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El reciente veto del director de la Cuenca Lerma, Santiago, Pacífico, José Elías Chedid Abraham contra investigadores de la Universidad de Guadalajara, no es el primer episodio polémico que protagoniza el funcionario federal convertido en ave de tempestades.
Previo a la conformación del Observatorio Ciudadano del Agua, Chedid sostuvo reuniones hace más de un año y medio con directivos e investigadores de la U de G a quienes trató con prepotencia y a quienes les pretendió entregar tres camionetas supuestamente cargadas con documentos sobre el proyecto de la presa El Zapotillo, pero pidió a cambio que nadie de la universidad hablara del tema sin consultarlo.
Al crecer el malestar en la región de los Altos por los avances de la construcción de la presa, académicos, productores, miembros del clero y organizaciones ciudadanas, dieron paso a la conformación del citado observatorio que a la fecha ha emitido 58 recomendaciones mismas que han sido olímpicamente ignoradas.
En octubre de 2014, el observatorio sostiene otra reunión con el gobernador con quien acuerda mantener el diálogo y reunirse de nuevo en diciembre y enero. En el encuentro, miembros del organismo ciudadano del agua le piden a Chedid Abraham una serie de documentos sobre el proyecto de El Zapotillo y éste responde: “Para qué se los doy si no entienden nada”.
Semanas después en una reunión celebrada en Aguascalientes, Chedid habló muy mal de la Universidad de Guadalajara y sus investigadores. La versión fluyó muy rápido y pronto llegó a Guadalajara.
En agosto de 2014, el delegado de Conagua fue exhibido tras revelarse un oficio que prueba que durante al menos seis meses ocultó el dictamen del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas que señalaba que inundar el poblado de Temacapulín era inevitable.
José Elías Chedid habría ocultado el resolutivo del comité técnico BOO.05.02.01-1490 de fecha 13 de octubre de 2013 donde señalaba que la mejor opción era construir la cortina de la presa a 105 metros de altura. Pese a tener el documento en su poder, el funcionario declaró en diciembre que respetarían la altura de la cortina de la presa en 80 metros como determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que había que esperar el dictamen para fijar una postura oficial.
Sin embargo, fue hasta el 10 de abril de 2014 cuando Chedid informa del citado documento del órgano técnico de la Conagua. Durante casi seis meses ocultó que el diagnóstico ya estaba listo y permitió que siguieran los trabajos de la construcción de la presa y hasta las mesas de diálogo de integrantes del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo con el gobierno estatal.
El tres de septiembre pasado en la Casa Ejidal de Cajititlán, Chedid sacó del orden del día la presentación de un estudio de investigadores de la Universidad de Guadalajara sobre la contaminación de la laguna, lo que fue calificado por las autoridades universitarias como un acto “faccioso y excluyente”, además que no era la primera ocasión que intentaba ridiculizar el trabajo académico.
Mediante un desplegado, la U de G pidió la intervención de las autoridades centrales de la CONAGUA y hasta del propio gobernador, para que valoren la permanencia del delegado en Jalisco.
Sin embargo, muy pocos saben que el polémico Chedid que hoy veta a los universitarios, en su momento pretendió aliarse con la Universidad de Guadalajara y hacer a un lado al Gobierno del Estado.
Sucedió a principios del 2015 en una reunión a la que acudieron el rector general, el vicerrector y otros investigadores, a quienes planteó realizar mesas de trabajo… pero esta vez sin la participación del gobierno estatal.
