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De nada sirven las mejores normas, leyes o reglas si no se cumplen y si no se aplican; pero también de nada sirve crear nuevas instituciones de seguridad y/o corporaciones policiacas, contratar nuevos elementos, e incrementar salario a policías, si no se lleva a cabo una depuración a fondo a través de los sistemas de control de confianza, de honor y justicia, si no se cuenta con el servicio policial de carrera, si no se castiga la impunidad, y si no de tipifican nuevos delitos para sancionar de manera ejemplar innovadoras conductas delictivas.
Si se tolera la presencia del hampa dentro de las fuerzas del orden entonces se toleran las complicidades y la corrupción.
En días pasados, la Federación convocó a los llamados procesos de evaluación nacional, a los Jalisco aportó 21 mil 393 efectivos, resultando no aprobados en los exámenes de Control de Confianza un total de 2 mil 781 policías de distintas dependencias del estado, siendo elementos de la Fiscalía General de Jalisco quienes encabezan la lista de “reprobados” con 287 elementos que en teoría tendrían que causar baja de sus respectivas corporaciones.
Cabe mencionar que los resultados corresponden a la revisión hasta julio pasado y son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Lo cierto es que la depuración de los cuerpos policiacos de Jalisco es un tema urgente; es necesario pacificar e intervenir áreas conflictivas que las autoridades de los diferentes niveles tienen con seguridad ya detectadas como focos de infección criminal, y lo procedente es ir por ellos para evitar que sigan contaminando al interior de las instituciones y atentando contra la sociedad que es a la que debieran proteger. Esos malos elementos que están entorpeciendo, enturbiando y ponen en riesgo los operativos al estar coludidos para frustrar el éxito de los operativos deben salir inmediatamente de las dependencias.
El control de confianza es un asunto prioritario para conseguir la depuración de las corporaciones policiacas; si finalmente ya se avanzó a nivel nacional convocando a esta evaluación, no debe haber pretexto para que las autoridades en la materia a nivel estatal no ejerzan su poder y firmen las bajas correspondientes a quienes resultaron no aprobados.
En la pasada campaña electoral siendo candidato a la gubernatura del Estado de Jalisco, propuse que en tanto se recuperaba la tranquilidad y la paz que seguimos sin tener, se dispusiera de un control único estatal de las fuerzas policiales, porque no es un mando único el que ayudará a solucionar el tema, es una situación temporal, necesaria, de control, para que haya un solo as de manejo y pueda ser eficaz la tarea de la prevención, de la reacción, de la contención, y de la confrontación al crimen.
Otro tema importante y que parece ser de largo alcance pero que se debe poner en marcha lo antes posible es el servicio policial de carrera y a partir de ello en una depuración necesaria es importante la intervención de las organizaciones policiales a través del control único temporal hasta que haya regularidad del control de confianza para cumplir lo que está pendiente y revisar lo que ha fallado, volver a hacer lo que está dudoso, intervenir organizaciones y recuperar los territorios en dos sentidos; los territorios geográficos y los territorios estructurales es lo que hay que hacer de urgencia.
Se requiere también una acción inmediata de despistolización inteligente no con los retenes obvios, los cuales les dan la vuelta o se les avisa a los delincuentes que no pasen por ahí, no con las herramientas rudimentarias antiguas sino con equipamiento, brindándole de inmediato el recurso para que se equipen las arañas y las cabinas de vigilancia, los vehículos blindados con equipamiento de detección de rayos equis, de larga distancia, de explosivos, de armas y de cuerpos encajuelados, utilizando los vectores de seguridad que hay, semáforos inteligentes y esto es para garantizar la eficacia y también para proteger a elementos policiales que acometen a los vehículos potencialmente en manos de crimínales. No es lo mismo saber que un vehículo tiene alta tecnología y está bien protegido para llegar a detener un auto sospechoso a las condiciones como llegan -los policías- descubiertos, prácticamente desarmados y los reciben con bazucazos. Y es que también hay que mencionarlo, ni los miembros de las corporaciones policiales están seguros en Jalisco. Con el asesinato del comandante de Ojuelos, Everardo Prado Hernández, ocurrido el viernes 13 de septiembre, se superó el número de homicidios de 2018 en contra de policías y personal ministerial. En lo que va del año, suman ya 25 uniformados asesinados por 24 registrados en todo el año pasado.
El Gobierno no puede intentar salir al paso de un problema tan grave como es la inseguridad queriendo solucionar un cancer con aspirinas; es ofensivo que para un tema fundamental del que ya se ha hablado bastante como es la infiltración de uniformados que le trabajan al crimen organizado se pretenda resolver solo incrementándoles el sueldo cada que se le ocurre a la autoridad ya sea por quedar bien con ese gremio o por decir que se está haciendo algo.
Se les debe apoyar realmente con un sistema no solamente de carrera policial sino que debe haber un esquema real, eficaz de honor y justicia; honor es darle respaldo, apoyo, equipamiento, herramientas, capacitación, actualización, fortaleza y encomiar la labor de los buenos policías pero también se tiene que ser más severos en las sanciones a los malos elementos.
El altísimo nivel de inseguridad que priva en nuestra entidad no debe permitir dar tregua a los delincuentes, hay que entrarle a la cuestión de la legislación, urge una reforma del código penal para que se revisen y tipifiquen nuevos delitos. Quién no recuerda el caso de los estudiantes de cine asesinados y presuntamente desintegrados, y solo porque a los detenidos no se les pueden tipificar ciertas conductas porque no están en los códigos, no se procede a aplicar la sanción ejemplar que corresponde a estos salvajes.
La imputación de los menores de 16 años en adelante en tipos penales específicos también se debe revisar toda vez que son usados como carne de cañón para cometer los más arteros y cobardes crímenes a sabiendas de que son inimputables. En el sonado enfrentamiento de hace unas semanas en un restaurante de comida rápida en conocido centro comercial de Guadalajara donde se encontraba la esposa del gobernador de Nayarit, el delincuente abatido fue un menor de edad.
Se requiere, además, afinar los procedimientos para que se lleven a cabo acorde a la normativa del nuevo Sistema de Justicia Penal que ha sido un problema en su implementación y que ha generado muchos conflictos, terribles fallas que han permitido que demasiados delincuentes escapen a la justicia.
Como ya mencionaba, Jalisco fue uno de los estados que más elementos aportaron a la evaluación de la Federación. Fueron 21 mil 393, divididos de la siguiente manera: cinco mil 260 de Seguridad Pública Estatal, dos mil 155 del área de Prevención y Reinserción Social (reclusorios); mil 580 de la Fiscalía General de Jalisco y 12 mil 398 de las 125 policías municipales.
“La depuración fue importante y dolorosa para las corporaciones policiacas. De acuerdo al seguimiento de evaluación por entidad federativa y dependencia, el personal de seguridad de Prevención y Reinserción Social se involucró en el proceso al grado de que el 89% resultaron aprobados, pero un 7% reprobó, es decir, 151 elementos en total tendrán que ser dados de baja.
Siguen en la lista los policías estatales (Dirección de Seguridad Pública Estatal), el 86% fueron aprobados y el 11% resultaron reprobados -el resto no lo realizó-, es decir, 579 resultaron no aptos y aplica lo de la pérdida de confianza.
En tercer sitio, con mayor número de no aprobados siguen las policías municipales -que son 125 en total- y por supuesto aportó el mayor número de elementos, pero al final, tuvo 15% de no aprobados contra 81% de aprobados, un 4% que no acudió. Estamos hablando de mil 860 elementos que tendrán que dejar de ser policías por considerarse no aptos.
Es la Fiscalía General, antes Procuraduría de Justicia, la dependencia que tuvo mayor número de elementos no aprobados, un 17% de los que se sometieron a exámenes de Control y Confianza”, según reportaron medios de comunicación.
Las cifras revelan que el 95% de su plantilla fue evaluada, 78% resultaron aprobados y 287 resultaron no aptos, ellos representan un 17% de los que acudieron al examen.
Gracias a la evaluación hoy ya conocemos los nombres, apellidos y expedientes de esos elementos de las diversas corporaciones de seguridad que no aprobaron los exámenes de confianza, y además de proceder a la baja se les tiene que dar un seguimiento para evitar que se enrolen de lleno en el crimen organizado porque tampoco se les puede echar a la calle sin ofrecerles alternativas para su incorporación a una forma de vida honrada ya que sería tanto como entregarlos a las fuerzas delincuenciales. Lo que no se les puede permitir es que continúen al interior de las instituciones de seguridad conociendo a detalle los operativos para filtrar la información y hacer que estos fracasen.
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@salvadorcosio1
