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Indígenas nahuas que fueron detenidos por policías de Colima acusados de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo, estarán esta semana en Guadalajara para contar su historia.
Los 33, aclararán que no fueron a tomar las instalaciones de la compañía que explota la mina de Peña Colorada, sino que por acuerdo de asamblea convinieron en presentarse en la empresa para exigir el pago del convenio de ocupación temporal de sus tierras y para revisar si estaban cumpliendo con el amparo 462/2013 que ordenaba entre otras cosas la suspensión de la extracción del mineral.
Curiosamente, de las 34 personas detenidas el 22 de julio pasado, solamente el abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, representante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) que asesora legalmente a los ejidatarios, permanece detenido en Colima.
Aunque fue acusado de los mismos hechos, el gobierno colimense únicamente dejó en libertad a los indígenas y retuvo al litigante quien según la causa 142/23015-S3, él solo habría mantenido cautivos a tres directivos del consorcio minero, cometido robo calificado y despojado de las tierras a la minera.
En un acuerdo celebrado en la Secretaría de Gobernación de Colima el 28 de julio pasado, funcionarios de Jalisco y del vecino estado, anunciaron investigaciones contra quienes “instigaron” a la violencia y mal informaron a los ejidatarios; además, el gobierno de Jalisco y ejidatarios de Ayotitlán, propondrían a la asamblea desistirse de quejas y amparos.
En el mismo documento los firmantes piden que el gobierno investigue a quién o quiénes confundieron a los ejidatarios para llevar a cabo los reclamos a la empresa y denuncian que hubo actores ajenos que los confundieron.
Uno de los firmantes del acuerdo y que se ostenta como presidente del Consejo de Mayores, es Gaudencio Mancilla Roblada. En una carta abierta fechada el 20 de agosto de 2015, el supuesto Consejo de Mayores condena la intervención de Idea, Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera y Óscar González Gari, así como a sus voceros en los medios de paga (sic), quienes se lanzaron a una acción que puso en riesgo la vida de personas de Ayotitlán.
Además, niega que Gaudencio haya sido destituido como representante legal del Consejo y que fue él quien negoció la libertad de los 33 ejidatarios detenidos.
Sin embargo, el 27 de febrero de 2015 fue celebrada una asamblea donde fue renovado el Consejo de Mayores como autoridad tradicional de Ayotitlán.
Al frente del consejo quedó José Bernaldino Ocaranza Jacobo y once consejeros más entre los que no figura Gaudencio Mancilla, a quien los gobiernos de Colima y Jalisco atribuyen la representación de la comunidad indígena.
El próximo domingo, el comisariado de Ayotitlán celebrará una asamblea para discutir sobre supuestos ofrecimientos que la compañía minera y el gobierno estatal les harán para resolver el conflicto.
Es un hecho que cualquier propuesta, pasará por el desistimiento del amparo 462/2013 con el cual los ejidatarios con asesoría de Idea, lograron congelar la concesión de las minas, suspensión de licencias ambientales y el funcionamiento mismo de la empresa en la región…
Por estos días se promociona la película “Los 33”, que narra el rescate de los mineros sepultados en Chile durante 69 días. Irónicamente, los 33 de Ayotitlán son indígenas nahuas atrapados también durante décadas pero por una compañía minera que extrae la riqueza de sus tierras.
El número 34 en esta historia es el abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, atrapado a su vez por retorcidas maniobras de autoridades que utilizan la ley para perforar voluntades y convertirla en arma de revancha y de presión.
