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El empresario-asesor de Emilio González Márquez, Oscar García Manzano y Pérez Mújica, pronosticaba exagerado que con las reformas que dieron vida al Instituto de Pensiones, Jalisco contaría con un organismo “inmortal”.
Sin embargo, apenas ocho años después de haberle dado facultades para disponer a su antojo de los fondos de los trabajadores estatales, el instituto vive hoy la peor de sus condiciones financieras y de descrédito.
El primero de los grandes escándalos sucedieron en la administración de González Márquez cuando se aprueba destinar 89 millones de dólares para el proyecto turístico de Chalacatepec, al que el entonces gobernador bautizó como un “Nuevo Cancún, pero bien hecho”.
Luego siguieron los 340 millones de pesos destinados para la compra de “departamentos” en la Villa Panamericana, la inversión bursátil de 604 millones de pesos a la compañía española Abengoa que está virtualmente en quiebra y la insistencia del instituto a jugar en la bolsa.
Tras incorporar el Fideicomiso de Chalacatepec a la sociedad con Rasaland y con Actur, Pensiones sigue apostando a inversiones bursátiles por medio de la compañía RLH Properties, S.A.B. de C.V., una emisora que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con el portafolio de Actur.
Se trata de una subsidiaria de esta empresa promotora turística que aglutina dos proyectos en la Costa Alegre y Nayarit, además del hotel Four Seasons, todos con acciones de Pensiones del Estado.
Ahora, un movimiento comienza a gestarse en el seno del instituto que involucra a trabajadores y organismos sindicales que denuncian una serie de irregularidades cometidas en la administración del fondo de los burócratas.
Además de cirugías estéticas financiadas a administradores del organismo, figuran una serie de irregularidades en los préstamos que se otorgan con manipulación de los bancos de información de los agremiados.
Hay créditos otorgados sin garantías o utilizando el historial crediticio de otros empleados aunque el beneficiado sea un tercero. De acuerdo con datos revelados a este columnista, es común que se manipule el sistema y se tome en cuenta historial y derechos de personas fallecidas para armar un expediente a modo y beneficiar a determinada persona.
Están en curso y a punto de concluir los procesos, al menos de tres amparos interpuestos por afiliados al Instituto de Pensiones de Jalisco a quienes les habrían tomado sus datos para tramitar créditos en beneficios de terceras personas.
El movimiento denuncia además anomalías en los servicios médicos, en licitaciones irregulares, compras fuera de la ley, contratos leoninos que afectan al patrimonio del instituto, manipulación de historiales crediticios y hasta casos de muertos resucitados para ser beneficiarios de préstamos.
Tan sólo en el 2016, el grupo que denuncia los malos manejos en Pensiones, acreditó los casos de enfermeras que recibieron más de cuatro millones de pesos en el año, lo que equivaldría a percibir sueldo de más de 300 mil pesos mensuales.
El mismo equipo ha bombardeado al Instituto de Pensiones del Estado con un rosario de peticiones de transparencia sobre el manejo de los recursos, el abasto de medicamentos, los servicios médicos, entre otros aspectos.
Paralelamente, han pedido a la contralora estatal, Teresa Brito, abra una auditoría especial a los manejos del fondo de Pensiones, para proceder a interponer las denuncias penales y conseguir llamar a cuentas a los responsables del hoyanco financiero.
Los posibles procesos penales podrían dejar fríos a algunos de los directivos del organismo, casi tanto como los “muertos vivientes” que pululan en el –-ahora sí—“inmortal” instituto.
