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El término “lawfare” ha ascendido a un sitio mediático en los últimos meses; algo tuvo que ver que en incluso el Papa Francisco lo pronunciara durante una visita de jueces y fiscales de América Latina que recibió en junio pasado a quienes les alertó que pone en «serio riesgo» las democracias de los países.
El «lawfare» o la «persecución judicial» con móviles políticos se convirtió en una «enfermedad endémica» en América Latina que pone en riesgo a la democracia y lesiona la independencia del Poder Judicial. Consiste en el uso indebido de la Justicia para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELG) en un artículo publicado en su página web.
Ante los jueces y fiscales de America Latina que lo visitaron, el papa Francisco mostró su preocupación y aprovechó la oportunidad para dejárselo saber: “estoy preocupado por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales”, les dijo. Incluso utilizó la expresión lawfare ante sus visitantes a quienes dijo: “El lawfare, además de poner en serio riesgo las democracias de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”. El papa, incluso, habló de operaciones multimediáticas paralelas, tan del gusto de la mayoría de los gobiernos y exmandatarios que se consideran perseguidos políticos.
«Para garantizar la calidad institucional de los estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas, que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas», agregó.
No pocos son los analistas que creen que las acciones legales que afrontan los líderes progresistas y expresidentes Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-2015), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016) Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil, 2003-2011) y Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017) son ejemplos no aislados de esa nueva táctica de guerra no convencional, y surge en respuesta a la constitutiva tendencia por parte de los gobernantes a manipular las instituciones.
Y es que el gran problema que aún no se ha logrado resolver en cuanto al ejercicio del poder, es la tentación de los gobernantes para ejercerlo de manera absoluta, sin darle participación a los sectores de la comunidad para que le acompañen y consoliden la aceptación social en la toma de decisiones más importantes y estén desde su origen plenamente aceptadas, no obstante la posible legitimidad que pueda tener el gobernante electo tras participación democrática en las urnas.
El hecho de que los sistemas democráticos establezcan marcos muy limitados en cuanto a la posibilidad que sean realmente mayorías las que toman decisiones fundamentales debiera ser un referente para la toma de decisiones de los gobernantes o mandatarios y procurar la búsqueda del consenso para que sus decisiones tengan pleno respaldo social o el mayor apoyo posible.
Esto los debería obligar a actuar con mesura, prudencia, civilidad, con una actitud de conciliación, de integración de todos los actores, de olvidarse que fueron candidatos de un partido o conjunto de partidos y recordar que deben abocarse a buscar resolver los problemas de la sociedad gobernando para todos, considerando que una vez que son electos ya no son candidatos de una sola fuerza o una fuerza específica sino que deben responderle a la sociedad en general tanto en la toma de decisiones y acciones para el desarrollo y la cohesión social pero mucho más para cuidar que las instituciones a su cargo trabajen bien; en forma imparcial, que garanticen legalidad, y el estado de derecho.
Sin embargo, de manera muy reiterada los gobernantes caen en las tentaciones del absolutismo y se convierten muchas veces en tiranos que al estilo de la Edad Media pretenden que sus ideas, decisiones y acciones sean las únicas que deban imperar no obstante que en muchas ocasiones estén fuera de la realidad desestimando mejores decisiones o actuando fuera del marco de la legalidad.
Este lunes 9 de agosto estuvo en México el diputado francés Jean-Luc Mélenchon, líder del movimiento Francia Insumisa, para hablar sobre el uso del lawfare, una herramienta político-jurídica usada, según establece, contra opositores, activistas, ambientalistas o líderes sociales de todo el mundo para neutralizar sus movimientos.
El lider de la izquierda francesa se ubica entre las 200 personalidades -incluyendo al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel- quienes a través de una carta abierta publicada el domingo 8 de septiembre en Francia en el semanario Le Journal du Dimanche, afirmaron que procesos judiciales motivados políticamente «deben cesar».
«Invitamos a todos a la vigilancia para defender a las víctimas de este tipo de operaciones, cualquiera sea su identificación política. Llamamos a la cooperación mundial para la resistencia jurídica», señalaron las personalidades firmantes.
El grupo incluye también al español Pablo Iglesias, secretario general del movimiento Podemos; el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el expresidente uruguayo José Mujica.
«Se está cruzando un umbral» con «la táctica de ‘lawfare'», es decir con «la instrumentalización de la justicia para eliminar a los competidores políticos», apuntaron en la carta, para mencionar los casos de Lula, el abogado egipcio Massoum Marzouk, el opositor camerunés Maurice Kamto y también el propio Mélenchon en Francia.
Mélenchon acaba de completar una larga gira por México, Uruguay, Argentina y Brasil, en la que llegó a reunirse con Lula en la cárcel donde cumple pena de casi 9 años de prisión por cargos de corrupción.
De su encuentro con Lula, a quien Mélenchon ubica como la primera víctima, y hasta ahora la más conocida, de este método mundial de aislar a los líderes de la izquierda con procesos y condenas judiciales, trascendió lo que el propio francés comentó a la prensa.
«Repasamos los nombres de los políticos que han sido presos injustamente, algunos sin la posibilidad al menos de contar con un abogado. Yo mismo seré procesado políticamente a finales de septiembre», aseguró.
El filósofo y político de 68 años, que obtuvo el 19,6 % de los votos en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales francesas, en las que ganó Emmanuel Macron, es procesado actualmente por el supuesto uso indebido de recursos del Parlamento Europeo en su campaña presidencial.
«Será un momento triste para mi país debido a que no hay procesados políticos en Francia desde hace muchas décadas, pero quiero que esa vergüenza recaiga sobre Macron. Será un momento triste para mi país», afirmó tras admitir que también puede ser enviado a prisión, castigado con una millonaria multa y declarado inelegible, así como en el caso de Lula.
El dirigente francés será juzgado el 19 y 20 de septiembre, junto a cinco de sus colaboradores, por actos de intimidación contra autoridad judicial, rebelión y provocación, cargos presentados luego de una operación policial de búsqueda en la sede de su partido, en octubre de 2018.
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