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Envuelto en una gran polémica, el ex gobernador Emilio González Márquez es motivo de una amplia investigación sobre el manejo que hizo a los recursos estatales.
Ocurrente, dicharachero e impredecible, Emilio González Márquez gobernó Jalisco como si se tratara de un circo de varias pistas.
Por una parte abría enfrentamientos con empresarios y luego los premiaba con generosos recursos entregados a fondo perdido. Un día se peleaba con el PRI y en otras ocasiones pactaba para sacar adelante proyectos políticos.
Confrontó al congreso por su dispendio, pero al mismo tiempo entregó decenas de millones de pesos en tiempos electorales.
Dadivoso con la iglesia, se ganó a pulso el mote del “gober piadoso” que los medios del Distrito Federal le endilgaron a partir del donativo que hiciera al banco diocesano de alimentos administrado por el arzobispado tapatío por varios millones de pesos que aderezó con la famosa mentada.
Pues el oprobio se regresa ahora al mandatario al estar envuelto en la polémica por el manejo irregular de los recursos en su administración.
Tanto a nivel federal como local, las auditorías han arrojado dudas en el manejo de más de trece mil millones de pesos.
Hay por lo menos una docena de denuncias presentadas ya y varios ex colaboradores del ex mandatario panista son sujetos a proceso por el desaseado uso de los recursos públicos.
Las irregularidades
La Auditoría Superior de la Federación determinó que el ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, debe regresar 8 mil 200 millones de pesos que se manejaron en forma irregular durante cinco, de sus seis años de gobierno.
Esta cantidad de miles de millones de pesos, sólo se refiere a recursos ordinarios que llegaron a Jalisco directamente de la Federación, entre 2007 y 2011, pero a Emilio González Márquez le han señalado irregularidades en el manejo de los recursos propios de Jalisco, así como en los extraordinarios, aparte del enorme escándalo por las atrocidades cometidas a pretexto de los Juegos Panamericanos.
Una revisión de su último año de gobierno, llevada a cabo por la Auditoria estatal, le encontró irregularidades por otros 5 mil 300 millones de pesos.
Las arbitrariedades estuvieron a la orden del día. El cálculo más serio es que Emilio González Márquez se gastó, en forma discrecional la cantidad de 74 mil millones de pesos. Por lo que estos 8 mil 200 millones que le encuentra la Auditoria Superior de la Federación, apenas serían la punta del iceberg.
El hecho es que donde se fijan, salta la podredumbre. Se solicitó auditoría a la “Ciudad Judicial”, dadas las irregularidades tan evidentes, como para que el presidente del Supremo Tribunal llamara a esa obra: “El Robo del Siglo”, así sin mencionar ladrones. Pero de inmediato Herbert Taylor Arthur se puso el saco y declaró contra el magistrado, con el argumento de que estaba prejuzgando.
Pero resulta que en los mismos terrenos se construyeron, en forma simultánea, la “Ciudad Judicial Federal” y la “Ciudad Judicial de Jalisco”. La federal la entregaron en tiempo y costo, amueblada; mientras la de Jalisco, lleva el triple de su costo original, no está amueblada, le falta todo un piso destinado a los juicios orales y ya le detectan fallas graves, como en el clima artificial, con evidentes signos de la corrupción que caracterizó al llamado “Sexenio de la Podredumbre”.
Para colmo, en la “Ciudad Judicial de Jalisco”, una de las empresas beneficiadas por Emilio González Márquez, fue la de “Grupo Nova”, cuyo apoderado legal es Aarón González Márquez, su hermano. Empresa que también aparece beneficiándose en la otra gran podredumbre, literal, de las “Villas Panamericanas”, donde Hebrert y Emilio jalaron hasta recursos de los trabajadores, a través de Pensiones del Estado.
La Ciudad Judicial
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ) Luis Carlos Vega Pámanes, indicó que el cambio de sede será parte de un proceso de renovación del Poder Judicial del Estado el que se pronostica tolerancia cero a la corrupción en los juzgados.
Tanto el gobernador como el magistrado presidente del Poder Judicial coincidieron en la necesidad de revisar el costo de cerca de mil millones del incompleto edificio heredado por el exgobernador, Emilio González, y el expresidente del STJJ, Celso Rodríguez. Por ningún lado se ve la inversión millonaria en los contratos que se dividieron en 57 empresas, según cifras del Consejo de la Judicatura.
Adjudicaciones a la empresa Grupo Nova, de la que Édgar Aarón González Márquez (hermano de Emilio) era apoderado legal, y con otras que, al igual que ésta, participaron en la fallida Villa Panamericana, como Organización Korko y RRG Instalaciones y Construcciones Especializadas.
El Consejo de la Judicatura del Estado tenía detectados los costos excesivos en el pago de servicios como el “proyecto ejecutivo”, que costó 21 millones de pesos, y en cambio en la Ciudad Judicial Federal solo se pagaron alrededor de 30 mil pesos.
Las denuncias
Hay 15 investigaciones abiertas en la Contraloría del Estado, según el titular de esa dependencia, Juan José Bañuelos Guardado.
El contralor se muestra reacio a hablar puntualmente de cada caso. Debe ser cuidadoso y no «poner en alerta» a quienes podrían ser denunciados penalmente por haberse involucrado en algún delito.
Pero anticipa que habrá extremo cuidado para evitar que las investigaciones «se queden».
Se le preguntó por la investigación que armó la Contraloría sobre el presunto desvio de 50 millones de pesos enIprovipe, y la reciente detención y libertad del ex titular, Jorge Sánchez Martínez.
Pero la respuesta a ello, responde, está en manos de la Fiscalía del Estado. «Por respeto a la función de cada parte que interviene en el caso, no puedo dar una».
Pero sí defiende el trabajo que se hizo desde el edificio de la Avenida Vallarta:
«No me preocupa porque tengo plena confianza en la capacidad jurídica de los fiscales. Están actuando bien».
También tocó el tema de Capece (Consejo Administrativo para la Construcción de Escuelas) y su ex titular Salvador Uribe Avín (sobre quien pesan acusaciones de peculado, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito), de quien se refirió como «el personaje».
«Hay una orden de aprehensión que no se ha podido ejecutar porque el personaje está amparado».
Reconoce que no es el único funcionario que ha recurrido a ese «blindaje» legal, por lo que Contraloría debe actuar «con un profundo respeto a las disposiciones jurídicas vigentes».
Bañuelos Guardado pretende revisar las cuentas de las secretarías de Desarrollo Humano, de Salud, Desarrollo Rural y, de manera muy particular, el Consejo Estatal de Fomento Deportivo (Code).
En este último organismo, responsable de la organización de los XVI Juegos Panamericanos y hasta hace unos días a cargo de Carlos Andrade Garín, se hicieron erogaciones escandalosas en instalaciones deportivas y equipos onerosos sin cumplir la ley en materia de adquisiciones. Otro tanto se hizo en contratación de personal y compra de bienes y servicios sin justificación alguna.
La suma del presunto quebranto puede alcanzar cientos de millones de pesos, según se desprende de los análisis realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por el ayuntamiento tapatío al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos en Guadalajara.
En el caso de la Secretaría de Salud, una auditoría federal puso al descubierto un enorme fraude en la operación del Seguro Popular; se incurrió en suplantación de identidad y simulación de actos para hacer cobros de intervenciones quirúrgicas supuestamente practicadas en un hospital privado, pero que en realidad no se hicieron o bien se efectuaron en nosocomios del sistema de salud pública. Las investigaciones siguen en curso. La revisión estima que las irregularidades rebasan los mil millones de pesos.
La Secretaría de Desarrollo Humano también ha sido señalada principalmente por el PRI, durante las campañas del año pasado, como origen de grandes recursos canalizados con fines políticos. Además, el nuevo titular de esa dependencia, Salvador Rizo, informó que, al cotejar una muestra de más de 236 beneficiarios de programas sociales registrados, se detectó que cerca de la mitad no existen.
El secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, afirmó que de los 732 millones de pesos que esta dependencia tiene asignados para este año en la partida de aportaciones, únicamente recibió 552 millones, es decir, existe un faltante de 180 millones de pesos.
En la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) la Contraloría deberá averiguar qué pasó con la compra irregular de maquinaria china obsoleta e inservible. En tanto, en el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (Capece) también se cometió una serie de graves irregularidades y posibles desvíos de millones de pesos, según denuncias de los socios afiliados a la delegación estatal de la Cámara de la Industria de la Construcción, publicadas en distintas ediciones del diario Milenio Jalisco en febrero pasado. Los contratistas dicen tener pruebas de que, contra la ley, la asignación de obras se hizo en forma directa e incluso amañada.
