exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el de Vicente Fox, determinó enfrentar el procedimiento legal para demostrar su inocencia.
Por cierto, los fiscales federales Ryan Harris y Erin Reid le pidieron a la ministra negar la libertad bajo fianza de García Luna, debido a que el exfuncionario podría huir de Estados Unidos, irse a México y ahí recibir protección del narcotráfico y de exfuncionarios.
De esta manera, ha concluido con un triste final la historia de la Policía Federal, que ciertamente, en algún tiempo gozó del respecto y confianza de la ciudadanía, pero terminó por cavar su propia tumba.
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@salvadorcosio1
